El modelo de separación legal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), firmado en 2016 por la pasada administración, fue considerado fallido por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, la Secretaría de Energía prepara cambios.
Al resoecto, la titular de la dependencia –Rocío Nahle García– firmó el “Acuerdo por el que se modifican los términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, publicados el 11 de enero de 2016”, en el cual señala que el proceso no garantizó competitividad y no fomentó la operación eficiente del sector eléctrico como consecuencia de la inadecuada distribución de sus recursos.
Publicado este 25 de enero en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo indica que la creación de cinco empresas subsidiarias y una filial dentro de la CFE ocasionó la separación de centrales termoeléctricas que debían estar en un mismo espacio físico, lo que derivó en una operación ineficaz. Ello, porque se complicó la transferencia de refacciones y de personal especializado provocando a su vez gastos innecesarios.
También señala que derivó en un deterioro paulatino de su operatividad, dado que la disponibilidad de las centrales de generación se redujo un 9.7 por ciento en 3 años (de 2015 a 2018), teniendo como resultado “despachar a centrales más costosas”.
Incluso cita que la Auditoría Superior de la Federación advirtió que cuatro de las empresas no tuvieron las condiciones de rentabilidad ni generaron ganancias económicas para el Estado. Además, la adquisición de combustible a menor precio no ha funcionado: los precios siguen en aumento y ha generado un déficit financiero para el organismo.
El acuerdo señala como cambios: los contratos para cada empresa que seleccionará la Sener; así como la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica y del servicio público de distribución de energía eléctrica se llevará a cabo mediante las empresas.
Asimismo, los nuevos términos señalan que las empresas deberán coordinarse para desarrollar e incorporar nuevas tecnologías, para reducir las energías contaminantes y mejorar la seguridad industrial.
La Comisión tiene un plazo de 60 días naturales a partir de tal publicación para presentar una propuesta de “reasignación” de recursos y contratos de creación de las subsidiarias que considere contribuyan a mejorar la eficiencia del sector. El objetivo de las adecuaciones, según la secretaria Nahle, es reducir precios para el usuario final.
Jordana González
