Las mujeres que buscan a personas desaparecidas en México continúan enfrentando niveles alarmantes de violencia que, en los casos más graves, han terminado en su propia desaparición o asesinato, advirtieron expertos independientes de derechos humanos de Naciones Unidas.

Precisaron, además, que esta violencia ocurre en un contexto de “impunidad casi total“, que favorece la actuación de los responsables; de modo que instaron a las autoridades a cumplir sus obligaciones internacionales de protección hacia las personas defensoras de derechos humanos.

Para los expertos, aunque la participación de las familias en la búsqueda es parte fundamental de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, la responsabilidad principal corresponde siempre al Estado, que “debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias. Atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”.

En ese sentido, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido de los riesgos particulares que enfrentan en México las mujeres que realizan este tipo de acciones, pues “la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público“.

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ha señalado, por su parte, que las iniciativas de familiares y representantes son cruciales para que muchas búsquedas e investigaciones avancen en el país, lo que –en palabras de los expertos– hace aún más urgente que el Estado garantice condiciones seguras para quienes realizan esta labor, en lugar de dejarla enteramente en sus manos.

Como ejemplo de la violencia que documentan, los expertos destacaron varios casos recientes ocurridos en Sinaloa. El 29 de agosto fue denunciada la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por las personas desaparecidas. Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores de edad.

Tres días después, el 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrolladas por un vehículo mientras participaban en una manifestación pacífica en Mazatlán. Los especialistas recordaron que ese colectivo ya había sufrido otros ataques. En febrero de este año, una de sus integrantes, Rubí Patricia Gómez Tagle, fue hallada muerta en su domicilio, también en Mazatlán, hecho sobre el que los expertos ya habían manifestado antes su preocupación a las autoridades.

Luego de lo anterior, el grupo de expertos pidió a México reconocer públicamente la importancia de la labor de las buscadoras y garantizar que puedan participar de manera segura en los procesos de búsqueda e investigación, sin que recaiga sobre ellas una responsabilidad que corresponde, en primer lugar, a las autoridades del Estado.

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