Treinta de las 59 trabajadoras de la Ciudad de las Mujeres –ubicada en la región de La Montaña, en Guerrero– fueron corridas desde el pasado 3 de julio por el gobierno federal. En ese centro de atención integral al género femenino laboran abogadas, sicólogas, trabajadoras sociales, administrativas y de intendencia.
La decisión fue tomada de “manera sorpresiva” por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) –a cargo de la Ciudad de las Mujeres– e informada a las afectadas, vía telefónica, el pasado 29 de junio.
Además, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denuncia que la Sedatu informó a las 29 mujeres restantes que sufrirán la reducción del 50 por ciento de su salario.
Tlachinollan indica que la creación y funcionamiento de la Ciudad de las Mujeres “derivó de la violencia de género que se vive en los 19 municipios que conforman la región de La Montaña, dando cumplimiento a las obligaciones del gobierno federal para la erradicación de la violencia contra la mujer”.
Agrega que el centro “fue construido con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, e inaugurado el 22 de julio de 2015 por el presidente Enrique Peña Nieto. Si bien su funcionamiento en un inicio estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, cuando Rosario Robles fue nombrada titular de Sedatu atrajo a esa dependencia la operación del centro, cuyo objetivo es atender de manera integral a las mujeres de los 19 municipios de la Montaña de Guerrero para prevenir, atender y sancionar la violencia en su contra”.
De acuerdo con Tlachinollan, desde que les fueron anunciadas estas medidas, las trabajadoras de la Ciudad de las Mujeres tomaron las instalaciones y colocaron un plantón a las afueras del mismo, para denunciar que “desde hace 4 meses no reciben su salario ni los recursos para desempeñar su labor de manera efectiva, han sido las propias trabajadoras quienes con su dinero han tenido que comprar el material para que las mujeres que acuden a dicho espacio puedan ser atendidas”.
Para Tlachinollan, “paradójicamente la instancia que se encarga de velar por los derechos de las mujeres en la Montaña de Guerrero violenta y denigra los derechos de sus trabajadoras al no contar con un contrato laboral, adeudando 4 meses de trabajo, realizando despidos injustificados, forzando al personal a laboral horas extras sin que éstas sean remuneradas, sin ofrecerles servicio médico ni seguro de vida, y mucho menos las prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo”.
Este actuar de la Sedatu, “violenta no sólo a las trabajadoras sino a las beneficiarias de dicho centro y viola el artículo 18 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual establece como violencia institucional ‘los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia’”.
Nancy Flores
