La revista Punto Final libra una batalla legal contra el Estado de Chile a favor del periodismo independiente. En febrero –el 13 de ese mes se conmemora el Día de la Prensa en ese país– la publicación sentó en el banquillo a tres ministros para que explicaran por qué los gastos de publicidad del gobierno en prensa escrita favorecen casi exclusivamente al duopolio que controla hasta el 95 por ciento de los diarios.

chilenos: la cadena El Mercurio, de Agustín Edwards Eastman y Copesa-La Tercera, de Álvaro Saieh Bendeck.

Ernesto Carmona / Red Voltaire

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC) citó a declarar por oficio a los ministros de Hacienda, Andrés Velasco; Justicia, Carlos Maldonado; y Planificación, Paula Quintana, para que respondan a varias preguntas del abogado de la revista Punto Final, Alberto Espinoza Pino. La cuestión clave es por qué esos tres ministerios –al igual que el resto de la administración pública, las fuerzas armadas y carabineros– contratan su publicidad preferentemente con los diarios de Agustín Edwards Eastman y Álvaro Saieh Bendeck.

Esta batalla por los derechos del periodismo independiente a la publicidad estatal cobra bríos precisamente cuando recrudecen los despidos de periodistas en grandes medios de comunicación como los canales Televisión Nacional y La Red, y los diarios La Tercera y El Mercurio, entre otros. Los periodistas conmemoraron el Día de la Prensa con la consigna ¡No a los despidos!, en defensa de sus fuentes de trabajo (el viernes 13 a las 11 horas, ante el busto de Juan Emilio Pacull, fundador del Colegio y del Círculo, plazoleta de Valentín Letelier con Lorenzo Gotuzzo, a escasos metros de La Moneda).

“Ésta es la primera vez que una publicación demanda al Estado y lo acusa de discriminar a la prensa independiente en la distribución del avisaje fiscal, de vulnerar las normas de la libre competencia y de restringir las posibilidades de desarrollo del pluralismo informativo en la prensa nacional”, dijo Manuel Cabieses, director-fundador del quincenario desde su aparición en 1965.

Desde que el TDLC acogió la demanda –el 29 de julio de 2008– se han efectuado ocho audiencias públicas. Pero estos acontecimientos han sido ignorados en la cobertura de noticias de los grandes medios, excepto algunos periódicos electrónicos también independientes. Este juicio, sin precedentes en la democracia chilena, se desarrolla casi clandestino, aunque fue acogido unánimemente por todos los ministros del tribunal: Eduardo Jara Miranda, presidente; Andrea Butelmann Peisajoff, Radoslav Depolo Razmilic, Tomás Menchaca Olivares y Julio Peña Torres.

“El acceso igualitario a los recursos fiscales provenientes de los anuncios va a garantizar de manera real la libre competencia y con ello una información pluralista, como la garantizan la Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ratificados por Chile”, afirmó la demanda de Punto Final.

La publicidad privada en Chile está ideologizada. Los avisos de las grandes empresas sólo se publican en la gran prensa, pero los lectores de los medios independientes también son usuarios de los servicios públicos que se financian con dinero de los contribuyentes, quienes tienen derecho a informarse en medios distintos a El Mercurio y La Tercera. El artículo 19, número 12, de la Constitución garantiza a todas las personas la libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, en tanto el artículo 19 número 22 consagra el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

Asimismo, la Constitución establece la obligación del Estado de “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”, mientras el artículo 5, inciso 2, establece que el Estado debe “respetar y promover los derechos que emanan de la naturaleza humana” garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile.

Avances del juicio

La defensa de los intereses fiscales recae en Chile en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo actualmente presidido por Carlos Mackenney Urzúa, designado por la jefa del Estado. La importancia que otorga el CDE a la demanda de Punto Final se mide por el equipo de abogados que designó para su defensa, encabezado por los juristas Gonzalo Velásquez y Ruth Israel, quienes tienen la tarea de impugnar las acusaciones de la revista.

En enero, declararon como “testigos” del CDE la abogada jefa de la división jurídica de la Dirección de Compras y Contratación Pública, María Trinidad Inostroza Castro; el abogado –de la misma repartición– Pablo Prüssing Fuchslocher y el abogado del Ministerio de Justicia, Ciro Cornejo Lorca.

La demanda contra el Estado apunta a la Dirección de Compras y Contratación Pública, un servicio descentralizado del Ministerio de Hacienda que dirige el funcionario Tomás Campero y que está sometido a la supervisión de la Presidencia de la República.

Como testigos de Punto Final, en diciembre de 2008 declararon ante el Tribunal el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Abraham Santibáñez; los Premios Nacionales de Periodismo Faride Zerán y Juan Pablo Cárdenas; el diputado Marco Enríquez-Ominami, y el periodista y académico Walter Krohne.

