La Cámara de Diputados discutirá la próxima semana la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.
En conferencia de prensa, el legislador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) destacó la urgencia de legislar sobre extorsión y señaló que la mayoría parlamentaria, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), podría aprobar la iniciativa entre martes y miércoles de la próxima semana.
Monreal explicó que la ley busca dotar de instrumentos jurídicos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para actuar contra la extorsión, la delincuencia de cuello blanco, el crimen organizado y otros infractores. Asimismo, la dependencia podrá operar un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como propósito prevenir y reducir la extorsión, un delito que ha aumentado en estados como el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y la Ciudad de México. Incluye el endurecimiento de penas según la modalidad del delito, incorporando agravantes y atenuantes. Entre las agravantes se consideran casos cometidos por autoridades o integrantes del Ejército y Fuerzas Armadas.
El marco legal propuesto también provee herramientas a los tres órdenes de gobierno para investigar el delito, atender a las víctimas y proteger a la ciudadanía. Además, modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Entre los principales puntos de la iniciativa se destacan:
Establecimiento de un tipo penal básico uniforme en todo el país, con penas de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Definición de 34 agravantes, divididas en tres categorías: delitos de menor lesividad, casos contra poblaciones vulnerables y situaciones con violencia, armas o participación de servidores públicos, con incremento de penas hasta en dos tercios.
Investigación y sanción de conductas asociadas que faciliten la extorsión, introduciendo el carácter oficioso del delito, de modo que las víctimas no requieran ratificar la denuncia.
Creación del número telefónico 089 para denuncias anónimas y atención a víctimas.
Régimen estricto de ejecución penal que limita beneficios de preliberación o conmutación, con medidas para impedir el uso de dispositivos electrónicos por parte de internos.
Obligaciones específicas para los centros penitenciarios para evitar que personas recluidas continúen con la extorsión.
Participación del sector privado y la sociedad civil en la prevención y erradicación del delito.
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