Más de 143 familias indígenas triquis, víctimas de desplazamiento forzado de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, fueron impedidas de regresar a sus hogares el pasado 28 de julio. La responsable de que no se llevara a cabo el protocolo de retorno seguro a la comunidad fue la diputada federal suplente por el distrito 6 de Movimiento Regeneración Nacional, Emelia Ortiz García, identificada con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), acusan.
A través de un comunicado, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) informó que ayer se daría paso a la tercera fase del protocolo de retorno, la cual consta del reingreso de las 143 familias desplazadas a su lugar de origen. “Sin embargo, esto se vio frustrado ya que, a la población, mientras ingresaban los desplazados junto con el cuerpo de seguridad acordado; acudió la diputada federal suplente y dirigente del grupo paramilitar MULT, argumentando que no existían acuerdos para permitir el ingreso de las personas, por lo que bloquearon el paso con una cadena y una decena de personas, militantes de este grupo paramilitar”.
Describen que fueron horas de tensión y angustia para quienes “anhelaban regresar a su lugar de origen pero que este grupo no les permitió el paso, además de que rodeó a todo el contingente con grupos paramilitares fuertemente armados; a pesar de que, según las versiones del gobierno federal y estatal ya existían los acuerdos necesarios para el retorno”.
Las familias desplazadas tuvieron que regresar por la noche al albergue de Yosoyuxi, Copala, Oaxaca, donde se mantienen resguardados hasta este momento.
En enero pasado, fueron sacados a punto de metralla de sus casas, ubicadas en la región de la Mixteca oaxaqueña. Huyeron violentados por un grupo de hombres que no les importó que la mayoría de quienes ahí vivían fueran mujeres, niños y ancianos, pues muchos de los varones jóvenes viven fuera del estado o del país, trabajando tierras ajenas en el norte mexicano o en cualquier lugar de Estados Unidos.
El MULTI indica que “el doble discurso y el incumplimiento de acuerdos ha sido el modo de operar por parte de este grupo de manera histórica. Por lo que también se corre el riesgo de que hagan los mismo con el ‘pacto de paz’ que según están impulsando. Existiendo ya, una ruta de trabajo, un protocolo de retorno, el incumplimiento de compromisos por parte de este grupo delictivo está afectando directamente a cientos de personas desplazadas, que anhelamos volver a nuestro pueblo”.
Solicitan al gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, y al Gobierno Federal, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, “que no caigan en chantajes de este grupo criminal ni de sus líderes con ambiciones personales, y que hagan que se aplique el estado de derecho, además que se deben cumplir los compromisos asumidos por todas las partes involucradas. El presidente de la República dio instrucciones para que la comunidad retorne de manera segura a Tierra Blanca es por eso por lo que exhortamos a todos los funcionarios que han llevado la mesa permanente a que hagan valer el estado de derechos de las familias desplazadas y a que cumplan con lo que se establecieron en las mesas de dialogo en estos siete largos meses”.
Responsabilizan a Beatriz Pérez López, diputada federal por Tlaxiaco, “por mandar a operar” a Emelia Ortiz, diputada federal suplente, “para entorpecer el proceso de retorno de las familias desplazadas de Tierra Blanca, así como de todo lo que pueda ocurrir en este proceso de retorno”. También, señalan, al MULT “ya que han estado obstaculizando todo el proceso y no permiten que entre la seguridad ni el ingreso a Tierra Blanca”.
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