México figura entre los 105 países que firmaron el pacto para detener y revertir la deforestación antes de 2030, el cual forma parte de los logros alcanzados durante la 26º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26, por su sigla en inglés). La unión formal se entregó este 2 de noviembre, un día después de consumarse el tratado.
En la Declaración de Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra –publicada en la página oficial de la cumbre climática–, los Estados firmantes reafirmaron su compromiso con el uso sostenible de la tierra y con la conservación, protección y restauración de los bosques y otros ecosistemas terrestres.
Estas medidas de protección ambiental también aparecen en el Acuerdo de París –tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante–, donde México también figura entre los 196 países participantes. Ambos convenios buscan mantener el calentamiento global por debajo de los 2º C, y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1.5º C.
“Nos comprometemos a trabajar colectivamente para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030, al mismo tiempo que brindamos un desarrollo sostenible y promovemos una transformación rural inclusiva”, se lee en el pacto alcanzado en la COP26.
En México hay 122 zonas críticas forestales
El pasado 26 de octubre, María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que en el país hay 122 zonas críticas forestales, donde se identifican ocho ilícitos: tala clandestina, lavado de madera (cuando se utiliza más de una vez un permiso con volumen determinado), extracción de madera sana, sobreexplotación de los recursos, incumplimientos de programas de manejo, cambio de uso de suelo, incendios provocados y delincuencia organizada.
Las zonas críticas forestales se detectaron en 28 estados de la República. Veracruz (nueve), Jalisco (siete) y Guanajuato (siete) son las entidades federativas con más sectores en riesgo; mientras que Tlaxcala (una), Nuevo León (una) y Sinaloa (dos) son las que registran la menor cifra de demarcaciones afectadas.
Para atender esta problemática, señaló la secretaria, la Semarnat inició –en abril pasado– una estrategia para combatir los ilícitos en la cadena de aprovechamiento forestal, la cual se trabaja en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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