El duopolio

El control del El Mercurio y La Tercera, sobre el mercado de diarios, “lo podemos identificar como un duopolio que es en verdad un monopolio”, argumentó la demanda. “Ambas cadenas controlan entre un 85 y un 95 por ciento de la prensa escrita –diarios, periódicos, revistas de circulación nacional, regional y comunal–, siendo ampliamente mayoritaria la de El Mercurio”, añadió. “Sin embargo, y a pesar de ser cadenas empresariales, en el hecho –y para los efectos de la libertad de expresión e información– constituyen un monopolio ideológico”.

Edwards posee dos diarios de circulación nacional que se editan en Santiago, El Mercurio y Las Últimas Noticias; más el vespertino La Segunda que se publica en la capital, pero circula en gran parte del país; y otros 20 diarios regionales: La Estrella de Arica, La Estrella de Iquique, El Mercurio Antofagasta, El Mercurio de Calama, La Estrella del Norte, La Prensa de Tocopilla, La Estrella de Loa, El Diario de Atacama, El Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso, El Líder de San Antonio, Crónica Chillán, El Sur de Concepción, Crónica de Concepción, El Renacer de Arauco, El Austral de Temuco, El Austral de Valdivia, El Austral de Osorno, El Llanquihue de Puerto Montt y La Estrella de Chiloé. Además, negocia La Prensa Austral y El Magallanes de Punta Arenas.

El Estado también le otorgó –y continúa asignándole– numerosas frecuencias radiales a El Mercurio. Su división Diarios Regionales opera Digital FM, red de música y noticias –locales y nacionales– presente en 38 ciudades a lo largo del país, con 11 jefaturas regionales de prensa en otras tantas urbes importantes. El concepto mercurial del “periodista multimedia” obliga al reportero de un diario regional a elaborar una misma noticia para el diario, la radio local y la edición nacional: tres trabajos por el mismo salario. La cadena tiene, además, Positiva FM, otra red de emisoras con presencia en 17 ciudades que anuncia la instalación de otras 11 frecuencias locales. Asimismo, El Mercurio opera portales juveniles como Mimix.cl y Team Miss Verano.

Saieh, quien se hizo millonario durante la dictadura, posee el Consorcio Periodístico de Chile, SA (Copesa), que controla los diarios de circulación nacional La Tercera, La Cuarta y el semanario Qué pasa, además del matutino La Hora, de distribución gratuita en la capital. También comercializa los suplementos Mujer, Icarito, Deportes, Glamorama, Agenda Urbana, Club La Tercera, Mouse y Virus, a la vez que controla las radios FM Zero, Duna y Carolina. Entre otros negocios, posee también CorpBanca, con presencia en varios países, y la cadena de supermercados Almac, adquirida a D&S antes que ésta vendiera el resto de su red minorista –Líder y Ekono– a la estadounidense Wal Mart.

Las páginas del duopolio ideológico El Mercurio/Copesa cumplen el rol de caja de resonancia de la extrema derecha y suelen cuestionar ásperamente las moderadas políticas sociales de los gobiernos post dictadura, pese a que reciben una suerte de subsidio en publicidad del Estado. No funcionó la política comunicacional del gobierno que aspiraba a “seducir” a esos medios como si efectivamente fueran imparciales.

Ambas cadenas están comprometidas de manera fundamentalista con la ideología del neoliberalismo y no acogen visiones críticas, ni siquiera sobre la crisis mundial en desarrollo. Sus contenidos entregan a diario “propaganda informativa” a favor de las políticas neoconservadoras, de los grandes grupos económicos y financieros, incluido el sistema privado de fondos de pensiones, cuyas pérdidas ascienden al 30 por ciento, por más de 30 mil millones de dólares.

La contienda legal de Punto Final ocurre en un país donde la propaganda de los grandes medios locales y mundiales se convirtió en un ejemplo latinoamericano para la inversión extranjera y una suerte de “paraíso de la libre competencia”, que no existe para la prensa independiente ni para las pequeñas y medianas empresas de cualquier naturaleza.

La noticia del juicio no ha merecido la atención de los grandes medios, que a diario embriagan al público con la cultura consumista del neoliberalismo salvaje heredado de la dictadura militar de 17 años. La clase política que surgió de los escombros de la dictadura y ha conducido durante 19 años los cuatro gobiernos que sustituyeron al régimen castrense estimula con entusiasmo el fortalecimiento del modelo en crisis que sí ha beneficiado a los grandes grupos económicos y al poder mediático. El Estado ha sido un facilitador de grandes negocios, como el salvataje de La Tercera-Copesa en quiebra, ocurrido bajo el gobierno de Patricio Aylwin, al comienzo de la “transición a la democracia”, cuando el Banco del Estado le saneó la deuda tóxica al diario.

