El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una de las guerrillas con presencia, principalmente, en el estado de Guerrero, rechaza las versiones que buscan involucrarlo en el asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera. El legislador local, entonces coordinador de la bancada de Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del estado, fue asesinado el 20 de agosto de agosto de 2003.
Mediante su “comunicado estatal 22”, el ERPI recuerda que el asesinato del político ocurrió en medio de la disputa por la candidatura del PRD al gobierno de la entidad. Chavarría Barrera, señala el movimiento armado, “fue ejecutado en Chilpancingo en un contexto político de enfrentamiento con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo”.
Para el ERPI y “la opinión pública”, el responsable intelectual del asesinato es el exgobernador Torreblanca. Sin embargo, para encubrir el crimen, la entonces Procuraduría General de Justicia –hoy Fiscalía General– del Estado de Guerrero junto con el federal Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), armó “una mala novela policiaca”. En ella, un supuesto exintegrante de la guerrilla acusa a dirigentes y exdirigentes del ERPI y a los políticos perredistas Dolores Padierna y René Bejarano de ser quienes organizaron y ordenaron el asesinato.
En fechas recientes y en las vísperas de que se conmemoren 8 años del asesinato de Armando Chavarría, el actual fiscal general del estado, Javier Olea Pérez, declaró que cuenta con más datos de los autores del crimen.
Por ello, el ERPI recalca lo que desde 2003 señaló: que no estuvo involucrado en el asesinato y que esa supuesta “reunión entre guerrilleros y políticos del PRD jamás existió”.
También rechazan que el “testigo” Raúl Jiménez García haya sido miembro de su organización, como tampoco Miguel Ángel Serafín, Roberto Ángel García, Miguel Díaz Escobar, Camerino Florentino, Demetrio Rosendo “y una larga lista de personas que se mencionan en el expediente”. Asimismo, aclaran que, desde 1999, cuando fue detenido en calles de la Ciudad de México, el excomandante Antonio “no participa en actividad alguna del ERPI por lo que tampoco pudo haber planeado ni haber participado de forma alguna en ese homicidio”.
Para el ERPI, “si [el actual gobernador] Héctor Astudillo quiere reivindicarse, que su fiscal Javier Olea Pérez detenga a Zeferino Torreblanca, Ignacio Rendón Romero y Carlos Álvarez Reyes, entre otros, así como a los autores materiales, es decir, los policías ministeriales, según la versión del comandante [de la Policía Ministerial] Trinidad Zamora Rojo [levantado, torturado y asesinado supuestamente por un cártel del narcotráfico en 2011] ante Alberto López Rosas”, entonces titular de la Procuraduría de justicia estatal.
Los integrantes del ERPI, señalan, “nos deslindamos [del asesinato] y alertamos al movimiento social, a las organizaciones que defienden los derechos humanos a estar pendientes de las acciones de hostigamiento y represión que pueda llevar a cabo el gobierno fascista de Héctor Astudillo en su intento de encubrir a Zeferino Torreblanca y culpar a hombre y mujeres inocentes”.
Zósimo Camacho
