Tras años de litigio estratégico internacional, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (Cedhapi), obligó al gobierno mexicano a emitir el Protocolo para la Instrumentación e Implementación de Medidas de Protección del Sistema Interamericano, Universal y Nacional de Derechos Humanos.

De acuerdo con en Cedhapi, la consolidación de este protocolo fue posible gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que instó al gobierno a cumplir con este compromiso internacional.

El documento de 61 páginas contempla reglas mínimas para aplicar medidas cautelares otorgadas a víctimas por organismos nacionales e internacionales, como las fases de inicio de un procedimiento, la comunicación oportuna con las personas beneficiarias y peticionarias, el inicio del procedimiento en casos de urgencia y en casos de un procedimiento ordinario.

Para ello, el Cedhapi considera fundamental que exista un catálogo de medidas comunes; también, un plan de instrumentación de medidas, análisis de riesgo, el respeto a las garantías de los derechos de las víctimas, sin ser revictimizados por los funcionarios federales, estatales o municipales.

Tanto el Centro de Derechos Humanos –que dirige el abogado Maurilio Santiago– como otros actores de la sociedad civil aliados a esta iniciativa tuvieron que lidiar con muchos obstáculos que impedían que se efectuara el protocolo.

El Cedhapi, incluso, critica que el documento final aún tiene carencias, entre las que destaca la correspondiente a la atención que deben de tener las personas desplazadas internamente, la activación de mecanismos que sirvan para proteger los derechos a la salud, alimentación y la vivienda.

Aún así, reconoce el avance que representa el lanzamiento de este Protocolo, al que fue obligado el Estado mexicano luego de que el indígena Antonio Jacinto López Martínez fuera asesinado a pesar de contar con medidas cautelares dictadas por la CIDH, luego de que el Cedhapi denunciara el caso ante el organismo internacional.

Este caso data del 24 de octubre de 2004, cuando el señor López Martínez fue nombrado presidente municipal constitucional de San Martín Intuyoso, Tlaxiaco, Oaxaca, por el Sistema Normativo Interno, Usos y Costumbres para el periodo 2005-2007. El 27 de diciembre de ese año, fue amenazado de muerte para que no asumiera el cargo. El 30 de enero de 2005, al intentar tomar posesión, fue víctima de una agresión por arma de fuego.

De acuerdo con Centro, fue el 29 de julio de 2005 cuando la CIDH le otorgó medidas cautelares, y para el 8 de septiembre del año siguiente se procedió a demandar al Estado mexicano ante el Sistema Interamericano, no sólo por violar sus derechos humanos sino también los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca.

No obstante, el 17 de octubre de 2011, Antonio Jacinto López Martínez fue asesinado en pleno centro de Tlaxiaco. Y hasta ahora la Fiscalía General de Justicia no ha esclarecido su muerte. Para el Centro, esto se debió a una indebida instrumentación de las medidas cautelares.

“Este caso refleja la imposición de los intereses políticos de aquel entonces, cuando desde la Secretaría General de Gobierno ponían y quitaban a los presidentes municipales que no obedecían la línea política del gobierno del estado. Estos hechos ocurrieron en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz; y fue el entonces subsecretario de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, quien operó el desconocimiento de Antonio Jacinto López Martínez como presidente municipal de San Martin Itunyoso”, señala el Cedhapi.

Por ello, exige al gobierno mexicano respetar este Protocolo y aplicarlo para todas las medidas cautelares otorgadas en todo el territorio nacional.

El Protocolo de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación fue presentado el pasado 28 de agosto, a las 7 de la noche, en el salón gobernadores del Palacio de Gobierno de Oaxaca. En el estuvieron presentes la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez; el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.

Este Protocolo, se dijo en el acto, fue un compromiso adquirido por el gobierno mexicano en la “solución amistosa P-1014-06 Antonio Jacinto López Martínez”, suscrita el 23 de septiembre de 2015 y homologado y publicada en la página de la CIDH el 8 de abril de 2019.