Indígenas víctimas de violencia de género contra las mujeres pidieron al Poder Judicial de Guerrero no corromperse para generar justicia. “Limpios y transparentes, que no reciban dinero para que tengamos justicia, es lo que pedimos”, dijo Florentina Sánchez Joaquín al presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJE), Miguel Barreto Cedeño.

La hermana de Florencia Sánchez, indígena me’pháá víctima de violencia sexual tumultuaria y feminicidio el 24 de agosto de 2014, exigió justicia para éste y todos los casos de mujeres violentadas en la entidad. Y es que aunque en el caso de su hermana fue detenido Marcelino de la Cruz Sánchez -expareja de la víctima- el resto de agresores (tres) permanece impune.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, víctimas, familiares de víctimas y defensoras de derechos humanos se reunieron con el juzgador Barreto Cedeño para exponer su preocupación ante los obstáculos que impiden el acceso a la justicia y los procesos penales a los que se enfrentan mujeres indígenas de Guerrero.

En la reunión, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan exigieron que se resuelvan los procesos penales y de denuncia de tres casos que les preocupan: el de Elvia Méndez Castillo, Juana Ramírez Marcos y Florencia Sánchez. Ello, conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva de género y los estándares internacionales más altos en materia de derechos humanos y de protección a los derechos de las mujeres.

También presente en la reunión, Elvia Méndez Castillo, indígena naua, expuso: “Me acusan de lesiones contra mi expareja cuando él fue quien me agredió en la calle mientras estaba borracho”. La sobreviviente de violencia familiar está acusada por el delito de lesiones y ha sido condenada a 1 año de prisión.

De acuerdo con el Centro Tlachinollan, Elvia se inconformó y su caso está a la espera de que se turne a un magistrado de la Cuarta Sala de lo Penal para su análisis y resolución. Además, indica la organización en un comunicado de prensa, la ejecución de la orden de aprehensión contra la expareja de Elvia continúa pendiente.

Juana Ramírez Marcos también estuvo en la reunión, y ahí manifestó ante los juzgadores: “Fui víctima de violencia sexual y familiar por parte de mi expareja, despojada de mi casa y acusada falsamente de lesiones agravadas, a pesar de que cuando sucedieron los hechos me encontraba trabajando en los campos agrícolas de Sinaloa. Las autoridades me confrontaron incluso con mi agresor, preguntándome que si yo quería podrían traérmelo para que me ‘arreglara con él´ y pusiera fin al asunto”.

La mujer naua, sobreviviente de violencia familiar y violación sexual por parte de su expareja, fue condenada por la jueza, quien restó valor a todas las pruebas que acreditaban su inocencia. Con el acompañamiento de Tlachinollan, apeló la sentencia y está a la espera de que los magistrados emitan una resolución adversa, sin que esto la revictimice y violente sus derechos, particularmente su derecho a vivir una vida libre de violencia, indica el Centro.

“Que vayamos a la cárcel o que vayamos a la tumba es a lo que nos enfrentamos las mujeres por omisiones del estado”, afirmó Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del OCNF, quien reiteró a magistrados del TSJE la obligación de las autoridades de juzgar con perspectiva intercultural, de género y derechos humanos en los casos de violencia sexual, familiar y feminicidio que le fueron expuestos a los magistrados, incorporando los estándares nacionales e internacionales en la materia, identificando el contexto de desigualdad y la violencia en la que viven las mujeres en México.

De enero a junio de 2017, el OCNF registró 784 asesinatos de mujeres en 13 estados del país. Tan sólo el 49 por ciento es investigado como feminicidio, lo que evidencia el contexto de violencia que viven las mujeres en México.

Según el comunicado, Guerrero es omiso no sólo en la prevención, atención y sanción en los casos de feminicidios sino que no cuenta con información y banco de datos que pueda dimensionar la problemática del feminicidio.

Por ello, Neil Arias Vitinio, abogada del Centro Tlachinollan, solicitó que los magistrados de la Primera y Cuarta Sala Penal del TSJE emitan las resoluciones de estos casos tomando en consideración el contexto fenomenológico de violencia en el que se encontraban, así como los obstáculos e irregularidades que las mujeres han enfrentado en la búsqueda de justicia.