Río de Janeiro, Brasil. La corrupción es inherente al sistema político nacional, permite concluir la abrumadora oleada de denuncias que empezó a trascender de la colaboración judicial de Odebrecht, conglomerado empresarial encabezado por la mayor constructora de Brasil.
Pero es una conclusión sesgada, que diluye responsabilidades personales y favorece la impunidad. Tanto políticos que recibieron sobornos como los empresarios que las ofrecieron se dijeron forzados por las reglas del juego, unos para suplir desventajas electorales, otros como única vía para obtener contratos públicos.
Setenta y siete dirigentes y exdirigentes de Odebrecht aceptaron revelar lo que saben de la delictuosa relación que mantuvieron con los políticos en los 10 últimos años, por lo menos. Se estima que unos 200 parlamentarios y gobernantes están en su lista de “beneficiarios”.
“Una corrupción implacable siempre estuvo presente en la historia de Brasil, desde su origen colonial. Lo que pasa ahora es que se destapó el calderón, el choque de por primera vez enjuiciar a gente de poder”, resumió Roberto Livianu, promotor de la justicia del estado de São Paulo y presidente del Instituto No Acepto Corrupción.
El destape se debe a la operación Lava Jato, iniciado en marzo de 2014 por una investigación del Ministerio Público Federal (fiscalía general) y la Policía Federal sobre operaciones ilegales de cambio de un grupo que usaba como fachada a una red de gasolineras con autolavado de vehículos, motivo del nombre.
La operación creció al identificar la desviación de abultadas sumas de los grandes proyectos del grupo petrolero estatal Petrobras, a través de la complicidad entre directores de esa petrolera, políticos y empresas que conquistaron grandes negocios públicos.
Miles de millones de dólares artillaron las campañas electorales de los grandes y medianos partidos para eternizarlos en el gobierno, consagraron coaliciones y persuadieron a parlamentarios para aprobar leyes y enmiendas de interés de las empresas donantes.
Esa fisiología del sistema político se desnudó por la colaboración, llamada “delación premiada” por rendir reducción de penas, de decenas de involucrados, multiplicados desde diciembre por la adhesión, de un solo golpe de los 77 de Odebrecht.
La operación Lava Jato descarriló ese tren. “Es la luz en el fin del túnel, instituye un nuevo paradigma de investigaciones con el trabajo integrado de varios órganos en fuerzas-tarea”, celebró Livianu, reconociendo sin embargo muchos desafíos por delante, para un combate efectivo a la corrupción.
“El gran obstáculo es el foro privilegiado”, destacó a IPS, refiriéndose a la prerrogativa de muchas autoridades de ser investigadas y juzgadas exclusivamente por tribunales superiores.
“Sin ese foro ya estarían presos hoy los senadores Renán Calheiros, Edson Lobão y Romero Jucá”, ejemplificó. Los tres fueron ministros en gobiernos anteriores y siguen con importantes funciones de liderazgo en el Parlamento, aunque respondan a decenas de procesos por corrupción, demorados en el Supremo Tribunal Federal (STF).
Son más de 50 mil miembros del Parlamento, del gobierno y el Poder Judicial beneficiados por “ese resquicio monárquico único en el planeta, anacrónico e insustentable”, a ser abolido con urgencia, según el fiscal.
Es necesario también una reforma política para corregir “el alejamiento entre representantes y representados y un Congreso que legisla en causa propia y no para el bien común, sin respetar la sociedad”, acotó.
El Instituto No Acepto Corrupción, asociación “apartidista” fundada en 2015 por ciudadanos de variadas formaciones en São Paulo, busca acumular conocimiento y fomentar buenas prácticas “para derrumbar la cultura de la corrupción”.
“La corrupción siempre existió en Brasil”, concuerda João Pedro Stédile, economista y uno de los coordinadores del izquierdista Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Pero esa realidad histórica, en su visión, se debe a “una parte de la clase dominante que siempre se apropió de recursos públicos para sus familias y empresas, además de evadir impuestos y disfrutar de créditos en los bancos oficiales y que luego dejan de pagar”.
Las grandes empresas deben a la previsión social más de 420 mil millones de reales (más de 13 mil millones de dólares)”, ejemplificó en su diálogo con IPS.
“El drama de los últimos 10 años, en todo el mundo como denunció el papa Francisco, es que las empresas secuestraron la democracia y financian la elección de sus candidatos. En las últimas elecciones de Brasil gastaron 6 mil millones de reales (1 mil 900 millones de dólares) en donaciones legales”, sin contar las ocultas, apuntó.
“De eso resultó muchos gobernadores y amplia mayoría parlamentaria netamente conservadores, a servicio de los intereses del capital”, sostuvo.
Por ello, según él, enjuiciar corruptos, en un intento de encarcelarlos, nada resuelve, aunque sea positivo.
“La solución sería una reforma política profunda, que devuelva al pueblo el derecho de elegir sus verdaderos representantes, sin influencia del poder económico. El actual Congreso legislativo, corrupto, no hará esa reforma”, reconoció Stédile, pregonando la movilización popular para reclamar una Asamblea Constituyente.
“Esa movilización aún no ocurre porque el pueblo, atónito, escucha diariamente denuncias sobre corrupción en la televisión, sin reaccionar”, lamentó a IPS.
La fuerte repercusión de Lava Jato acentúa la dimensión política de la corrupción y visiones partidarias. Fue bandera de la derecha en la movilización por destituir la ahora expresidenta Dilma Rousseff en 2016, aunque ella no esté involucrada en los escándalos, pero sí dirigentes de su izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), moralista en sus orígenes.
A la izquierda le interesa debilitar la operación, que tiene como uno de sus principales blancos al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2007), esperanza de vuelta del PT al poder como virtual candidato presidencial en las elecciones de 2018, si una condena judicial no lo hace inelegible.
Pero los blancos más numerosos y poderosos son hoy los parlamentarios de la coalición gobernante, los 20 partidos que apoyan al presidente conservador Michel Temer, especialmente el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), con ministros y varios senadores bajo investigación o ya enjuiciados.
Ese cuadro generó una confrontación entre los poderes Judicial y Legislativo. La decisión del STF, el 7 de marzo, de enjuiciar al senador Valdir Raupp, del PMDB, por sospecha de lavado de 500 mil reales (156 mil dólares) donados por una constructora, agravó el conflicto.
La donación, registrada en el tribunal electoral, es legal para los parlamentarios. Pero el STF reconoció indicios de que se trata de dinero desviado de contratos con Petrobras.
Esa “exageración” aceleró iniciativas del Senado y la Cámara de Diputados, donde se estudian proyectos para impedir la “criminalización” de esas donaciones y amnistiar a los actuales investigados incluso por la llamada “caja dos”, de contribuciones no declaradas, informó Antonio de Queiroz, un director del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria.
El esfuerzo legislativo busca tolerancia para el uso electoral incluso de dinero ilegal, distinguiéndolo de coimas para enriquecimiento personal. Es inaceptable porque “burla las reglas, golpea la democracia”, condenó Livianu.
[LÍNEA GLOBAL]
Estrella Gutiérrez/Inter Press Service
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