El desmantelamiento de las Unidades de Policía Pacificadora en Río de Janeiro por falta de recursos ha generado más inseguridad. Lejos de sosegar las favelas, el envío de tropas del Ejército incrementó la violencia y la criminalidad

Brasilia, Brasil. La intervención y ocupación militar de áreas pobres en Brasil, como es el caso de las favelas de Río de Janeiro, es un remedio que ya fue experimentado y que no dio resultado.

Así lo afirma, con convicción, el doctor en ciencias políticas y delegado de la Policía Civil Orlando Zaccone, para quien la escalada de violencia en la urbe carioca tiene su origen en la crisis política y económica que golpea a ese Estado y en el consecuente desmantelamiento de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) establecidas en 2008.

Estadísticas de la Policía Civil amplificadas por la revista Carta Capital revelan que, como consecuencia de balas perdidas en enfrentamientos entre efectivos de las fuerzas de seguridad y presuntos delincuentes en Río de Janeiro, más de 630 personas fueron heridas en el primer semestre del año y al menos 67 de ellas murieron.

Mientras, el número de muertos dejado por la oposición a la intervención policial (antes denominado auto de resistencia) entre enero y mayo últimos llegó a la cifra récord de 480, un incremento de 48 por ciento respecto al mismo periodo de 2016.

La “pacificación” en Brasil es siempre sinónimo de uso de la fuerza en relación a cualquier persona que se rebele contra el modelo político-jurídico del país, dijo Zaccone a la publicación y recordó que ese patrón es gestado por las oligarquías. La derecha, sostuvo, siempre pautó su discurso político en la seguridad.

“Aquello que nosotros llamamos política de seguridad es, para quien vive en la favela, una política de pánico, de exterminio, de destrucción”. Son operaciones que no están realmente enfocadas a una acción efectiva contra el tráfico de drogas, señaló.

Por otro lado, explicó, esa que pudiera definirse como “una política criminal con derramamiento de sangre” es también una forma de desviar la atención sobre otros temas y de ocultar igualmente la negligencia del poder público, omiso en la aplicación de políticas que podrían contribuir a lograr alguna transformación del ambiente social.

Los noticiarios –dijo– están casi todos dedicados al tema de la seguridad, ya sea por la guerra entre pandillas de narcotraficantes, la letalidad provocada por las acciones policiales, o una pelea entre hinchas del futbol en los estadios.

De ese modo, lo que discute la gente es dónde colocar un muro contra los tiros de fusil y las balas perdidas en las escuelas y no si ese mismo plantel tiene profesor, si se imparte una enseñanza de calidad, si las personas consiguen matricular a sus hijos allí o si por el contrario faltan plazas, lamentó antes de remarcar que “la seguridad no genera transformación social”.

Inversiones que nunca llegaron

En una entrevista concedida a la BBC Brasil a propósito de la ocupación militar de La Rocinha, en Río de Janeiro, el periodista británico Misha Glenny, especialista en temas del crimen organizado, aseveró que el Estado “está cediendo a los traficantes el monopolio de la violencia en la favela”.

Glenny respondió de ese modo a una pregunta sobre el hecho que imágenes mostradas por la televisión dejaron al descubierto a efectivos de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) instalada allí escondiéndose para evitar la confrontación con los delincuentes.

Las UPP ya no existen más a no ser de nombre, aseveró el autor del libro El dueño del morro: un hombre y la batalla por Río, referido al traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, alias Nem, a quien pese a estar preso se le atribuye el estallido del reciente brote de violencia en La Rocinha.

Glenny aludió al surgimiento de las UPP policiales durante el gobierno de Sergio Cabral (hoy preso y condenado a 45 años de cárcel por reiterados actos de corrupción), pero lamentó que la segunda parte del proyecto, las llamadas UPP sociales nunca fueron creadas.

Con las Unidades Pacificadoras el gobierno tendría a la policía en las favelas y a partir de ahí incrementaría la inversión social en las comunidades. Pero esa inversión nunca ocurrió y eso llevó al Estado a perder aún más credibilidad en esas comunidades, dijo.

Río, concluyó, sufre una crisis política y económica severa; no tiene recursos para garantizar la seguridad y la ayuda federal, manifiesta en el envío de tropas del Ejército, no tuvo hasta ahora ningún impacto en la disminución de la criminalidad.

Y, por si fuera poco, la comunicación entre los mandos militares y policiales “es atroz”. No hay una estrategia de seguridad integrada, opinó.

En un reciente comentario publicado en el periódico Brasil de Fato, el diputado y líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Asamblea Legislativa de Río, Gilberto Palmares, advirtió que allí se vive “un ciclo interminable en el que las fuerzas de seguridad abandonan la inteligencia y optan por la confrontación, por las grandes operaciones mediáticas que alimentan los programas policiales”.

Río de Janeiro viene sustituyendo la pacificación por la guerrilla, señaló antes de apuntar que por cada voz que se alza criticando la violencia de la policía en las comunidades, surgen innumerables acusándolas de protección a los criminales.

Tal vez sea hora de abandonar esta polémica sin fin y percibir que todos los que viven en Río pierden con la política de seguridad adoptada, “porque el camino que estamos siguiendo ciertamente no es el que nos llevará a la paz que tanto necesitamos y merecemos”, insistió.

La Rocinha, ¿otro capitulo que se cierra?

Después de 12 días de ocupación, casi 1 millar de efectivos del Ejército brasileño comenzaron a abandonar el 29 de septiembre La Rocinha, la mayor favela carioca y de Latinoamérica y donde la rivalidad entre dos facciones por el control del tráfico de drogas provocó un estallido de la violencia y sembró el pánico entre sus moradores.

Según la evaluación del ministro de Defensa, Raúl Jungmann, la situación ya está estabilizada y cesaron las confrontaciones, pues “los bandidos que estaban allí consiguieron pasar para otras comunidades próximas”.

Mas, si hubiera necesidad de que los militares retornaran a La Rocinha, en caso que la situación vuelva a agravarse, hay un acuerdo establecido con el gobierno estadual para analizar el pedido con rapidez, consoló.

Jungmann encomió el trabajo hecho desde la llegada de las Fuerzas Armadas y que en su opinión concluyó “con resultados comprobados” y sin la ocurrencia de víctimas.

Obvió, sin embargo, hacer mención a las denuncias de la Asociación de Vecinos de La Rocinha, cuyo presidente Carlos Eduardo Barbosa criticó las arbitrariedades presuntamente cometidas por agentes de la seguridad durante las acciones desplegadas allí.

“Las casas están siendo invadidas, las puertas quebradas, los bienes robados. Esto es una vergüenza. El gobierno no mandó para acá ninguna institución de asistencia social, ni de derechos humanos. La gente está a merced (de las fuerzas de ocupación)”, declaró Barbosa a la prensa en plena efervescencia de la operación.

El dirigente comunal pidió que se dijera la verdad y sostuvo que no existe guerra alguna en La Rocinha y que la presencia de los militares allí no justifica el gasto de uno o dos millones de reales por día, una suma –recalcó– que bien podía estar siendo invertida en la propia comunidad, pero en salud y educación.

Moisés Pérez Mok/Prensa Latina

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Contralínea 560 / del 09 al 15 de Octubre de 2017