En busca de justicia para víctimas de feminicidio, personas desaparecidas, asesinadas y presos políticos, más de 30 representantes de colectivos miembros del Frente Nacional Ni Una Menos se encuentran la tarde de este 24 de septiembre con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dialogar sobre posibles soluciones.

Cada jueves iba a haber mesas de diálogo con los colectivos. Y así ha sido. “Cada semana vienen alrededor de 30 colectivos diferentes a exponer sus demandas”. Ése fue el acuerdo desde la primera mesa de diálogo celebrada entre Gobernación y el Frente Nacional.

Los colectivos  exponen sus casos a comisiones de derechos humanos, en búsqueda de respuestas por parte de las autoridades que “deberían hacer su trabajo”, dijo Yesenia Zamudio, lideresa del Frente.

Y es que, afirmó, las familias del Frente Nacional son víctimas de las instituciones por las omisiones cometidas. Zamudio refirió como ejemplo, que cuando una mujer es asesinada, no se investiga con perspectiva de género y mucho menos como feminicidio: los casos están parados. “Muchos  están disfrazados de suicidios. Y responsabilizan a la víctima”.

Como el caso de su hija María de Jesús Jaimez Zamudio, quien fue “víctima de feminicidio” en enero de 2016. La madre de la joven indicó que el crimen “fue a manos de servidores públicos, no sólo del profesor [y los estudiantes que presuntamente cometieron el delito], sino también, de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y peritos, (…) por haber cometido omisiones” en la investigación.

Funcionarios que intentaron hacer pasar por suicidio el crimen cometido en contra de la estudiante del Instituto Politécnico Nacional, señaló; sin embargo, de acuerdo con Yesenia Zamudio “no hay forma de que sea así, porque no tenía ni un rasgo de depresión. La aventaron de un quinto piso”.

Y advirtió que su caso no el único. Entre quienes se encuentran en la reunión con representantes de la Segob está Omar Hernández Velázquez, hermano de Tania Elis Hernández Velázquez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, quien se encuentra presa en el penal de Santiaguito, acusada por haber cometido daños en propiedad privada en modalidad de pandilla.

“Estoy aquí para buscar justica. La UNAM le pide 4 millones de pesos y la tiene como si fuera una psicópata. [Pero] ella sólo buscaba ayudar a las víctimas de abusos cometidas por personal administrativo y directivo”, acusó Omar Hernández. La joven participaba en la toma de la institución para visibilizar el acoso sexual en la máxima casa de estudios cuando un grupo de hombres entraron a agredir a los paristas y, para lograr escapar, algunos provocaron un incendio.

También se encuentran madres en busca de sus hijos desaparecidos provenientes de diferentes estados de la República. Tal es el caso de Claudia Valdez Camargo, madre de Ángel Giovanni Martínez Valdez, víctima de la delincuencia organizada. “Mi hijo fue a dejar un pasaje a Jalisco en Uber. Lo levantaron en 2016: entraron a una casa donde él estaba junto con dos amigos”. Ella demandó se investigara la desaparición; sin embargo, una ministerio público jalisciense le advirtió no poder investigar, dado que había más casos antes.

“Llevo dos años buscándolo y no tengo respuesta de las autoridades”. Claudia Valdez comenta en entrevista que ella ha investigado por sus propios medios. Incluso ha llevado sus hallazgos a las autoridades “y no hay respuesta”.

Viene de Guerrero, forma parte de una organización que acompañamos a víctimas de desaparecidos, “porque no es uno, son miles”. La activista denuncia que el pasado 23 de septiembre no se llevó a cabo una reunión con la secretaria Olga Sánchez Cordero “fue injusto porque vinieron muchas víctimas para que sus carpetas de investigación fueran revisadas. Fue un engaño”. Es por eso que “hoy venimos y nos unimos al Frente para unir fuerzas”.

Finalmente Yesenia Zamudio dice a Contralínea: “no queremos casas ni despensas: queremos verdad y justicia”. Ello, en referencia a los señalamientos que se le han hecho sobre el destino de las donaciones económicas y en especie que recibió mientras se encontraba en la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como se recordará, el Bloque Negro feminista acusó un presunto robo que la lideresa del Frente Nacional Ni Una Menos ha negado.