Hoy 1 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma a la Ley de Víctimas, con 26 votos a favor, nueve en contra y una abstención, para después ser discutida en el pleno, explicó Itzia Miravete Veraza, coordinadora de documentación y de seguimiento de Artículo 19 y representante del Espacio OCS.

Al respecto, Nancy J López Pérez, directora de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) aseveró que “la propuesta de Reforma a la Ley de Víctimas modifica sustancialmente el contenido original de la Ley, con ello se ataca el objeto y fin de la misma, elimina todo rastro de los recursos de ayuda inmediata, de asistencia, atención, rehabilitación e incluso reparación [para las víctimas]”.

Por su parte, Alberto Xicoténcatl Carrasco, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señaló que el hecho es un retroceso a los derechos humanos. Con ello, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que “garantice el bienestar de las víctimas y los derechos de los defensores, de las defensoras y de los y las periodistas”.

La aprobación de la propuesta de reforma llegó a pesar de que se entregaron más de 30 mil firmas de personas, medios, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, rechazando cualquier decisión que ponga en peligro la vida e integridad de víctimas, personas defensoras y periodistas, apuntó Itzia Miravete.

Aunado a ello, los defensores indicaron que la desaparición de los fideicomisos destinados a ayudar a las víctimas, así como a proteger a periodistas y defensores atenta contra los derechos humanos.

Alberto Xicoténcatl mencionó que “no se transforma en entregar un recurso económico a las personas en riesgo, se transforma en bienes y servicios que promueven la seguridad de las personas en riesgo. Hasta ahora, es auditado por la Auditoría Superior de la Federación y en ninguna de las observaciones hay ningún indicio de corrupción.”

En cuando a la eliminación de los Fondos “pondrán en riesgo procesos fundamentales como lo son: el poder tener un acceso a ayudas de alimentación, alojamiento, vivienda, etcétera. Y complejizaran [más] acciones muy sencillas como el acceso a peritajes independientes, acceso a los recursos para trasladarse a los desahogos de diligencias”, dijo Nancy J López.

“Eliminar el fondo es una medida torpe, absurda e implicaría una regresión importante en acceso a derechos a víctimas y lejos de fortalecer su atención, la complejizará más, que ya de por si es compleja, y supeditarla a disponibilidad presupuestal, es un error absoluto”, concluyó.

Finalmente, Itzia Miravete mencionó que para combatir la corrupción no es necesario extinguir los fideicomisos y fondos, sino que son necesarios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. También, rechazó que se use la pandemia de la Covid-19 como argumento para su eliminación, pues en el actual contexto de violencia y pandemia, es necesario que las víctimas de violencia sean protegidas y se garantice su vida y sus derechos humanos.