Cientos de miles de jornaleros argentinos viven como servidumbre acasillada en los campos de agrotrasnacionales. Pernoctan en galeras y cubren jornadas de entre 10 y 14 horas. Trabajan para empresas en bonanza: en un año, cosecharon más de 100 millones de toneladas

Marcela Valente / IPS-Voces de la Tierra

Buenos Aires, Argentina. Hacinados en precarios habitáculos o bajo techos de plástico, sin luz ni agua potable tras jornadas laborales de 14 horas, así sobreviven cientos de miles de trabajadores rurales en Argentina pese a cosechas y ganancias extraordinarias.

“No tienen otra alternativa que emplearse bajo estas condiciones”, dice a IPS Reynaldo Ledesma, referente de la Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano, de la provincia Norcentral de Santiago del Estero.

La persistente explotación del trabajador rural coincide con la multiplicación en Argentina de establecimientos rurales cada vez mayores, cosechas de casi 100 millones de toneladas y una superficie sembrada de más de 30 millones de hectáreas, 11 por ciento de la extensión total del país.

Santiago del Estero, cuya capital homónima se ubica a 1 mil 150 kilómetros al Noroeste de Buenos Aires, es una de las principales emisoras de trabajadores rurales temporarios para desmalezar, fumigar manualmente, desflorar maíz o cosechar, entre otras actividades.

Casi la totalidad de los integrantes de la Unión realizan estas actividades para sobrevivir, asegura Ledesma, quien define las condiciones de contratación de sus compañeros como de “servidumbre”.

El fenómeno de los llamados trabajadores “golondrina” tiene siglos en Argentina. No obstante, en los últimos años adquirió nuevas modalidades con empresas gestoras de recursos humanos que operan como intermediarias de las grandes trasnacionales del sector.

Estos reclutadores les ofrecen un contrato con un monto fijo, pero luego condicionan el total del pago a un puntaje acumulado por rendimiento que se le adjudica arbitrariamente al grupo completo según su desempeño.

“Toda la cuadrilla tiene que trabajar entre 10 y 14 horas por día de lunes a lunes, con lluvia y sin quejas, porque si protestan les descuentan puntos a todos”, asegura Ledesma.

Además, los contratistas les restan “gastos” de transporte, ropa y herramientas de trabajo y alimentación a cotizaciones superiores a las de mercado para esos productos.

Ledesma señaló que es difícil la representación gremial de este sector porque se trata de trabajadores organizados en los lugares de origen, pero muy dispersos en sus destinos laborales.

Las peores actividades son la cosecha de papa, de espárragos, de arándanos y de aceituna, dice. También el “destronque”, la tarea de quitar raíces con picos, palas o las manos luego de que la topadora arrasa con un monte para cultivar.

“Duermen en el piso bajo techos de plástico”, remarca. La mayoría de las veces sin agua potable, luz eléctrica o sanitarios, y en algunos sectores, sin permiso para salir de la instalación, bajo amenaza de perder puntos si lo hacen.

Ésas eran las características de la mayoría de campamentos detectados por organismos del Estado en los últimos meses en diversas provincias. Entre los implicados en estas prácticas, está la productora y exportadora agrícola Nidera Argentina, parte de un conglomerado en 22 países con sede en Suiza.

Los trabajadores dormían a la intemperie o hacinados en galpones junto a bidones de pesticidas.

Pero la trasnacional líder en el negocio de semillas y exportadora de cereales y oleaginosas además de productora de herbicidas no es la única. También se acusa de explotación laboral a las argentinas Southern Seeds Production y Status Ager, y a las administradoras de recursos humanos Manpower (Estados Unidos) y Addeco (Suiza).

“Las mismas empresas que desplazan a campesinos e indígenas de sus tierras para avanzar con el monocultivo son las que después los emplean como trabajadores esclavos”, denuncia Ledesma.

