Con la llegada de la “cuarta transformación” a nuestro país, los trabajos académicos sobre la desigualdad económica generada en el neoliberalismo aumentaron. Sin embargo, en pocos se atiende el fenómeno desde la raíz: el aumento en los niveles de explotación laboral que provocaron las reformas laborales impulsadas por dichos gobiernos en favor de las grandes empresas extranjeras y la pérdida de representatividad de las y los trabajadores mexicanos al interior de las unidades productivas; espacio donde se produce y distribuye la riqueza generada.

El antecedente histórico de la proliferación de prácticas que nulificaron los derechos laborales se remonta al pacto de crecimiento y estabilidad económica, firmado por Miguel de la Madrid, el cual se presentó como una herramienta para controlar los precios en el país −dados los elevados niveles de inflación reportados en esa época− pero que en los hechos también sirvió para perfilar una nueva institucionalidad laboral alrededor de la determinación salarial y las reglas sobre productividad que, dicho sea de paso, estuvo fuera del marco jurídico del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que lo reglamenta. La consolidación de este viraje de corte neoliberal se dio en el año 2012 con la aprobación de la Reforma Laboral −impulsada por Enrique Peña Nieto− como parte del intento por preservar el modelo de acumulación neoliberal, a pesar de que desde el año 2008 este ya presentaba claros signos de inviabilidad.

En resumen, las principales modificaciones jurídicas en materia laboral durante dicho periodo en nuestro país, destacan las siguientes:

• Legalización de la subcontratación laboral a través de las llamadas empresas outsourcing.
• Permisibilidad de la contratación por horas, previa aprobación de la fragmentación de la jornada laboral.
• Contratación de trabajadores a prueba, que deriva de los llamados contratos de iniciación.
• La posibilidad de que el empleador pudiera rescindir de manera unilateral los contratos laborales temporales.
• Derogación de las tablas de enfermedades e incapacidades permanentes de la LFT.
• La exención de la obligación del empleador de notificar de manera personal al trabajador de su despido.
• Legalización de las famosas renuncias en blanco.

Con este aval legal, impulsado y aprobado por los neoliberales, las y los trabajadores mexicanos vieron afectados sus derechos más elementales al hacer permisible:

• La existencia de trabajadores con relaciones laborales desiguales en términos de salarios y prestaciones.
• Exacerbación de condiciones de explotación sobre los trabajadores, al legalizar que estos desempeñaran múltiples funciones sin un equivalente de labores por salario.
• La posibilitad de imposición de bajos salarios en el país y la nulificación el derecho de pago a horas extras.
• Facilitación para prolongar jornadas de trabajo por encima de las ocho horas e, incluso, propiciar un aumento real de los tiempos laborales para aquellos que se veían obligados a trabajar en varios empleos.
• La desaparición de la obligación de dar prestaciones sociales y provocar discontinuidad en las cotizaciones; como en las primas de antigüedad, los créditos para la vivienda o la jubilación.
• Dificultad a la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo al permitir el abuso de los contratos a prueba y de capacitación inicial.
• Anulación del pago de indemnizaciones por despido, lo que vulnera los derechos humanos al ser omiso a los riesgos de salud de los trabajadores que desempeñan actividades de riesgo.
• Supresión de la bilateralidad de las relaciones de trabajo que, de por sí, no es recíproca en el modo de producción actual y que con estas modificaciones legales se otorgó al empleador la capacidad de decidir de manera unilateral el tipo de contratación y la temporalidad de esta.

Todo lo anterior acompañado de una política con tendencia a reducir los niveles de sindicalización, y así, atentar en contra de los derechos laborales ganados a lo largo de la lucha de los trabajadores mexicanos.

Para fortuna de la clase trabajadora mexicana, en el año 2019, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República se puso en marcha el Nuevo Modelo de Justicia Laboral con resultados históricos al finalizar su sexenio. Además del incremento salarial del 116 por ciento en términos reales, al pasar de 88 pesos diarios en 2018 a 249 pesos en 2024, con este modelo:

• Se eliminaron los contratos de protección, también conocidos como “contratos fantasma”, que firmaban entre empresas y sindicatos sin consultar a las y los trabajadores.
• Se prohibió la subcontratación laboral y con ello más de 3 millones de trabajadoras y trabajadores fueron reconocidos por sus verdaderos empleadores.
• Se reguló el pago por reparto de utilidades, lo que reportó un incremento de 88 mil millones de pesos en 2020 a 216 mil millones en 2023.
• Se redujo el número de semanas de cotización para las y los trabajadores con deseo de pensionarse y se establecieron garantías para que ninguno reciba una pensión menor al salario mínimo vigente. En el caso de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el porcentaje de pensión pasó del 27 al 64 por ciento del salario.
• Se duplicó el periodo de vacaciones obligatorias, al pasar de seis a 12 días en el primer año de trabajo, mientras que, por cada año adicional de servicios se pactaron dos días más de vacaciones.

Con estos datos se puede constatar el cumplimiento del principio ético de “Por el bien de todos, primero los pobres”, que es emblema de la “Cuarta Transformación” y que hoy −en su segundo sexenio encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum− busca ampliar el ejercicio de la justicia económica para las y los trabajadores del país con la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Por eso, estimados lectores, les invito a que estemos atentos al periodo de sesiones que acaba de iniciar en la Cámara de Diputados, en el que se tienen agendados nuevos debates en materia de reformas laborales.

Carolina Hernández Calvario*

*Académica de la UAM Iztapalapa. Estudió la licenciatura y el doctorado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM, y la maestría en estudios latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras. Su campo de especialización es en economía política.

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