Las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberán realizar estudios sobre los riesgos que representa, tanto para la población como para la naturaleza, la producción de alimentos derivados del uso de glifosato en el campo mexicano. Los resultados de esos análisis deberán ser informados a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de que hoy se aprobara un dictamen en ese sentido.

Para los legisladores, “existe evidencia científica de algunas enfermedades relacionadas con el uso del glifosato, como el Alzheimer, autismo, defectos de nacimiento, cáncer, enfermedad renal crónica, depresión, abortos y Parkinson”. Por ello, recordaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a los titulares de Semarnat, Sader, Cofepris y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, “por la falta de una regulación adecuada en el manejo de los plaguicidas altamente peligrosos, pues ello constituye violaciones a los derechos de la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud”.

Al discutir el dictamen, indicaron que –con el fin de prohibir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, reducir las presiones sobre los recursos naturales y minimizar la generación de residuos y las emisiones contaminantes– en noviembre de 2019, el gobierno de México, a través de la Semarnat negó la importación de mil toneladas de glifosato. Con ello se atendió “el principio precautorio para la prevención de riesgos. Además, va en sintonía con lo expresado por el presidente de México [Andrés Manuel López Obrador] respecto de abrazar una política de eliminación gradual de los plaguicidas en general, comenzando por el propio glifosato, y de los cultivos transgénicos de maíz, algodón y soya”.

Cada año a nivel mundial, millones de hectáreas de tierras de cultivo, parques y jardines son atendidas con glifosato, potente herbicida señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable cancerígeno para personas y animales, señaló el dictamen aprobado por el Pleno.

Agregó que, “por ser de uso agrario, este ingrediente activo se filtra en el suelo a través del agua y residualmente permanece en los cultivos; además contamina suelos y el hábitat acuático de seres microscópicos, peces, moluscos, ranas, entre otros, así como lombrices de tierra que son fundamentales para la fertilidad del suelo”.

De acuerdo con el comunicado, este producto tóxico es causante de la reducción de la diversidad y cantidad de especies vegetales, afectando a seres vivos que son cruciales para la agricultura, como los polinizadores. También se puede afirmar que se encuentra presente en los alimentos que consumimos, en el agua potable y en el cuerpo humano.

El dictamen legislativo también indicó que en México este implemento agrícola no es considerado como peligroso y es utilizado como herbicida para la elaboración de cervezas y vinos de distribución internacional. Asimismo, añadió que “recientemente una productora de harina de maíz en México, y principal exportadora hacia Estados Unidos, Centroamérica y otras partes del mundo, ha sido cuestionada, pues se encontraron altos niveles de glifosato en sus productos”.

Al respecto, agregó que “las muestras de harina, procedentes de diferentes partes de suelo mexicano, fueron analizadas por los laboratorios Health Reasearch lnstitute, en Iowa –Estados Unidos–, y que los resultados ‘revelaron concentraciones de glifosato que van desde 5.14 hasta 17.59 microgramos por cada kilo de harina’”.

Dicho análisis también reveló “que la presencia de organismos genéticamente modificado en ese alimento alcanzó hasta 94.15 por ciento en una de las muestras, “observándose una clara correlación: a mayor porcentaje de estos organismos modificados, mayor concentración de glifosato”.