Según datos del Ministerio de Trabajo, 50 por ciento de los trabajadores rurales no está registrado en la seguridad social. Dentro de ese universo de ilegalidad, la precarización es extrema entre los migrantes internos o trabajadores “golondrina”.

Estos trabajadores vienen de las provincias del Norte, principalmente Santiago del Estero y Tucumán, y también de Bolivia, para ocuparse como temporeros en provincias como Sante Fe, Misiones, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Río Negro, entre otras.

Entre los registrados, la situación no es mucho mejor. La gran mayoría recibe ingresos por debajo del salario mínimo, según el informe Rentabilidad, empleo y condiciones de trabajo en el sector agropecuario, difundido en febrero.

El estudio del no gubernamental Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) señala que, en la última década, el sector agropecuario tuvo “niveles de rentabilidad extraordinariamente elevados en términos históricos”.

No sólo subieron los precios agrícolas internacionales, sino que, contabilizado en dólares, se redujo el costo de producción y se multiplicó por 4.5 veces el valor de la tierra en las áreas más fértiles de la llanura central y norteña del país, detallan los autores.

El estudio destaca que durante el periodo 2002-2010, el sector agrícola primario aportó 8.7 por ciento del producto interno bruto, y el sector industrial vinculado directamente al agro, otro 6.4 por ciento.

Pese a ello, el informe advierte que la creación de empleos fue “poco significativa” en ese mismo periodo debido a la mayor tecnificación, y alerta sobre los “niveles elevados” de trabajadores no registrados o informales.

En este país de 40 millones de habitantes, 92 por ciento urbana, con una población económicamente activa de unos 17.8 millones de personas, los trabajadores rurales permanentes o transitorios suman 1 millón, según datos oficiales que sindicatos del sector elevan a 1.5 millones.

La economista de CIFRA Mariana González señala a IPS que los trabajadores agrarios esclavizados no laboran para empresas pequeñas, sino para trasnacionales con ganancias extraordinarias.

“El empleo no registrado es muy habitual en este sector. En parte es porque hay dificultades de fiscalización debido a las grandes extensiones y zonas aisladas, pero también hay una naturalización del problema”, advierte.

Según González, en la economía general, el empleo informal –denominado “negro” en Argentina– está reduciéndose en general y también en el campo. Pero en este último sector, el atraso aún es grande.

El informe de CIFRA revela que mientras el empleo no registrado en la economía en general es de 36.5 por ciento, en el sector agropecuario es de 60 por ciento, con sectores donde la proporción sube a 94 por ciento.

El sociólogo Guillermo Neiman, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, asegura a IPS que el trabajo temporal en condiciones precarias es tradicional desde hace mucho tiempo en Argentina.

La fiscalización es difícil no sólo por las distancias y la dispersión. “En el campo, cuando llega un inspector, es más fácil ocultar a un trabajador que en una fábrica o un establecimiento cerrado”, ejemplifica.

Remarca que, en los últimos meses, el problema está teniendo mayor visibilidad y los mismos trabajadores –muchos de ellos jóvenes provenientes de ciudades y no solo de los pueblos– se animan a denunciarlo.

Neiman, especialista en empleo rural, destaca además la voluntad de mejorar la fiscalización por parte del gobierno y la mayor determinación de la justicia que está avanzando ante denuncias de trata y servidumbre rural.

La presidenta Cristina Fernández admitió en febrero que hay “trabajo ilegal y esclavo en condiciones infrahumanas” en Argentina, al lanzar el programa Trabajo Registrado Digital. Control en Tiempo Real.

Mediante el programa, el Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos ?el organismo recaudador argentino? monitorean establecimientos urbanos y rurales con computadoras portátiles y conexión inalámbrica que permiten llegar a zonas remotas y comprobar si el trabajo es ilegal en el momento.

Pero la tarea recién comienza. “Se trata de un comportamiento muy difundido en todas las empresas. Algunas tienen hasta 400 trabajadores durante tres meses en esta situación”, revela Neiman.

Fuente: Contralínea 234 / 22 de mayo de 2011