Cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron este 19 de julio en Ginebra que, en México, los defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas enfrentan un entorno hostil y de desprotección.
Al exhortar al gobierno de Enrique Peña Nieto a investigar el espionaje gubernamental, Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad, advirtieron que este tipo de vigilancia vulnera seriamente los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y la libertad de asociación.
Por ello, indicaron que la indagatoria sobre las denuncias de la presunta utilización de spyware para espiar a defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas debe ser “transparente, independiente e imparcial”.
De acuerdo con un comunicado emitido por la ONU, este exhorto se da “a 1 mes de las revelaciones hechas por organizaciones civiles y medios internacionales sobre el presunto uso por parte de autoridades mexicanas de un spyware denominado ‘Pegasus’ para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos durante 2015 y 2016”.
La ONU recuerda que dicha intervención ilegal “habría afectado a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad”.
Agrega que “también se habría visto afectado el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado para participar en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa”.
Para los relatores, “dada la gravedad de los hechos, el gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia”.
A los cuatro expertos les preocupa “la posible implicación en la compra y el uso de ‘Pegasus’ de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación”. Por ello, llamaron al gobierno “a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador”.
Los relatores consideran que “la resolución de este caso a través de una investigación independiente e imparcial representa un paso clave para demostrar la voluntad del Gobierno en la lucha contra la impunidad en la procuración de justicia en México”.
Finalmente, los relatores urgieron al gobierno mexicano a “garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo. Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado”.
Nancy Flores
