El 80% armas legales e ilícitas que llegan a México proceden de Estados Unidos

El 80% armas legales e ilícitas que llegan a México proceden de Estados Unidos

Armas
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Estados Unidos es responsable de la violencia armada en México, asegura un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos. Ello, porque el 80 por ciento de las armas legales e ilícitas que llegan al país proceden del vecino del norte

Estados Unidos es la fuente de la mayoría de las armas de fuego utilizadas en la violencia armada en México, al exportar el 80 por ciento al país, y ser origen del 70 por ciento de las armas ilícitas recuperadas al crimen organizado, señala el informe Armas invisibles, dolor permanente: la necesidad urgente para transparentar el comercio de armas en Estados Unidos y México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de que, entre 2008 y mayo de 2021, se registraron 309 mil 793 muertes violentas por homicidio doloso, de las que 59.2 por ciento fueron perpetradas por un arma de fuego. Las cifras oficiales indican que 2019 fue el año más violento, con 20 mil 716 homicidios y feminicidios cometidos con arma de fuego.

El informe Armas invisibles, dolor permanente apunta que, si la misma proporción de armas de fuego de origen estadunidense se usa en homicidios con armas de fuego en México, “entonces las armas estadunidenses se emplean en más asesinatos en México que en todo Estados Unidos”.

Por esta razón, considera que cualquier explicación del impacto del mercado de armas de Estados Unidos, así como su falta de regulaciones y transparencia, debe considerar cómo estas armas se utilizan en la violencia en México, incluidos homicidios, lesiones, desplazamiento forzado, violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, extorsión y trata de personas.

El informe explica que, de acuerdo con certificados de usuario final para más de 147 mil armas de fuego exportadas de Estados Unidos a México, para uso de las policías desde 2008 hasta 2019 –consultados vía transparencia– se declaró al Ejército como el usuario final, mientras que en 2020, el 96 por ciento se destinaron a policías y fuerzas armadas.

Algunos datos contrastados por los autores del informe desvelan deficiencias y contradicciones entre lo reportado por las Fuerzas Armadas de México y el registro del Tratado de Comercio de Armas (TCA) de la Organización de las Naciones Unidas, que regula el comercio internacional de armas convencionales, desde armas pequeñas hasta carros de combate, aeronaves y buques de guerra, en vigor el 24 de diciembre de 2014. Éste obliga a países miembros a informar sobre importación de armamento.

Por ejemplo, respecto de las armas adquiridas para uso militar, señala que la Secretaría de Marina (Semar) informó que en 2016 adquirió 85 armas de fuego; sin embargo, el reporte al Tratado de Comercio de Armas (TCA, en inglés) detalla que, para ese año, 241 armas de fuego adquiridas por Semar, incluyendo 116 ametralladoras y 25 subametralladoras.

Por su parte, la Sedena señaló adquisiciones de armamento desde 2006-2020 para su propio uso, pero al contrastar este informe con reportes del TCA se observó que las facturas no incluyen datos de armas adquiridas para usos militares. Es decir, la Sedena no reportó algunas armas que sí aparecen para uso militar en el reporte al TCA.

Por ejemplo, el reporte al TCA informó de la adquisición, en 2019, de 199 ametralladoras de calibre .50 para uso militar de FN Herstal, una empresa belga; esas armas no aparecen en las adquisiciones de Sedena para ese año.

Para 2017, el reporte al TCA dio cuenta de 1 mil 982 pistolas adquiridas de Sig Sauer para uso militar; sin embargo, la Sedena no informó de ninguna pistola adquirida de esa empresa para ese año.

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Violencia armada en México

Al reconocer que no existe un registro de armas, sino una base de datos segmentados, el director del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), David Pérez Esparza, considera que hay tres grandes actores que compran armas en México. “El Estado compra armas de manera legal, [además, de manera ilegal lo hacen] la delincuencia organizada y la ciudadanía. Entonces tenemos violencia del Estado, violencia criminal y violencia social”. Por ello, el Centro Nacional de Información está trabajando en un registro de armamento, porque “tenemos especies de base de datos segmentadas”.

Consultado por Contralínea en la ronda de preguntas durante su conferencia “Evolución de la violencia armada en México” –presentada en la clase “Narcotráfico y crimen organizado en México 1900-2012” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM–, Pérez Esparza reconoce que la violencia de armas sí tiene que ver con el Estado, tiene que ver con el crimen, pero aclara que hay un componente sub estudiado que es la violencia doméstica, la violencia de pareja vinculada con las armas, y la violencia comunitaria.

