La reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de mayo, permite que las empresas no garanticen derechos laborales a los trabajadores subcontratados o contratados bajo esquema de outsourcing, afirmaron abogados miembros del despacho Marván y Muñóz Abogados.
En el taller para periodistas denominado “Entender el impacto, las implicaciones, alcances y retos de la reforma laboral 2019” se explicó que tal modelo de contratación ha evolucionado hasta llegar a lo que el abogado Luis Pérez de Acha llama outsourcing negro, que consiste en la incorporación de los trabajadores subcontratados –en ocasiones, todo el personal de la empresa–, en sociedades civiles creadas por los contadores de los mismos corporativos con el fin de reducir derechos laborales.
“Los trabajadores convertidos en asociados no tienen derecho a la seguridad social, ¿por qué?, porque ya son dueños”, explicó Raúl Wilfredo Padilla, abogado de la firma Marván y Muñóz.
Además, el también miembro de la Barra Mexicana de Abogados, puntualizó que la subcontratación negra es “nociva” porque las empresas “no pagan impuestos: son millones de pesos los que se evaden bajo esta figura”. Tampoco pagan prestaciones sociales a sus trabajadores y tienen la facultad de correrlos cuando quieran.
En materia de tercearización laboral, el problema con la reforma que promovió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador radica en que la legislación quedó exactamente igual a la establecida en 2012, lo que posibilita el outsourgcing negro.
Aunque el tema no fue discutido por los legisladores, hubo una promesa de reforma [en el segundo semestre del año] para abordar este tipo de subcontratación que evade toda responsabilidad como patrones, finalizó Wilfredo Padilla.
Jordana González
