Decenas de mujeres son violadas por las fuerzas beligerantes en Colombia. La Organización de las Naciones Unidas atribuye el 75 por ciento de los ataques a los grupos paramilitares. Mientras, la Corte Constitucional colombiana atribuye el 19.5 por ciento a fuerzas oficiales y el 8.5 de los casos a la guerrilla. Amnistía Internacional demanda la intervención de la Corte Penal Internacional
Constanza Vieira/IPS-Voces de la Tierra
Bogotá, Colombia. “¿Otra? ¿Otra violada?”, le dijeron a Mari en la Fiscalía General de la Nación cuando fue a presentar una denuncia. “Me quedé como paralizada”, relató, después, a defensores de derechos humanos. Se puso de pie y dijo: “Gracias, otro día vuelvo”.
Esa fue la experiencia de Mari (nombre ficticio) en diciembre de 2010, cuando por fin se atrevió a acudir a la justicia para denunciar que fue ultrajada sexualmente en 2001 por paramilitares de ultraderecha.
Esta líder comunitaria del departamento occidental del Valle se definió así en febrero pasado ante la organización humanitaria Amnistía Internacional: “Soy desplazada; soy una violada amenazada; he perdido a un hijo”. Su cuestionamiento a la justicia colombiana no deja resquicios.
El informe que Amnistía Internacional presentó el 21 de septiembre pasado, en Bogotá, contiene éste y otros testimonios de víctimas; detalla los engaños de la justicia nacional; emite recomendaciones y pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que le ponga fecha a su intervención en el país andino.
No por nada el informe titulado Eso es lo que nosotras exigimos: que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia se inscribe en la campaña de Amnistía, “A favor de la justicia internacional”.
“A pesar de las incontables iniciativas, leyes, políticas, mecanismos, decretos y protocolos, el Estado colombiano sigue sin proteger a las sobrevivientes efectivamente y sin garantizar que se respete su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, dice Amnistía Internacional. Lo que habla de una “inacción endémica”, atribuible a la “falta de voluntad política de sucesivos gobiernos” para ir a las causas de la impunidad en las violaciones de los derechos humanos, “especialmente de la violencia sexual”.
La guerra interna colombiana surgió en 1946. Desde 1964, guerrillas de izquierda se enfrentan con las fuerzas de seguridad del Estado. En 1977 reaparecieron grupos paramilitares de ultraderecha que actualmente el gobierno llama “bandas criminales”. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, estos paramilitares cometen el 75 por ciento de los crímenes perpetrados en la guerra civil de este país andino.
En ese marco, se estima que integrantes de la guerrilla fueron autores de 8.5 por ciento de los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en 2008, la fuerza pública sería responsable de 19.4 por ciento y los paramilitares de 45.8 por ciento.
La proporción restante en esa limitada muestra se reparte en 4.5 por ciento a cargo de grupos armados no identificados; 4 por ciento por la delincuencia común; 1.5 por un familiar; y en el resto no se pudo determinar la autoría.
En 2010, la justicia dictaminó en cinco de estos procesos, cuatro de los cuales no estaban relacionados con la guerra. En el único caso vinculado a ésta, y resuelto, el paramilitar acusado fue absuelto, aunque el fallo fue apelado. Otras 140 violaciones están en fase preliminar y no se han identificado a los autores.
En territorios con predominio de fuerzas del Estado y del paramilitarismo –que corresponden a las zonas del país con mayor concentración de población y de riqueza– ocurre frecuentemente una particularidad. Si las mujeres denuncian ante las autoridades que han sido violadas, llueven rápidamente amenazas de muerte.
Leidi (nombre ficticio) fue violada por paramilitares en 2001 en el departamento de Santander, al Noreste. Tenía 17 años. Su primer intento de denunciar judicialmente se truncó por intimidaciones. Huyó a Bogotá. Ya ahí, “cuando fui y averigüé cómo denunciar, a los dos días mi mamá recibió amenazas. La llamaron por teléfono y le dijeron que dejáramos eso quieto”, expresó en su testimonio ante integrantes de Amnistía Internacional. “¿Cómo es que averiguan todo? ¿Cómo es que saben tanto?”, se pregunta. “Lo que a mí me da rabia es que cuando uno trata de hacer algo, de una vez [llegan] las amenazas. No hay quién lo proteja a uno”.
Como resultado, de acuerdo con una encuesta de la organización civil Oxford Commitee for Famine Relief (Oxfam) y el centro feminista colombiano Casa de la Mujer, 82.1 por ciento de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto armado interno se abstuvieron de acudir a la justicia. Aún más: el Instituto Nacional de Medicina Legal clasificó como casos “sociopolíticos” apenas 0.62 por ciento del total de exámenes que adelantó en 2009 sobre presunta violencia sexual.
La violación de mujeres siembra el terror en las comunidades y genera desplazamientos forzados de los hogares y el robo de tierras. Para el exministro Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hasta 8 millones de hectáreas habrían sido despojadas de sus legítimos ocupantes durante la guerra.
A contrapelo de las disposiciones de la Corte Constitucional, los tribunales no están viendo en la práctica el conjunto y no tipifican los casos de acuerdo con la normativa internacional que rige en Colombia, son algunas de las observaciones del informe de Amnistía Internacional.
Inter Press Service consulta en Bogotá a Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.
—¿Qué es la campaña “A favor de la justicia internacional”?
—Es una campaña mundial para poner fin a todos los casos considerados como crímenes internacionales de derechos humanos, incluida la violencia sexual en el marco del conflicto.
—El informe insiste en que la justicia colombiana juzga las violaciones sexuales en la guerra como delitos comunes y casos aislados. ¿Amnistía considera que hay elementos para hablar de crimen de lesa humanidad, es decir, de un ataque generalizado o sistemático y a sabiendas de que éste se está llevando a cabo?
—Sin duda. Tal como lo afirman la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la práctica de la violencia sexual en el contexto del conflicto es sistemática y, así, es un crimen internacional que se tipifica como de guerra y/o de lesa humanidad.
—¿En qué fecha podría darse la intervención de la Corte Penal Internacional?
—Eso es algo que hay que preguntarle a ésta. El caso de Colombia está siendo considerado por la Corte Penal Internacional.
