Indígenas bolivianos enfrentan un inminente despojo por parte de “ganaderos” que, en realidad, buscan fraccionar las tierras y venderlas a desarrolladores inmobiliarios y a empresas agropecuarias. Aunque los tsimanes resisten, el apoyo del alcalde de San Borja, Jorge Añez, inclina la balanza a favor de los nuevos colonos y expulsa a los comuneros indígenas
Rafael Acuña, enviado especial/IPS
El Jatatal, Bolivia. “No podemos más con el atropello”, dice, con profunda tristeza, Carmelo Tayo, corregidor de esta pequeña comunidad de indígenas tsimanes asentada hace décadas en una tierra de la Amazonia boliviana, que ahora supuestos ganaderos pretenden apropiarse.
El pueblo tsimane, también conocido como chimán y uno de los pocos grupos originarios cuya población crece en Bolivia, se movió tradicionalmente por el norteño departamento de Beni, aunque paulatinamente se ha asentado en comunidades como El Jatatal, en el límite de los municipios de San Borja y Rurrenabaque.
Allí vivían, en forma tan tranquila como precaria, unas quince familias, distantes de la siguiente comunidad unos 15 kilómetros, hasta que ganaderos que se expanden en la zona con el apoyo de las autoridades de San Borja, según Tayo, empezaron a invadir su territorio.
A algunos les ofrecieron un poco de dinero por su vivienda hecha, como todas, de materiales del lugar, y donde en promedio viven unas cinco personas, y por cada una de las florecientes plantas de banano que rodean cada casita.
Ante la negativa de todos, comenzaron las agresiones.
Durante una de las tres visitas que Inter Press Service (IPS) ha hecho a El Jatatal desde octubre de 2012, Tito Romero, uno de los comuneros (campesinos de tierras colectivas), cuenta que, en una ocasión, unos 40 ganaderos lo rodearon cuando volvía solo de uno de sus sembradíos y le advirtieron que “por su bien” debía irse del lugar.
También le dijeron que contaban con el aval del alcalde de San Borja, Jorge Añez, por lo que nada podría hacer –ni el resto de los habitantes de El Jatatal– para que el grupo ganadero, comandado por Darío Ramírez, ocupe las tierras y las alambren.
La amenaza no se quedó en palabras. Poco después, Fermín Carmelo Coata Mayto se encontró con que el camino entre sus cultivos y su casa había sido alambrado. Ahora se ve obligado a dar un gran rodeo para transitar –amenazado– entre su vivienda y sus sembradíos, pese a que ha vivido y producido allí desde su niñez.
Tayo, el líder tradicional comunitario, explica que los cercados de terrenos prosiguen, así como el acoso a varios comuneros. “Han alejado al compañero Mayto de su vivienda y los supuestos ganaderos lo amenazan verbalmente cuando intenta acercarse”.
El corregidor, quien tiene entre sus funciones la de mediar en los conflictos dentro de la comunidad y con las autoridades oficiales, cuenta que su única esperanza es que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) boliviano tome cartas en el asunto.
Pero el director general de Administración de Tierras del INRA, Víctor Espinal, no ha atendido aún su demanda de darles posesión legal comunitaria del lugar en que están asentados desde hace 60 años, lo que permitiría a las familias de El Jatatal defender sus derechos.
El INRA sí realizó, a fines de febrero pasado, un censo en El Jatatal y otras comunidades del área, destinado a establecer las tierras públicas existentes y los eventuales derechos indígenas y campesinos sobre ellas, ya que de acuerdo con la Ley de Reconducción Comunitaria, ese tipo de terrenos sólo pueden dotarse a esos dos grupos y a los afrobolivianos.
Carlos Espinoza, especialista en pueblos indígenas de las tierras bajas, explica a IPS que los tsimanes tuvieron siempre su centro ancestral en torno al Río Maniqui y la parte Noreste del Río Tipnis, ambos de la cuenca amazónica.
Pero mantuvieron su nomadismo en el extenso territorio con comunidades alternativamente pobladas y despobladas.
Eso facilitó la ocupación de colonos llegados de otras áreas, que se expanden y crean nuevas actividades. Así pasa en San Borja, donde ahora predominan la crianza de ganado vacuno y los cultivos de arroz y maíz.
La preservación de las formas de vida de los pueblos originarios y de sus derechos sobre la tierra se facilita cuando sus comunidades están dentro de espacios naturales protegidos, regulados como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), como sucede con la también reserva de biósfera de Pilón Lajas o el Parque Nacional Madidi.
Pero El Jatatal no está dentro de un TCO u otra área protegida, por lo que sus familias se ven inmersas en la expansión de las fronteras agrícolas y ganaderas, “porque no tienen un derecho sobre los nuevos propietarios o nuevos asentamientos que se dan en esos lugares”, explica Carlos Espinosa.
Sobre este caso específico, aventura que quizá el INRA tenga problemas técnicos para determinar la cadena de derechos sobre las tierras de El Jatatal, o que “quizá se estén dando algún tipo de artimañas” para apropiarse del lugar.
Sobre eso último no tienen dudas Tayo y los demás miembros de la comunidad. Ni siquiera piensan que el grupo de Ramírez sea realmente de ganaderos, pues otras tierras que ya lograron apropiarse, como unas trabajadas por una comunidad religiosa menonita cercana, las han parcelado y ofrecido en venta a terceros.
Añez, alcalde de San Borja, a quien en El Jatatal culpan de apoyar el atropello, se excusó de hablar con IPS por sus muchas ocupaciones.
Mientras, las 15 familias piden apoyo para volver a su vida de siempre, con los varones yendo a cazar, pescar o recolectar frutos silvestres o dedicados a cultivar sus pequeños y rotatorios sembradíos, ayudados por sus hijos de acuerdo con su edad.
Los tsimanes carecen de escuela cercana o de servicios como agua potable o alcantarillado; la salud la atienden con el chamán (curandero) y las mujeres colaboran en el sostén familiar con diferentes tareas, como la elaboración de miel y artesanías con la jatata, una palma propia del lugar.
Pero están orgullosos de ser tsimanes, un pueblo en crecimiento y con unos 8 mil 600 miembros; de su lengua chimán que hablan y escriben; y de poder seguir llamándose entre ellos chatdye (pariente).
Tayo, padre de nueve varones y cuatro mujeres y ya bisabuelo, dice entre el asentimiento general: “Sólo queremos que se nos deje vivir en paz, que se nos dé y no se nos quite, y que, sobre todo, se reconozca que esto es nuestro, que aquí nacimos la mayoría y aquí queremos morir”.
Fuente: Contralínea 331 / abril 2013
