Mario Osava/IPS

Río de Janeiro, Brasil. La presidenta Dilma Rousseff parece, como se calificó ella misma hace poco, “una carta fuera de la baraja” del poder, ante la abrumadora derrota sufrida el domingo 17 en la Cámara de Diputados. Pero es tan complejo el enredo de la crisis política en Brasil que su desenlace sigue incierto.

El proceso para su destitución, el llamado “impeachment”, fue aprobado por 367 diputados, 71.5 por ciento del total o 25 más de lo necesario para autorizar su juicio político por el Senado. Como la correlación de fuerzas en el Senado es similar a la de la cámara baja, aparentemente el destino de la presidenta está sellado.

Sin embargo, se vive un tiempo en Brasil que siembra sorpresas casi semanales desde el año pasado. Y el juicio puede prolongarse por más de 6 meses, cumpliendo varias etapas y ritos, bajo tormentas como el escándalo de corrupción que amenaza a más de 300 políticos.

Transmitida a la cámara alta, este lunes 18, la resolución de los diputados que aprobó el proceso de inhabilitación pedido por tres juristas por supuestas irregularidades presupuestarias, los senadores tendrán cerca de tres semanas para deliberar si aprueban o no enjuiciar a la presidenta de izquierda.

Esa decisión sólo exige mayoría simple, de 41 de los 81 senadores, por lo que se da por descontado que Rousseff será procesada. La votación se basará en una evaluación del caso hecha por una comisión especial compuesta por 21 senadores que dispondrán de 10 días hábiles para concluir su informe.

Durante esas semanas, Rousseff seguirá en la Presidencia, que asumió el primer día de 2011. Ella sólo será suspendida de sus funciones si la plenaria del Senado aprueba procesarla. Entonces, otra comisión especial investigará, oirá la defensa y elaborará su parecer, con la propuesta de condena o absolución de la acusada.

El plazo para esa etapa final es de 180 días y culminará con el juicio, presidido por el presidente del Supremo Tribunal Federal (SFT) y con los 81 senadores convertidos en jueces.

Rousseff sería inhabilitada y con prohibición de ejercer funciones públicas por 8 años, si dos tercios de los senadores, 54, la condenan. Ella será absuelta si logra 28 votos favorables en que se incluyen abstenciones y ausencias.

Los factores que pueden alterar tanto el guion como el final son muchos y variados.

Los que conducen ese proceso y heredarían el poder, si la presidenta resulta separada del cargo, están todos involucrados en las denuncias de corrupción de la Operación Lava Jato (autolavado de vehículos) y podrán perder sus puestos por un juicio del SFT, la instancia que procesa a legisladores y miembros del Ejecutivo.

El más amenazado es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que fue decisivo en la fase inicial del proceso contra Rousseff, al acelerar los trámites.

Pero ese papel crea resistencias al impeachment. Cunha, con denuncias de haber recibido millones de dólares en sobornos por favorecer negocios con la compañía petrolera estatal Petrobras y tener cuentas ilegales en Suiza, es visto como el mayor símbolo de la corrupción, incluso entre los que apoyan la inhabilitación de la presidenta.

Muchos de los diputados aprovecharon para acusar de “ladrón” o “corrupto” al presidente de Diputados, al informar sobre su voto el domingo. Incluso algunos que votaron a favor del juicio político trataron de apartarse de la imagen de Cunha.

El diputado Jarbas Vasconcelos, por ejemplo, acusó a Cunha de “manchar” al proceso y a la Cámara.

Ambos pertenecen al socialdemócrata Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aliado del gobierno hasta el mes pasado y que, con la suspensión de Rousseff, presidiría el Poder Ejecutivo y las dos cámaras del legislativo Congreso Nacional.

El vicepresidente Michel Temer, que asumiría la Presidencia si la titular reelegida en octubre de 2014 es enjuiciada, y el presidente del Senado, Renán Calheiros, fueron denunciados como beneficiarios de la corrupción orquestada desde Petrobras, por procesados que colaboran con la justicia, en la llamada “delación premiada”.

El foco de las denuncias y de las informaciones tenderá a concentrarse en esos tres jefes del nuevo poder, especialmente porque los presidentes de Diputados y del Senado, en ese orden, son los eventuales sustitutos del presidente de la República.

El hecho resaltará una contradicción que los defensores de Rousseff intentan destacar: el hecho de que ella es una excepción entre los protagonistas de esas disputas por el poder, como ajena a todas las acusaciones de corrupción.

Su aislamiento, sin embargo, se debió a la imagen del izquierdista y todavía gobernante Partido de los Trabajadores (PT), como el campeón de desviaciones de recursos públicos durante sus gobiernos, iniciados en 2003 por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nuevas denuncias o investigaciones de la operación Lava Jato, encabezadas por el Ministerio Público (fiscalía) y la Policía Federal, podrán alterar el cuadro político, como lo hicieron en los últimos meses al investigar favores que habría recibido Lula de grandes constructoras, ejecutoras de grandes proyectos petroleros e hidroeléctricos en las últimas décadas.

Otro frente imprevisible lo representa la actual investigación de las cuentas de la campaña electoral de 2014 por el Tribunal Superior Electoral, que podrá invalidar el triunfo de la fórmula Rousseff-Temer, por uso de recursos ilegales. Varios testimonios señalan que hubo contribuciones provenientes de los sobornos pagados por Petrobras.

En caso de que se impugnen los resultados este año, habría nuevas elecciones presidenciales. Pero los especialistas creen que el fallo sólo ocurriría en 2017, y en ese caso será el congreso el que elegirá al presidente y el vicepresidente que deberán culminar el periodo.

Mientras, se anticipa que la crisis económica se ahondará, porque difícilmente un gobierno interino podría adoptar las medidas impopulares que los economistas en general, y el propio Temer, consideran indispensables para enfrentar la recesión, tales como el ajuste fiscal.

En la situación política es posible una tregua, pero será difícil acomodar los intereses de una veintena de partidos que contribuyeron a aprobar el impeachment en Diputados. La amplia mayoría alcanzada se debió a partidos medianos y pequeños que adhirieron a las grandes fuerzas opositoras cuando se hizo probable la derrota de Rousseff.

Compartir el poder, aunque en posiciones subalternas, ha sido el gran combustible de las decisiones políticas en Brasil últimamente.

La corrosión de la nueva coalición en el poder será inevitable, por divisiones internas, la recesión económica y el consecuente desempleo, novedades en las investigaciones sobre corrupción y manifestaciones callejeras que deberán intensificar los partidarios de Rousseff.

Los medios de comunicación, que la izquierda acusa de parcial en contra de Rousseff, Lula y el PT, probablemente concentrarán sus noticias negativas en desmedro de los nuevos detentores del poder, ampliando la erosión.

La defensa de la presidenta, encabezada por el Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, intenta descalificar la decisión de los diputados, que acogió el impeachment, señalando que es “netamente político” y no comprobó ningún “crimen de responsabilidad” cometido por Rousseff.

En el régimen parlamentario eso es posible, pero no en el presidencialista de Brasil. El proceso se critica como inconstitucional, ya que no hay bases jurídicas, es decir un delito concreto de la acusada, para la inhabilitación de la jefa del Estado, que no puede basarse solo en razones políticas, arguyó.

Probablemente esos argumentos no alterarán un fallo del Senado, ante el aislamiento de la presidenta, pero puede ampliar el movimiento contra su destitución.