A 26 meses de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, el clima que vive un sector de la prensa mexicana va del bloqueo comercial e informativo a las amenazas, las detenciones arbitrarias y los asesinatos.

El “oficio más bello del mundo”, como llamaron al periodismo Albert Camus y Gabriel García Márquez, en México también puede ser mortal. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del 1 de enero de 2000 a la fecha, 45 periodistas han sido asesinados; 12 de ellos –casi el 20 por ciento– en lo que va de la actual administración federal. Además, ocho se encuentran desaparecidos.

Los homicidios y las desapariciones forzadas no son los únicos agravios contra comunicadores y medios informativos: amenazas, intimidaciones, daño en propiedades, “castigo” publicitario, detenciones arbitrarias y demandas por daño moral son apenas el principio de la lista.

No sólo el crimen organizado atenta contra la libertad de prensa. Ni siquiera es el más importante. Datos del Centro de Periodismo y Ética Pública señalan que cuatro de cada 10 agresiones contra los periodistas y los medios de comunicación provienen de los poderes públicos formalmente constituidos. La responsabilidad de otras tres recae en la delincuencia organizada. Y las tres restantes son cometidas por otros actores.

La aparente ingenuidad de un presidente que a principios de 2003 recetaba, como medida para alcanzar la felicidad, “no leer periódicos” devino en llano bloqueo comercial y hostigamiento contra los medios de comunicación que el gobierno calderonista considera “críticos”. Contralínea. Periodismo de investigación, Fortuna. Negocios y finanzas, así como Proceso, Forum y Por esto!, entre otros, son descartados de pautas publicitarias sin más argumento que el que esgrimiera José López Portillo y con ello dejara ver lo que significaba la libertad de prensa y el derecho a la información para el priismo anquilosado: “No pago para que me pegues”.

Del 1 de diciembre de 2006 al cierre de esta edición, la CNDH ha abierto 170 expedientes por quejas de agresiones de funcionarios contra periodistas.

No obstante que el 7 de marzo de 2007 se derogaron del Código Penal Federal los delitos de calumnia, difamación e injuria, se judicializan las investigaciones periodísticas. Además del caso que se documenta en este número de Contralínea y que involucra a la propia revista, está el de Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores, demandados por el diputado federal priista Gerardo Sosa Castelán, luego de la publicación del libro La sosa nostra. También está el de los demandados por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, Consuelo Villalobos Ortiz: Eduardo R. Huchim, por un artículo publicado en Emeequis; Rubén Lara, por un texto publicado en Rumbo de México, y los reporteros Luis Soto, de El Financiero, y Abel Barajas y Víctor Fuentes, de Reforma.

Desde finales del foxismo, Contralínea ha vivido una andanada que se recrudeció en el calderonismo y que incluye demandas por supuesto “daño moral”, amenazas, daños en propiedad, acoso, una detención arbitraria y bloqueos informativos y comerciales.

Las puntas de lanza de los embates son los poderosos grupos empresariales Zeta Gas y Oceanografía, de los cuales estas páginas han documentado sus negocios con Petróleos Mexicanos y su relación con funcionarios públicos. No han sido, por mucho, las únicas empresas escudriñadas por el periodismo de investigación de Contralínea. A través de ellas parecen cebarse otros grupos empresariales y funcionarios denunciados por supuestos actos de corrupción. Los jueces han venido fallando a favor de los acaudalados empresarios y en contra de esta revista con argumentos como el que a la letra dice: “(…) la circunstancia de haber accedido (Jesús Zaragoza, presidente de Zeta Gas) a dar la entrevista no puede tener el alcance de otorgar consentimiento tácito para que la información proporcionada se difunda (…)”.

El equipo de periodistas que hace la revista Contralínea reitera su compromiso con la sociedad y con el derecho de ésta a mantenerse informada. Las amenazas, las intimidaciones y el acoso judicial no harán variar la apuesta de esta publicación por el periodismo de investigación, aquel que, como señala Robert Fisk, tiene como misión “controlar los centros de poder” y “desafiar la autoridad, toda autoridad”.

Ya advertían Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón en los albores del siglo XX, que la labor de los periodistas era, por fuerza, “ruda y peligrosa como toda labor encaminada a desenmascarar el abuso, a exhibir la podredumbre de la arbitrariedad y a hacer que se disipe la pestilencia de ciertas autoridades corrompidas y de los gobernantes que no tengan pudor”.

A este periodismo nos debemos. Así, las páginas de Contralínea seguirán privilegiando la denuncia basada en la investigación. Servidores públicos, jueces, empresarios, jerarquía eclesiástica, políticos de todos los partidos y todos aquellos que cuenten con una posición de poder, sea formal o de facto, seguirán bajo el escrutinio de los reporteros de esta publicación. Esta casa editorial se reconoce en lo plasmado por el número 5 de Regeneración: “La prensa es un medio para evitar la impunidad en el ejercicio de la función pública”.