Los pueblos indígenas de Guyana, en el centro de un conflicto que apenas inicia: el gobierno de ese país busca “conciliar” los intereses de las mineras con los derechos de los pueblos originarios y la “protección” al medio ambiente
Ibis Frade Brito/Prensa Latina
Aunque representan alrededor del 7 por ciento de los habitantes de Guyana, los descendientes de grupos originarios viven en las áreas de mayor riqueza natural de este país, bajo la amenaza creciente de grandes empresas trasnacionales.
Las etnias de la denominada población amerindia tienen comunidades por todo el territorio, sobre todo en bosques y sabanas, en tanto el 80 por ciento de los guyaneses viven en franjas costeras, de indican cifras oficiales.
Registros históricos apuntan que esos pueblos nativos obtuvieron tempranos derechos sobre la tierra, concedidos por los colonizadores holandeses en 1784, y sus comunidades estuvieron sin experimentar grandes agresiones durante los siglos XVIII y XIX, pues los europeos y otros inmigrantes ocupaban llanuras propicias a las plantaciones.
En tanto, los amerindios vivieron prácticamente aislados hasta mediados del siglo XX y mantuvieron los ecosistemas donde se establecían en un estado casi virgen.
Pero el escenario cambió en las últimas décadas al sobrevenir el impulso de las políticas neoliberales apoyadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional: la explotación maderera y minera tomó auge y su expansión indiscriminada propició la deforestación, reporta el sitio electrónico pueblosoriginariosenamerica.org.
La actividad minera destruyó y desplazó muchos asentamientos amerindios, además trajo consigo la contaminación de ríos, la pérdida de agua potable y sensibles afectaciones a la pesca y caza de supervivencia.
Si bien en 2006 el gobierno aprobó la Ley Amerindia con el objetivo de ofrecer mayor protección a los descendientes de pueblos nativos y velar por sus derechos, la presión de las compañías mineras foráneas aún obstaculiza su aplicación e impide la toma de otras enmiendas necesarias.
Establecer un procedimiento para la concesión de la tierra y los títulos de propiedad (los amerindios pueden solicitar un terreno si prueban que viven allí desde hace varios años) es uno de los puntos clave en este documento.
También regula la explotación minera y maderera con el fin de aprovechar los recursos de forma sostenible, y pauta las formas de gobierno dentro de los asentamientos.
El acta reconoce como territorio amerindio 63 comunidades y dos distritos especiales, los cuales abarcan unos 38 mil kilómetros cuadrados, mientras los pueblos originarios reclaman como suyos un total de 69 mil 200 kilómetros cuadrados, según la página oficial en internet del Ministerio de Asuntos Amerindios, amerindian.gov.gy.
Aún están pendientes, desde 1999, reformas constitucionales aprobadas por el Parlamento referidas al autogobierno y la extensión de propiedades a otras zonas que no son reconocidas por el Estado, según la Asociación del Pueblo Amerindio (APA).
La protección gubernamental sólo es efectiva en aquellos lugares registrados en el Acta Amerindia, pero en los sitios por demarcar no existe supervisión sobre las compañías mineras, las cuales ni siquiera consultan con los grupos nativos como establece la ley, advierte la APA.
Los amerindios carecen de autoridad para expulsar a los intrusos pues, aunque posean la propiedad de la tierra, no tienen derecho a los minerales del subsuelo, apunta esa organización.
Desde 1990, la APA denunció varios casos de ocupación ilegal, sin embargo la falta de reconocimiento de esas áreas ilícitamente ocupadas y el lento proceso gubernamental de demarcación representan un obstáculo en la protección eficaz de los derechos sobre la tierra. Por ello, varios grupos pertenecientes a la APA realizan mapeos para determinar sus territorios, detectar con mayor precisión cuando los invaden y así reclamar sus derechos.
En marzo de este año, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó al gobierno guyanés revisar su práctica de otorgar permisos y concesiones mineras en zonas de comunidades originarias sin obtener el consentimiento de quienes viven allí.
Esta situación genera conflictos entre amerindios y empleados de las minas, lo cual preocupa a las autoridades locales, señala el ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Robert Persaud.
Para velar por su seguridad y defender sus derechos, el gobierno creó el Ministerio de Asuntos Amerindios en 1992, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, estableció la elección de miembros indígenas a la Asamblea Nacional como representantes de partidos tradicionales.
La cartera elabora diversas iniciativas dirigidas a aumentar la calidad de vida de los pueblos originarios como crear más oportunidades de empleo, mantener la seguridad alimentaria y diversificar sus actividades económicas fundamentales.
Por su parte, el presupuesto de este año destina 6 millones de dólares estadunidenses al Fondo de Desarrollo Amerindio con el fin de mejorar la vida económica y social de las comunidades.
Otras sumas millonarias van dirigidas al programa de demarcación de tierras y entrega de títulos, pues el gobierno pretende completar todos los territorios pendientes a fines de este año.
Si bien quedan algunos mecanismos por establecer en la formulación de los proyectos pues debemos asegurar su viabilidad, existe la voluntad política, señala el ministro de Asuntos Amerindios, Pauline Sukhai.
Un centenar de comunidades en las distintas regiones de esta nación se beneficiarán con la creación de nuevas viviendas, zonas de cultivos, estanques de peces y establecimientos para criar aves de corral y otros animales, informa el titular.
Pero uno de los retos futuros más complejos radica precisamente en conciliar los intereses del sector minero, pilar en la economía de Guyana, con las demandas de los pueblos amerindios, de los defensores del uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
Fuente: Contralínea 337 / junio 2013
