Luego de que la madrugada del pasado 23 de noviembre, 300 elementos de la Guardia Nacional desalojaron el plantón de Apatlaco –que se mantenía en oposición al Proyecto Integral Morelos– y permitieron el ingreso de maquinaria para reiniciar las obras, organizaciones denunciaron que con ello se violentan los derechos de los pueblos y ejidos afectados.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y Fronline Defenders indicaron que la iniciativa del gobierno federal de echar andar el Proyecto viola las resoluciones dictadas en 10 de 19 juicios de amparos vigentes que ordenan al gobierno federal detener las obras.

Para las organizaciones, ignorar esas resoluciones vulnera los derechos a la protesta y a defender derechos humanos, además de que pone en peligro a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) y de la organización Ejidos en Defensa del Agua de Ayala.

Recordaron que 300 elementos de la Guardia Nacional se presentaron la madrugada del 23 de noviembre en el plantón zapatista de Apatlaco, ubicado a ambos lados del río Cuautla (Morelos), para desalojar al campamento que se encontraba resguardando el territorio. Allí, colocaron vallas metálicas para impedir que los defensores regresaran a defender el territorio. Luego, permitieron la entrada de maquinaria para reiniciar las obras, lo que vulnera los derechos al agua, a la libre determinación, a la tierra y al territorio y a la vida de diversas comunidades, particularmente, de los ejidos de Ayala.

Por ello consideraron “preocupante que se pretenda convalidar el desarrollo del Proyecto Integral Morelos mediante la colocación de las tuberías en el río Cuautla por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), soslayando que dicha infraestructura forma parte de un acueducto que alimentará las dos termoeléctricas de Huexca –las dos construcciones más relevantes del PIM–, e ignorando que existen ocho amparos por la defensa del agua de la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla que se convierte en un afluente del río Cuautla y contra el acueducto que conectaría a la termoeléctrica. Es necesario escuchar las exigencias de los pueblos originarios afectados que han manifestado su rechazo absoluto al desarrollo de megaproyectos como la termoeléctrica, el gasoducto, así como el mencionado acueducto”.

Especialmente, calificaron como “alarmante que ello ocurra en un contexto de agresiones y violaciones constantes y graves a los derechos humanos por más de una década contra las y los integrantes del FPDTA-MPT y Ejidos en Defensa del Agua de Ayala, quienes viven en peligro inminente por su defensa […] del territorio. Sus integrantes se han enfrentado a amenazas, hostigamiento y difamaciones por su trabajo; demandas judiciales, ataques de grupos choque, vigilancia, órdenes judiciales, encarcelamiento, tortura y el asesinato, aún impune, del defensor Samir Flores”.

También señalaron que en lo que va de 2020 van por lo menos 22 agresiones contra integrantes del FPDTA-MPT. “A lo que se suma la preocupación de que la Guardia Nacional participe en estas acciones que vulneran los derechos a la protesta y el derecho a defender derechos humanos en un operativo desproporcionado. Todo esto a pesar de la existencia de 19 amparos promovidos contra las obras, de los cuales 10 cuentan con suspensiones de plano y/o definitivas otorgadas”

También indicaron la obligación que tiene la CFE, como empresa del Estado, de respetar los derechos humanos, así como de no hacer uso de las fuerzas de seguridad para implantar sus proyectos, en este caso el PIM.

Las organizaciones firmantes acusaron que en este caso el Poder Ejecutivo Federal ha desacatado las determinaciones del Poder Judicial. “Nuevamente reiteramos el llamado a que se establezca un diálogo del gobierno federal con el FPDTA-MPT y Ejidos de Ayala en Defensa del Agua para aclarar la situación jurídica. Continuar ignorando las suspensiones emitidas por el Poder Judicial significa desproteger y ahondar el peligro en un contexto de acoso, amenaza y hostigamiento hacia personas que defienden el territorio y el agua contra las distintas obras del PIM”.

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