El Estado prefiere a El Mercurio

Un estudio del Observatorio de Medios Fucatel, correspondiente a 2005 y citado por Punto Final, reveló que El Mercurio se benefició con el 48 por ciento del gasto del Estado en publicidad en medios escritos, mientras Copesa absorbió el 29 por ciento de un total de 4 mil 315 millones de pesos chilenos, equivalentes a 8 millones de dólares de la época, gastados por el gobierno central, municipalidades, servicios e instituciones del Estado, calculados al precio del valor agencia. Mientras el duopolio de Edwards y Saieh concentraba el 77 por ciento del total de esa inversión publicitaria, los diarios regionales, revistas y periódicos independientes percibieron apenas el 15 por ciento.

El gasto actual del Estado en publicidad en prensa escrita ascendería hoy a 9 millones de dólares, equivalentes al 25 por ciento de los 36 millones de dólares en que se estima el gasto publicitario total gubernamental. La televisión se lleva la mayor parte de los 27 millones de dólares restantes, en desmedro del medio radial. Los 9 millones que el Estado gasta en medios impresos representan el 1.3 por ciento del gasto público y privado, estimado en 700 millones de dólares anuales, dato basado en informes de Megatime, que verifica la inversión publicitaria, y de otras empresas del rubro como Omnicom Media Group.

Según Fucatel, las carteras de Hacienda, Mideplán, Justicia y el Ministerio Público colocaron el 70 por ciento de su publicidad en El Mercurio, que recibió casi el 90 por ciento de los recursos publicitarios de Tesorería y cerca del 50 por ciento del avisaje de las corporaciones públicas de Fomento y Nacional Forestal y del estatal Fondo Nacional de Salud, cuyos afiliados pertenecen, en su mayoría, a estratos socioeconómicos medios y bajos, lejos del perfil de los lectores de El Mercurio.

Historia de un combate

La lucha de Punto Final por la democratización del gasto estatal en publicidad comenzó en 2002, con una carta de Cabieses al presidente de la época –Ricardo Lagos–, pero tuvieron un hito importante el 13 de septiembre de 2006, cuando la revista recurrió al fiscal nacional económico, Enrique Vergara Vial, contra el incumplimiento de los principios de la “libre competencia” por parte del Estado. El fiscal Vergara se tomó más de un año para responder –el 26 de octubre de 2007– que a “la libre competencia” sólo la regula “la mano invisible del mercado”: “De hecho, en general, las entidades públicas contratan dicho avisaje en función de parámetros de mercado”, dijo.

“(…) No se han allegado antecedentes o indicios que permitan sostener la existencia de infracciones a la libre competencia por parte del Estado o sus organismos en la contratación de avisaje en medios escritos, ni tampoco que indiquen la existencia de conductas colusivas u otras anticompetitivas por parte de las empresas con mayores participaciones de mercado”, afirmó el fiscal.

Cabieses dijo que el 12 de junio de 2002 le manifestó al presidente Lagos “que las motivaciones discriminatorias de la empresa privada –de naturaleza esencialmente ideológica– ‘no deberían ser válidas para la publicidad estatal’ ya que al gobierno que reconstruye la democracia debería interesarle fomentar el pluralismo informativo y la libertad de información y opinión, cuidando sostener los escasos medios independientes y críticos que en Chile intentan hacer efectiva la diversidad”.

El 26 de julio de 2002, el entonces ministro secretario general de Gobierno, Heraldo Muñoz, recibió a representantes de los medios independientes y del Colegio de Periodistas para darles a conocer la voluntad presidencial de buscar una solución al problema. Señaló que –por instrucciones del presidente de la República– se había orientado a ministerios y servicios públicos a distribuir la publicidad con un sentido de mayor equidad en resguardo del pluralismo informativo.

Pero no pasó gran cosa, excepto dos avisos del Programa del Voluntariado de la Dirección de Obras Sanitarias que Punto Final publicó en octubre y diciembre de ese año. Cabieses relató que “el ministro Heraldo Muñoz fue reemplazado por el señor Francisco Vidal, a quien escribí el 13 de marzo de 2003: ‘Han pasado casi ocho meses y la política que se nos anunció todavía no se materializa. Los medios independientes siguen siendo excluidos hasta de campañas publicitarias de vasto interés ciudadano sobre salud y educación que promueve el gobierno’”.

La distribución anómala de la publicidad estatal en nada cambió. Entretanto, la revista cultural Rocinante dijo adiós a sus lectores por falta de ingresos publicitarios, mientras la discriminación continúa afectando a radios, medios electrónicos, estaciones de televisión comunitaria y periódicos independientes.

