En México hay un serio patrón de abusos de derechos humanos en contra de los pueblos originarios, observa la relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

“A medida que integrantes de pueblos indígenas iban compartiendo conmigo sus problemas y sus historias, pude reconocer un serio patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de acceso a la justicia, entre otras violaciones de derechos humanos”, advirtió al cierre de su visita de observación al país.

Para la relatora, otro gran problema “es el hecho de que los pueblos indígenas no están siendo apropiadamente consultados, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre proyectos y otras decisiones que afectan sus derechos, incluyendo el derecho a la vida”.

De acuerdo con los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas) y Tlachinollan (Montaña de Guerrero), se trata de proyectos extractivos. Particularmente, destacan las concesiones mineras que ha otorgado el gobierno federal sin respetar el derecho a la consulta.

Urge experta privilegiar relación  de igualdad

Tras encontrarse con más de 200 personas de 23 grupos indígenas provenientes de 18 estados –la mitad de las cuales eran mujeres, según un comunicado de la ONU–, la experta urgió al Estado mexicano “a alcanzar una relación igualitaria y respetuosa con los pueblos indígenas”.

Destacó que no basta que México impulse la agenda indígena en foros internacionales e incluso muestre su apoyo a la propia Relatoría, sino que “el gobierno mexicano debería adoptar medidas decisivas para mostrar un verdadero compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas”.

Además de ser coherente, dicho compromiso debería reflejarse en la aplicación de estándares de respeto, indicó la relatora.

Tauli-Corpuz dijo que “esto podría generar las condiciones necesarias para un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas en que pudieran tratarse todas estas cuestiones pendientes y proporcionaría una oportunidad para establecer la confianza y crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación.”

Al cierre de su misión –llevada a cabo del 8 al 17 de noviembre–, la relatora se dijo preocupada por un amplio rango de problemáticas, que tienen que ver con la defensa de tierras y territorios, la autonomía, auto-determinación y participación política, la auto-adscripción, y la violencia, impunidad y acceso a la justicia.

Aunque la relatora agradeció al gobierno por haberla invitado, lamentó que el nivel de diálogo e interacción sustantiva con autoridades gubernamentales fue, en ocasiones, “limitado”.

Según la ONU, la experta también examinó la instrumentación de las recomendaciones hechas por su predecesor Rodolfo Stavenhagen en 2003, y evaluó cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de derechos humanos en relación con los pueblos indígenas.

“Ni las recomendaciones del doctor Stavenhagen ni la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han sido completamente implementadas”, señaló.

Su informe final de esta misión recién concluida será presentado en septiembre de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Nancy Flores