La estadunidense Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) montó una trampa a traficantes de armas para detener a una persona sólo identificada como “Ubaldo” y a su grupo de traficantes. Con agentes encubiertos, la FBI simuló una compra de armamento de alto poder para los cárteles mexicanos.
Un lanzador de mortero, un lanzagranadas, 10 granadas, 10 fusiles de asalto AK47, explosivos plásticos y cuatro chalecos antibalas fueron adquiridos por los agentes al grupo de delincuentes, el cual ya fue condenado por el Poder Judicial Federal de Estados Unidos por conspiración contra ese país y por violar la Ley de Control de Exportación de Armas.
Para introducir las armas a México, los agentes encubiertos propusieron hacerlo vía Estados Unidos. Por ello acordaron con los delincuentes almacenarlas en Filipinas, sobornar las aduanas de ese país y enviarlas a Estados Unidos.
El caso no sólo reveló la ruta de las armas a México desde Filipinas, sino que desde el punto de vista jurídico confirmó que el Poder Judicial de Estados Unidos considera que tiene jurisdicción internacional cuando se ve involucrado su país en un delito que se comete en el extranjero y cuando se trata de trasiego de armas.
Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso estadunidense señala que “el Noveno Circuito reconoció los estatutos federales de contrabando como excepciones a la presunción general de que las leyes de Estados Unidos se aplican sólo dentro de Estados Unidos”.
Zósimo Camacho