Destaca que para que cada uno de estos tres problemas, tres actores, tres dinámicas relacionadas con las armas hay soluciones distintas que deben ser discutidas y analizadas para resolver el problema de la violencia armada en el país.

Para el funcionario, doctor en ciencias aplicadas a la seguridad con especialidad en crimen organizado por la University College London, no existe una mejor manera de fusionar toda la información sobre armas que hay en el país que en una base de datos. “Es muy importante [contar con una base de datos sobre armamento confiable] porque realmente es una falacia suponer que sólo los criminales compran armas”.

Hoy un grupo criminal compra armas, pero no es el único actor que genera violencia: hay casos típicos de familias que se enfrentan a balazos por una herencia, pleitos en cantinas en los que se matan, e incluso violencia comunitaria donde  las armas están presentes, como en  Guerrero y Michoacán donde la gente se mata por terrenos, indica el experto.

“La información que tenemos tristemente hasta ahorita no se enfoca en armas, se enfoca en víctimas; sin embargo, hay instrumentos como, por ejemplo, el Registro Nacional de Detenciones que implementamos en  noviembre de 2019 que ya nos da información confiable. Por ello, si bien es cierto no contamos con información tan desagregada y tan clara como antes, como es la parte de víctimas de homicidio, ya cada vez estamos acercándonos más”.

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Enfrentamientos armados

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos, entre 2007 y 2020 la Sedena reportó 4 mil 995 enfrentamientos entre militares y el crimen organizado, lo que corresponde a más de 350 enfrentamientos armados por año.

Por su parte, la Semar señaló que de 2008 a 2020 participó en 389 enfrentamientos con grupos del crimen organizado, un promedio de 29 agresiones por año. La Guardia Nacional, por su parte, participó en al menos 120 enfrentamientos del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020.

De todos estos incidentes, la Sedena muestra un mayor índice de letalidad: de 2007 a 2020, del total de 5 mil 374 fallecidos reportados, 5 mil 42 fueron civiles que se presume eran delincuentes, lo que representa un 94 por ciento del total de personas asesinadas.

Por su parte, la Guardia Nacional reportó 44 fallecidos en enfrentamientos, 27 fueron civiles que se presume eran delincuentes, un civil no involucrado y 16 elementos de la Guardia Nacional, en el mismo periodo.

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Cifras incompletas y contradictorias

El rompecabezas de datos sobre armas de fuego importadas se observa al examinar la marca Colt Manufacturing, con sede en Hartford, Connecticut, Estados Unidos. México ha importado más de 20 mil carabinas Colt para uso de la policía desde 2006, según datos que se desprenden de las facturas de Sedena obtenidas vía transparencia.

Sin embargo, las facturas muestran que llegan a la policía solamente 52 por ciento de todas las armas de fuego Colt importadas que México reportó a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en ese periodo.

De acuerdo con la legislación de Estados Unidos, para todas las armas de fuego importadas hasta marzo de 2020, el usuario final debe firmar un certificado de uso final, que describa tipo de armas y cantidad, y debe ser enviado al Departamento de Estado.

De acuerdo con estos certificados de uso final –conocidos como formatos DSP-83– para 2017, 2018 y 2019, la Sedena registró la importación de más de 393 armas Colt (2 mil 997 armas). No obstante, los formularios DSP-83 tampoco capturaron todas las importaciones de Colt y la Sedena testó parte de la información de muchos certificados, incluida la cantidad adquirida entre 2017-2019, que tenían un valor total de más de 420 mil dólares. Además, la Sedena presentó a la empresa exportadora otros certificados de uso final, aparentemente para armas de fuego diferentes a las documentadas en los certificados DSP-83.

Entre 2017 y 2019, se informó que otras 203 armas de fuego Colt fueron importadas para uso policial, lo que amplió aún más la discrepancia entre lo que México reportó a la ATF y el informe de uso de la Sedena, donde se da cuenta de 1 mil 393 armas Colt importadas. Incluso teniendo en cuenta los datos tachados en los certificados, la cantidad de importaciones de Colt en las facturas muy probablemente no es mayor de 1 mil 850, que es considerablemente menos de lo que México reportó a la ATF.

Los datos oficiales de Estados Unidos tampoco ayudan a clarificar cuántas armas de fuego Colt exportó a México. Por ejemplo, el reporte de la ATF indicó que Colt exportó 461 rifles y 414 armas de fuego diversas a nivel mundial en 2018; cantidad que es menor al número de carabinas Colt que México reportó a la ATF como importadas desde Estados Unidos hacia México ese año.