El 27 de abril de 2006 Cabieses le escribió a la presidenta Michelle Bachelet: “La solución real es una ley que establezca la obligación del Estado de distribuir en forma equitativa su publicidad para garantizar el derecho ciudadano de información y opinión. Sin embargo, entretanto, se necesitan medidas administrativas que hagan posible mayor igualdad en el acceso a la publicidad del Estado y que impidan así la extinción de la prensa independiente de Chile”.

Tampoco pasó nada. Cabieses recordó en la demanda que el 14 de junio de 2006 el entonces ministro secretario general de Gobierno Ricardo Lagos Weber –hijo del expresidente– “eludió pronunciarse sobre el fondo del asunto y sostuvo que la contratación de publicidad se hace conforme el sistema de compra del Ministerio de Hacienda y que en los llamados a concursos y propuestas de clara identidad regional, provincial o comunal debía haber consideraciones especiales hacia los medios locales”.

Para Punto Final, “se configura de manera muy clara una infracción a la libre competencia, en la cual hay, sin duda, responsabilidades del Estado y también de las cadenas El Mercurio y Copesa en la distribución discriminatoria de la publicidad y avisaje estatal”. Añadió que esta situación “ha sido repetidamente denunciada por el Colegio de Periodistas, por medios independientes y por investigadores chilenos y extranjeros sobre la realidad de la prensa en Chile”.

Investigación del Congreso

La Cámara de Diputados también se interesó en la distribución asimétrica de la publicidad del Estado. El 17 de octubre de 2007 aprobó por unanimidad el informe de una Comisión Especial Investigadora del Avisaje del Estado, presidida por el diputado Marco Enríquez-Ominami. Su informe criticó la “discrecionalidad y concentración del gasto de la publicidad estatal” como fortalecedora del duopolio de los medios.

La Comisión, integrada por todos los sectores representados en el Parlamento y creada en junio de 2006, pidió una ley que regule la publicidad estatal y que el Estado asuma el deber de informar sobre las leyes que entran en vigencia, estableciendo mecanismos de apoyo a los medios locales o regionales.

“Así como el Estado debe asumir que la regulación de la publicidad oficial es una tarea esencial para asegurar la transparencia en la contratación de la difusión de las políticas públicas, también debe asumir que su falta de regulación favorece la concentración en la propiedad de los medios”, concluyeron los 69 diputados que aprobaron el informe. También que “la concentración del avisaje estatal en pocos medios de comunicación social y la excesiva arbitrariedad en su gasto es un obstáculo para hacer efectivas las garantías” constitucionales de pluralismo y diversidad social, cultural y política.

Descubrieron que el Estado no sabe con exactitud cuánto gasta en publicidad en todos sus organismos, ya que los municipios, por ejemplo, son autónomos en sus gastos de propaganda y la Cámara de Diputados no puede fiscalizarlos. Recordaron que el Banco del Estado concurrió a la Comisión, pero se negó a entregar información alegando una supuesta protección legal. Aunque la Contraloría le aplicó multas al “banco de todos los chilenos”, los diputados registraron que las empresas públicas deciden a su arbitrio y sin mayor control los gastos y métodos que utilizan para su publicidad.

La Cámara concluyó que el gasto en publicidad del Estado “es marginal en relación a la empresa privada”, situándolo en un 5 por ciento de “la torta publicitaria” de 700 millones de dólares anuales, es decir, unos 35 millones de dólares. La televisión se lleva la mayor parte de esa torta, unos 27 millones de dólares.

Según información de la Dirección de Presupuesto, el ítem de Publicidad y Difusión de 2004 alcanzó a unos 21 millones de dólares (13 mil 570 millones de pesos chilenos), 32 millones en 2005 (21 mil millones de pesos) y 15 millones de dólares hasta agosto de 2006 (10 mil millones de pesos). La comisión valoró que la publicidad estatal “puede ser significativa para los medios pequeños y regionales”.

Los legisladores recomendaron una ley regulatoria de la publicidad oficial, que promueva transparencia y eficiencia en la contratación y selección de medios, además de un aumento de la inversión del Estado en avisaje en medios pequeños y regionales, para mejorar su calidad, y así favorecer el pluralismo y la libertad de expresión.

Los diputados subrayaron que los medios distintos a las cadenas El Mercurio y Copesa-La Tercera pueden verse afectados “por las condiciones de contratación vigentes en Chile y atendiendo a que los criterios que se utilizan para la selección de medios son los datos de circulación y precio, que actualmente no miden a dichos medios”. Señalaron que el statu quo “atenta contra el pluralismo y favorece la concentración” de la propiedad de los medios.

Este informe de los diputados tuvo escasa o ninguna difusión en los grandes medios. Nunca más se oyó hablar del tema.