Tras rechazar cualquier decisión que ponga en peligro la vida e integridad de víctimas, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, organizaciones de la sociedad civil llamaron al Poder Legislativo y al presidente Andrés Manuel López Obrador a desistir de eliminar el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas de violencia.
Y enfatizaron que “el combate a la corrupción no se logra extinguiendo fideicomisos y fondos, se logra fortaleciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.
Asimismo, consideraron que el acceso a la verdad, memoria, justicia y reparación, así como la vida e integridad de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, defensores de derechos humanos y periodistas se encuentran en grave peligro.
Recordaron que México es el segundo país del mundo con el mayor número de defensores y periodistas asesinados. “Tan sólo en lo que va de 2020, la ONU-DH ha documentado el asesinato de siete personas defensoras de derechos humanos y organizaciones han señalado al menos cuatro casos de periodistas asesinados. Además, existe un claro discurso desde el poder ejecutivo que criminaliza y estigmatiza la labor de defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad, así como la libertad de expresión”.
Por ello, indicaron que ahora estas personas enfrentan “el riesgo de que su vida se ponga en peligro debido a que las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. El primero sirve exclusivamente para costear las medidas de protección designadas para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias; el segundo para brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delitos y de violaciones a los derechos humanos, todos ellos elementos importantes para que puedan salvaguardar su integridad personal y las víctimas accedan a la justicia”.
En un comunicado, expusieron que la desaparición de ambos fondos se contempló en el paquete de 109 fideicomisos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre.
“La eliminación implicaría: incapacidad para adoptar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la urgencia que las situaciones de peligro exigen, así como financiar su costo y acceder a los recursos con la inmediatez que se requiere; obstáculos para el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos y pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de medidas ante situaciones inminentes de riesgo; eliminación de los candados que evitaban que los recursos se puedan utilizar para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas. Al pasar a manos de Segob, queda abierta la puerta al uso arbitrario de los recursos y, por lo tanto, a la opacidad y corrupción; vulneración a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos”.
Según la Junta de Gobierno del Mecanismo, la eliminación del Fideicomiso tendrá impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1 mil 304 personas –418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos– a las que actualmente brinda medidas de protección.
Además, el Fondo de Ayuda ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas de 2018 a 2019, mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y lo proyectado a 2021. La eliminación de ese Fondo “implica que no haya un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños, por ejemplo medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, entre otros. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales, implica que no hayan suficientes recursos para atender tal fin”.
Las organizaciones firmantes son: Artículo 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Amnistía Internacional Sección Mexicana.
