Legisladores del partido Morena presentaron tres puntos de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que versan sobre el financiamiento de Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); uno de ellos se adhiere a la nota diplomática que envió el gobierno federal para solicitar una explicación al gobierno del país vecino sobre el recurso que entrega a través de su Embajada, pero también pide a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria investigar la ruta del dinero.
Presentado por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución solicita a la UIF y al SAT que, en ejercicio de sus atribuciones, investiguen las actividades financieras de Mexicanos Contra la Corrupción.
En sus consideraciones, la legisladora señaló que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) –una de las financiadoras– ha pasado por alto que “quien ha presidido MCCI ha utilizado los recursos a efecto de oponerse en contra del gobierno de la cuarta transformación, no por cuestiones ideológicas, democráticas o de derechos humanos; más bien se ha opuesto porque ha perdido privilegios, tales como el de contratación directa de sus empresas, así como la condonación de impuestos”.
Como ejemplos de su activismo, enuncia dos acciones concretas: 1. Oposición sistemática por medio de acciones legales en contra de las decisiones del gobierno de la República (y citó los 174 amparos contra la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y para que la obra –que califica como monumento a la corrupción y el despilfarro– fuera conservada); y 2. Intervención electoral para la conformación de la coalición “Va por México”.
Otro ejemplo que refirió como parte de la embestida legal fue las acciones contra el Plan Nacional de Desarrollo: ésta es “ejecutada por actores políticos del viejo régimen, como Rubén Alonso Fernández Aceves (diputado del PAN del periodo 1997 a 2000), Edgardo Flores Candel (director del CISEN al inicio del periodo de gobierno de Felipe Calderón y comisario general titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal con Peña Nieto), Jorge Alberto Lara Rivera (diputado federal y asambleísta por el PAN y encargado de la PGR con Calderón)”.
La diputada Huerta del Río también destacó la participación electoral del empresario Claudio X González Guajardo, a quien identificó en su punto de acuerdo como “un activo promotor que públicamente fomentó la conformación de la coalición electoral denominada ‘Va por México’, integrada por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional”.
Por ello concluyó que “hay una presunta actividad de Claudio X Gonzalez para –de manera directa– realizar acciones con el fin de oponerse al gobierno de la cuarta transformación utilizando dinero de Estados Unidos y desviando dinero que debía de pagar mediante impuestos”.
También recordó que en 2017 el hoy senador Ricardo Monreal denunció a Claudio X González Guajardo por lavado de dinero, desvío de recursos públicos y peculado, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto lo protegió y a su organización MCCI, al permitirle cambiar su clave del Registro Federal de Contribuyentes.
Por ello, señaló que el empresario “ha pervertido las leyes para cometer acciones que bien pudieran considerarse delincuencia organizada, en vez de la operación de organizaciones de la sociedad civil para fines de ayudar social. Mediante organizaciones sin fines de lucro se evade el pago de impuestos, y se presume que después se utiliza, en primer lugar, para su beneficio económico de manera personal y, en segundo lugar, para obtener una injerencia y presión política, así como de carácter electoral, como recientemente lo mencionó Creel en entrevista ya mencionada”.
Asimismo, recordó que la esencia de las organizaciones de la sociedad civil es conjuntarse para un beneficio social colectivo y sin ningún ánimo de lucro, pero en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción esto se ha incumplido: “no hay un claro beneficio social en sus actividades y, por el contrario, sí se tiene un ánimo de lucro, de evasión de impuestos y de defensa de privilegios y corrupción de las empresas que son sus donatarias. Sin importar que su presidente ya no sea Claudio X González, esa asociación conserva el espíritu de corrupción y búsqueda de beneficios personales, sobre la colectividad.
Por ello suscribió que “es ilegal utilizar financiamiento de un país extranjero para procesos electorales; es ilegal utilizar las figuras de las asociaciones civiles para evadir el pago de impuestos; es ilegal desviar los recursos de las asociaciones para fines personales, en contra de la sociedad”.
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