En respuesta a solicitudes de información, la Sedena dijo que recuperó 129 mil 384 armas de fuego entre 2010 y 2021 por fecha, municipio, marca, calibre y número de serie de las armas.

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Control de armamento, prioridad

David Pérez Esparza, responsable de la Red Nacional de Telecomunicaciones y quien coordina un equipo de más de 5 mil funcionarios federales, estatales y municipales en estrategias de seguridad, incidencia delictiva, reducción de la violencia y el uso de inteligencia policial basada en evidencia.

“Un proyecto que estamos realizando para evitar que las armas oficiales se extravíen, ya que en los últimos 10 años se han perdido alrededor de 40 mil armas, es decir, hay armas de policías estatales, municipales inclusive del ejército se han perdido y obviamente tomado por parte del crimen organizado”, indica.

Señala que ello ocurre porque muchas policías no cuentan con los requisitos mínimos para salvaguardar de manera segura las armas. Por ejemplo, policías que van al baño en una carretera y dejan el arma en el baño o policías extravían su arma cuando salen de turno.

“Una serie de casos lamentables en que los policías pierden las armas porque no contamos con un sistema de inventarios, por lo que estamos desarrollando un proyecto para obligar a todas las policías del país a contar con un resguardo seguro, propuesta que impulsamos desde el CNI con apoyo de Sedena, Semar y Guardia Nacional”.

Además destaca que se promueve la estrategia de desarme, es decir, personas que no quieren sus armas pueden entregarlas. “Hay que ver cómo funciona en el futuro: hay países que lo han hecho muy bien como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda que han logrado despistolizarse”. No obstante, reconoce que los criminales no van a entregar las armas, sino personas que heredaron armas. Entonces una solución óptima que de alguna manera resuelve problemas cómo lesiones culposas.

Lo que queremos es participar en una segunda encuesta como la que hicimos con Harvard para dar un estimado de cuántas armas hay en el país ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? y ¿Por qué las tiene?, refiere Pérez Esparza.

Tráfico de armas en la agenda bilateral

El tráfico ilegal de armas entre México y Estados Unidos ha sido uno de los temas más relevantes de la agenda de seguridad bilateral, ya que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2017, alrededor de 464 mil personas fueron asesinadas en todo el mundo.

La delincuencia organizada sería la responsable del 20 por ciento del total de ese número global de homicidios, pero en México y América Central la cifra asciende hasta el 40 por ciento, aseguró un estudio de David Hernández López, investigador del Instituto de investigaciones Gilberto Bosques, del Senado de la Republica.

En su análisis El estado del tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México (octubre 2021), señaló que desde 2005 las organizaciones criminales mexicanas tendrían “acceso ilimitado al mercado de armas de asalto en Estados Unidos”.

Asimismo, refirió que cuando inició la pandemia de Covid-19 en 2020, las ventas de armas en Estados Unidos aumentaron en un 65 por ciento en comparación con el año anterior: se reportó la venta de más de 3 millones de armas de fuego. “En 2021 no ha disminuido; tan sólo en enero pasado, los estadunidenses compraron 4.3 millones de armas, un récord mensual”.

Armas robadas o extraviadas

El informe Armas invisibles, dolor permanente: la necesidad urgente para transparentar el comercio de armas en Estados Unidos y México –de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos– también se refiere a las discrepancias en las contabilidades de armas reportadas como robadas o extraviadas. Al respecto, cita respuestas a solicitudes de información por parte de la Sedena.

Las respuestas de la solicitud de 2020 con folio 0000700030020 muestran discrepancias en los números de armas reportadas como robadas o extraviadas, respecto de los que se reportaron en la respuesta con folio 00007700119913 de 2013. Mientras que en 2013 se dijo que fueron extraviadas o robadas 3 mil 434 armas para el año 2006, en 2020 se contabilizaron únicamente 1 mil 571 armas en el mismo año de 2006, es decir un 54 por ciento menos armas extraviadas/robadas.

El motivo de este ajuste no queda nada claro, se podría pensar que, conforme se actualiza la información, más reportes de armas perdidas se integrarían a lo largo de los años, pero la tendencia parece ser contraria.

El informe concluye que la respuestas de transparencia e informes públicos y oficiales, muestran discrepancias en mayor o menor medida. Al final, lo único que queda claro es que la información reportada no genera confianza sobre el destino de armas exportadas y comercializadas, ni sobre armas ilícitas aseguradas y las reportadas como extraviadas o robadas.

“Esto sugiere que, aunque se responda a las solicitudes de información incluso a partir de quejas y recursos, lo que sucede con las armas en México y Estados Unidos es una caja oscura”.

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