El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) ha proporcionado información “falsa o imprecisa” durante las investigaciones relacionadas con el traslado de Ismael –el Mayo– Zambada a Estados Unidos, acusó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. En conferencia sobre el avance de las indagatorias sobre este caso, advirtió que, si se confirma la participación de agentes del FBI en esa operación realizada en territorio mexicano, el caso podría constituir una violación a la soberanía nacional, al derecho internacional y a las normas que rigen las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La titular de la FGR sostuvo que las diligencias realizadas por la institución han evidenciado inconsistencias en la información entregada por las autoridades estadunidenses, particularmente respecto de la aeronave utilizada para trasladar a Zambada, cuyo secuestro continúa bajo investigación.

“La Fiscalía General de la República realiza ya nuevos actos de investigación”, informó. También precisó  que ya se hicieron nuevos requerimientos de información al gobierno del país vecino, mediante los mecanismos de asistencia jurídica internacional, previstos en el tratado bilateral vigente.

Recordó que el 23 de julio de 2024 la FGR tuvo conocimiento, a través de medios de comunicación y de reportes de las representaciones mexicanas en Estados Unidos, de que Ovidio Guzmán, extraditado por México en septiembre de 2023, había sido incorporado al programa de testigos protegidos de ese país. Dos días después, añadió, la embajada de Estados Unidos notificó el cambio de medida cautelar sin consultar al gobierno de México.

Ese mismo 25 de julio ocurrió la operación mediante la cual Ismael Zambada fue privado de su libertad en Sinaloa, y posteriormente trasladado a Nuevo México, hechos que actualmente son investigados por la FGR.

La fiscal explicó que la cercanía temporal entre ambos acontecimientos, los vínculos familiares y la relación entre las organizaciones criminales involucradas permiten inferir una posible conexión entre el cambio de estatus de Ovidio Guzmán, la recepción de 17 de sus familiares por parte del gobierno estadunidense y el presunto secuestro deMayo, aunque aclaró que las investigaciones siguen en curso.

De igual manera, señaló que un reportaje publicado recientemente motivó nuevas líneas de investigación, al plantear que el FBI habría participado directamente en la operación para capturar a Zambada dentro de territorio mexicano.

Según explicó, dicha publicación sostiene que la agencia estadunidense reconoció la operación como propia y que Joaquín Guzmán López habría sido el principal ejecutor material del traslado. La fiscal subrayó que, de comprobarse esos hechos, las implicaciones serían de gran alcance. “Estaríamos frente a una serie de posibles violaciones graves”.

Explicó que una eventual participación directa del FBI implicaría una posible violación al derecho mexicano e internacional, un acuerdo realizado al margen de la ley y una afectación al principio de buena fe que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados.

Como parte de las investigaciones, personal de la FGR acudió en agosto de 2024 a instalaciones del FBI en El Paso, Texas, y posteriormente inspeccionó la aeronave utilizada en el traslado, ubicada en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

Sin embargo, la fiscal aseguró que durante esas diligencias las autoridades estadunidenses impidieron realizar diversas actuaciones ministeriales indispensables para esclarecer los hechos.

Detalló que no se permitió tomar fotografías del avión, tampoco efectuar las inspecciones que normalmente se practican en una investigación de esa naturaleza, y únicamente se informó que el piloto había solicitado ser deportado inmediatamente a México, sin proporcionar mayores datos de identificación. “Es de destacar que las autoridades norteamericanas, en distintas ocasiones, han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión”.

La fiscal añadió que la investigación mexicana ya permitió identificar al piloto mediante peritajes de audio, establecer que la pista desde donde despegó la aeronave no contaba con autorización para operar, y acreditar que el avión presentaba alterados sus medios de identificación.

Asimismo, informó que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano entregó el audio de las comunicaciones en las que el piloto solicitó a la torre de control de Ciudad Juárez un código transponder para ingresar a territorio estadunidense.

La fiscal Godoy recordó que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró el 9 de agosto de 2024 que su gobierno no había participado en la captura de Ismael Zambada, que no intervino una aeronave estadunidense ni agentes de ese país, y que se trató de un conflicto entre grupos criminales.

No obstante, sostuvo que, si se confirma la información recientemente conocida sobre una eventual aceptación del FBI respecto a su participación en la operación, esas declaraciones quedarían desmentidas. “Todo apunta a que estaríamos de cara a una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadunidense”.

Durante la conferencia, el especialista en derecho internacional Raúl Armando Jiménez sostuvo que, de acreditarse la falsedad de las declaraciones del entonces embajador, se habría vulnerado el principio de buena fe que constituye uno de los pilares de las relaciones diplomáticas internacionales.

Explicó que, conforme a la información reunida por la FGR, la afirmación de Ken Salazar sobre la inexistencia de participación de agencias estadunidenses “resulta falsa de toda falsedad”, lo que, dijo, implicaría el incumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

No obstante, aclaró que ello no implica responsabilidades penales para el exembajador, ya que los representantes diplomáticos cuentan con inmunidad internacional durante el ejercicio de sus funciones. “Lo que se le reprocha al embajador Salazar es que se condujo con falsedad […] violentó el marco regulatorio de la diplomacia internacional”.

Además, la fiscal informó que, desde el 25 de julio de 2024, la FGR mantiene abiertas siete carpetas de investigación relacionadas con este caso, entre ellas por el homicidio de Héctor N, el secuestro de Ismael Zambada, la desaparición de dos de sus escoltas y delitos contra la procuración de justicia por presuntas alteraciones de la escena del crimen.

En esas indagatorias se han realizado 153 entrevistas, 1 mil 288 informes y 124 dictámenes periciales, además de múltiples solicitudes de asistencia jurídica internacional.

La titular de la FGR agregó que México también solicitó formalmente la extradición de Ismael Zambada para que enfrente las órdenes de aprehensión vigentes en su contra; sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió que no era posible atender la petición debido a que actualmente enfrenta un proceso penal ante una corte federal de ese país.

Finalmente, la fiscal aseguró que las investigaciones continuarán, y advirtió que, si se acredita la participación de agencias extranjeras en los hechos investigados, la FGR buscará determinar el grado de responsabilidad de quienes hayan intervenido, siempre bajo el principio de defensa de la soberanía nacional.