La temporada de huracanes llega a las comunidades pobres de Centroamérica cuando no se reponen aún de los destrozos que padecieron hace un año y que significaron la pérdida de cientos de vidas y la afectación del patrimonio de miles de familias de la región. En Guatemala no se ha llegado siquiera a la reconstrucción del 10 por ciento de la zona siniestrada. Los más pobres son también los más vulnerables
Danilo Valladares / IPS-Voces de la Tierra
Guatemala, Guatemala. “Hace un año se salió el río, se arruinó mi casa, perdí todas mis cosas y sigo esperando una ayuda”, dice a IPS Candelaria Peneleu desde su humilde vivienda en Palín en el sureño departamento de Escuintla, un área de Guatemala devastada hace un año por la tormenta tropical Agatha.
Más de 400 mil guatemaltecos resultaron damnificados por Agatha, que se desplazó por América Central el 29 y 30 de mayo de 2010 y ocasionó cerca de 150 víctimas mortales.
En El Salvador y Honduras más de 30 mil personas también fueron afectadas por el fenómeno que arrasó con siembras de subsistencia, puentes, viviendas y carreteras en poblaciones, principalmente pobres.
Un año después de la catástrofe, la vulnerabilidad geográfica y económica de estos países frente a los desastres sigue presente, agravada porque la infraestructura dañada por Agatha permanece arruinada en la mayoría de los casos.
En Guatemala, por ejemplo, la reconstrucción de la infraestructura destruida por este fenómeno no ha llegado siquiera al 10 por ciento por carencia de recursos, admite la Comisión Nacional de Transformación, responsable de la reconstrucción.
En tanto que la llegada del invierno, que se prolonga en América Central de mayo a septiembre y representa la estación de las lluvias, trae con él el temor de nuevos desastres.
“Necesito por lo menos unas láminas porque aquí cada invierno todo se inunda y tenemos que caminar entre el agua”, dice Peneleu, quien hace un año fue evacuada junto con sus cuatro hijos de su vivienda, cuando quedó atrapada en el aluvión de agua y lodo que ocasionó Agatha.
¿Pero qué han hecho los países centroamericanos para prepararse ante estos fenómenos climáticos, en un territorio inmerso entre fallas geológicas, ríos, volcanes y montañas?
Francisco Ruiz, de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica, dice a IPS que el gobierno ha trabajado en reconstruir lo dañado y también se ha fortalecido la prevención de riesgos, aunque reconoce que “nunca será suficiente”.
Como ejemplo cita la puesta en vigencia en 2010 de las normas de seguridad estructural de edificaciones y obras de infraestructura, un compendio de reglas técnicas de construcción para asegurar las edificaciones frente a fenómenos como los sismos y erupciones volcánicas, entre otros.
Pero aunque los esfuerzos sean muchos, “nunca será suficiente”, según Ruiz.
“Si miramos a los países desarrollados como Japón, que ha invertido en diseño y prevención y tiene a los mejores ingenieros, vemos lo que pasó”, dice en referencia a la catástrofe provocada tras el terremoto de nueve grados y el posterior tsunami sufrido allí el 11 de marzo.
Pero en Guatemala se pueden mejorar muchas cosas para prevenir riesgos, según Ruiz, “como la organización de las personas frente a los desastres, además de fomentar que más profesionales participen en esas tareas”.
En la vecina Honduras, la situación tras Agatha es similar.
“No son muchos los avances, pero podría resaltar mayor coordinación entre las instancias oficiales y la sociedad civil, el fortalecimiento de estructuras locales y regionales de emergencia y la reconstrucción de algunas obras de infraestructura”, dice a IPS Patricia Méndez, de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales.
En materia preventiva las cosas no van mejor. “No se han realizado muchas acciones relacionadas con ordenamiento territorial, planificación de la recuperación temprana, asignación presupuestaria para acciones de gestión de riesgo, códigos de construcción y no ha existido mucha voluntad política para hacerlo”, se queja Méndez.
En América Central, ningún país posee una ley de ordenamiento territorial que impida, entre muchos aspectos, la construcción de viviendas en laderas de ríos y montañas, una práctica común en esta región de 43 millones de habitantes con elevados índices de pobreza.
Roberto Cruz, del grupo de rescate Comandos de Salvamento de El Salvador, dice a IPS que 97 por ciento de la población salvadoreña vive en una situación de riesgo, agudizada por las sucesivas devastaciones del huracán Mitch (1998) y las tormentas tropicales Stan (2005) y Agatha (2010), que dejaron miles de muertos en el istmo centroamericano.
Como respuesta, este comando ofrece formación preventiva de desastres en 45 de los 262 municipios salvadoreños, mientras que “el gobierno sólo se ha dedicado a hablar” sobre el problema, señala Cruz.
Sin embargo, reconoce que el presidente izquierdista de El Salvador, Mauricio Funes, creó en enero la Secretaría de Vulnerabilidad para atender la gestión de riesgos, que tiene disponibles 50 millones de dólares para emergencias.
La nueva dependencia absorberá a la Dirección Nacional de Protección Civil, responsable hasta ahora de la tarea de emergencias y desastres.
Cruz dice que el gobierno ha ofrecido apoyo a los damnificados de Agatha y de los desastres anteriores, pero ello “no es suficiente” dada la gran magnitud de los daños provocados por estas catástrofes.
En Nicaragua, la situación no es distinta a la de Guatemala, El Salvador y Honduras.
“Con Agatha, los niveles del lago Xolotlán, ubicado en Managua, crecieron tanto que las zonas pobladas tuvieron que ser evacuadas. Ahí todavía hay gente en albergues”, dice a IPS Efraín Leal, del no gubernamental Centro Humboldt de Nicaragua.
El avance en la reconstrucción de la infraestructura dañada por esa tormenta “es similar a la de Guatemala”, agrega.
Leal trabajó en un proyecto situado en la cuenca del río Coco, al Norte de Nicaragua, con comunidades indígenas que perdieron 80 por ciento de sus siembras de maíz y arroz con el Agatha.
“De diciembre de 2010 a marzo pasado, se les dieron semillas, herramientas y el proyecto tuvo éxito porque ahora la gente dispone de granos para su alimentación”, dice.
Pese a los esfuerzos, la vulnerabilidad de Nicaragua sigue allí. “Los fenómenos meteorológicos son los que más nos afectan, mientras que el país ni siquiera tiene una ley de ordenamiento territorial que regule dónde vivir o sembrar”, recuerda.
