La operación militar de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero “socavó un principio fundamental del derecho internacional: que los Estados no deben amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial ni la independencia política de ningún Estado”, señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al tiempo que manifestó su profunda preocupación por esta situación.
Indicó también que “el futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto a sus derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre sus vidas y sus recursos”.
Encabezada por Volker Türk, la instancia internacional observó que el alegato de Estados Unidos para esta intervención militar –que incluyó la detonación de bombas, el asesinato de funcionarios y civiles, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, bajo la acusación de un “prolongado y atroz historial de derechos humanos del gobierno venezolano”– no justifica esta acción.
“La rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viole el derecho internacional. El pueblo venezolano merece que se rindan cuentas a través de un proceso justo y centrado en las víctimas”.
Sin embargo, la ONU-DH coincidió en que ha existido “un continuo deterioro de la situación en Venezuela durante aproximadamente una década, los derechos del pueblo venezolano han sido violados durante demasiado tiempo”. Y advirtió que teme “que la inestabilidad actual y la mayor militarización del país, resultantes de la intervención estadunidense, sólo empeoren la situación”.
Según la ONU-DH, “el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas, que entró en vigor el sábado, genera preocupación, ya que autoriza restricciones a la libre circulación de personas, la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y protesta, entre otras medidas”.
Por ello, la Oficina del Alto Comisionado instó por igual “a las autoridades estadunidenses y venezolanas, así como a la comunidad internacional, a garantizar el pleno respeto del derecho internacional, incluidos los derechos humanos”.
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