Caso Ayotzinapa: espionaje gubernamental habría alcanzado al GIEI

Caso Ayotzinapa: espionaje gubernamental habría alcanzado al GIEI

El gobierno de México podría haber espiado a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, alertaron este 6 de julio los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Troitiño y James Cavallaro.

Según los comisionados, la CIDH fue informada de la posibilidad de que las autoridades mexicanas buscaron infectar los dispositivos electrónicos de los integrantes del GIEI con el malware Pegasus, al tiempo que fueron espiados los defensores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Como se recordará, el 18 de noviembre de 2014 se creó el GIEI, a petición de los familiares de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y por acuerdo entre la CIDH y el Estado mexicano.

Desde enero de 2015, este Grupo se encargó de “aportar asistencia técnica a la investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa y dio recomendaciones al Estado mexicano en materia de desaparición forzada en el país”.

En el Grupo Interdisciplinario designado por la CIDH participaron Carlos Martín Beristain, Angela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa. Sus trabajos en México terminaron abruptamente en abril de 2016, por carecer de condiciones para continuar. El propio gobierno mexicano había desatado entonces una campaña mediática de desprestigio en contra de sus integrantes.

La revelación del posible espionaje gubernamental contra los miembros del GIEI se dio este 6 de julio en Lima, Perú, durante la audiencia de México ante la Comisión Interamericana para tratar el tema del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa.

En la audiencia participó el Centro Prodh, cuyos integrantes ligados a la investigación del caso Ayotzinapa fueron espiados con el malware Pegasus, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Nancy Flores

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