Cuatro exkaibiles son sentenciados a más de 6 mil años de prisión. Las comunidades campesinas que vivieron el horror de las inhumanas masacres no han podido recuperarse. Muchos más soldados de elite, en la impunidad

Julio Fumero/Prensa Latina

Guatemala, Guatemala. Un juicio histórico se celebra en este país. Por primera vez son procesados los perpetradores de una de las numerosas masacres militares contra la población, durante el periodo de la guerra interna (1960-1996).

El Tribunal de Alto Impacto ha condenado, el pasado 2 de agosto, a cuatro exkaibiles (Manuel Pop Sun, Reyes Collin Gualip, Daniel Martínez y Carlos Carías) a purgar 6 mil 60 años de prisión por la ejecución de 252 pobladores el 7 de diciembre de 1982, en localidad de Las Dos Erres, La Libertad, Petén, a más de 500 kilómetros de la capital. Una acción calificada entre las más atroces de la época.

Un grupo de alrededor de 40 integrantes de las fuerzas de elite del Ejército guatemalteco cercó e irrumpió en la aldea con el pretexto de recuperar fusiles arrebatados por la guerrilla.

Concentraron a los hombres, mujeres y niños en la escuela y la iglesia del lugar, donde los sometieron a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso a varias mujeres y menores las violaron.

Posteriormente todos fueron sacados y asesinados, ametrallados o por explosiones de granadas en excavaciones que les sirvieron de tumbas colectivas, según un relato de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).

Una denuncia fue presentada 14 años después de la matanza cuando se realizaron las exhumaciones de los restos, pero hasta hace poco todos los responsables permanecían en la más absoluta impunidad.

En ese tiempo los abogados defensores de los militares imputados obstruyeron la aplicación de la justicia al interponer decenas de amparos con el consiguiente retardo malicioso e injustificado, según la Famdegua.

Únicamente cuatro involucrados en la matanza fueron detenidos, a pesar de existir órdenes de aprehensión para 18 exkaibiles, de los cuales dos ya fallecieron.

A pesar de las abundantes pruebas en poder de la fiscalía, los cuatro exmilitares acusados de la matanza clamaron por inocencia al comenzar el juicio en su contra.

Sin importar que los testigos los identificaran, sobre todo al exteniente Carlos Carías, a quien señalan como el jefe de aquella unidad, los cuatro exmilitares afirmaron nunca haber estado en el lugar de los hechos.

Las atrocidades cometidas se describen en el informe Guatemala: memoria del silencio, elaborado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, creada tras la firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996.

Contiene testimonios sobre la manera en que los efectivos militares masacraron a hombres, mujeres y niños indígenas, además de cometer violaciones y otras vejaciones a los pobladores antes de asesinarlos.

La masacre ocurrió bajo el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, ahora diputado al Congreso de la República por el partido Frente Republicano Guatemalteco.

Precisamente Ríos Montt es señalado como uno de los máximos responsables de esa matanza, pero nunca fue llevado a juicio a pesar de haber sido acusado de genocidio durante su mandato.

El informe ubica el 64 por ciento de todas las masacres cometidas en un periodo de junio de 1981 a diciembre de 1982, así como el 76 por ciento de las ejecuciones arbitrarias perpetradas durante ésas.

La gran cantidad de operaciones militares en las cuales se cometieron matanzas contra la población fue uno de los fenómenos más característicos del enfrentamiento armado en Guatemala, principalmente en esa etapa.

La mayoría de los casos no se caracterizaron por la eliminación masiva de individuos, sino por acciones de barbarie de gran magnitud. Cuerpos degollados y mutilados, mujeres embarazadas con el vientre abierto, cadáveres sembrados en estacas, personas abrasadas vivas y perros devorando los cadáveres abandonados que no se pudieron enterrar corresponden a lo acaecido, según el texto.

En muchos casos, prosigue, las masacres incluyeron acciones de pillaje de los bienes de las víctimas o la destrucción de sus casas, cultivos, animales y todo lo poseído para su supervivencia material.

Dichas operaciones eran la aplicación de la técnica militar conocida como “política de tierra arrasada”, ordenada conscientemente y que formaba parte de varios planes elaborados por las fuerzas castrenses, destinada a acabar con la guerrilla y sus bases de apoyo.

El Ejército no averiguaba si los habitantes de determinada aldea colaboraban con la insurgencia, o pertenecían a ella, simplemente llegaba, ocupaba, aniquilaba y devastaba.

Durante su investigación, la Comisión de Esclarecimiento Histórico recibió testimonios que le permitieron documentar 626 masacres cometidas por las fuerzas de seguridad, principalmente las del Ejército, apoyado en muchos casos por estructuras paramilitares tales como las Patrullas de Autodefensa Civil y los comisionados militares.

El Quetzal, San Francisco, Vibitz, Agua Fría, Panzós son los nombres de algunas de las aldeas prácticamente asoladas por los efectivos castrenses que arremetieron contra la población durante el conflicto armado interno.

Hasta ahora se mantiene la impunidad, a pesar de las múltiples gestiones de organizaciones y familiares de los cientos de víctimas, por llevar a los responsables ante la justicia.

De ahí la importancia para la sociedad de este juicio por Las Dos Erres. Al menos es un comienzo.

Fuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011