Por órdenes de la presidenta Rosario Piedra Ibarra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acordó la radicación de oficio y atracción del caso de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, de nacionalidad salvadoreña, asesinada al ser sometida por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, Quintana Roo.
En un comunicado, indicó que este hecho lamentable, ocurrido la tarde del sábado 27 de marzo, ameritó la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, por probable uso excesivo de la fuerza, hechos por los que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició una investigación por el delito de homicidio, en agravio de la mujer, en donde participaron elementos de la policía municipal.
“Con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos del ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, así como de la Fiscalía General de Justicia de ese estado, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos, la CNDH integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”.
Para la CNDH, “la violencia contra las mujeres se desarrolla en un marco de impunidad social, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarles una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos. Al tratarse de una mujer víctima del uso excesivo de la fuerza pública, debe recordarse que los derechos de las mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, los cuales se encuentran contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos de la Niñez; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia”.
