A un día de cumplirse 31 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, padres y madres de los estudiantes desaparecidos fueron desalojados violentamente, con bombas de gases lacrimógenos, de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la ciudad de México. Los familiares solicitaban una reunión con titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.
Este día tendría lugar un mitin a las 11:00 horas a las afueras de la Secretaría. La actividad era parte de la jornada de lucha que emprendieron los padres de familia por la presentación con vida de sus hijos, iniciada el jueves 20 de abril con un plantón indefinido frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Al iniciar el mitin en la Segob, un grupo de padres de familia se acercó a la valla y solicitó a los mandos de la Policía Federal que una comisión fuera recibida por el secretario de Gobernación. Luego de más de una hora sin respuesta, los padres de los 43 empezaron a presionar tocando y golpeando simbólicamente la valla metálica. Ante esto, la Policía Federal respondió de inmediato lanzando bombas de gas lacrimógeno, que obligó a un repliegue.
El saldo hasta el momento es de cinco padres de familia lesionados por los efectos del gas lacrimógeno. Las lesiones ponen en riesgo su vista y otros órganos del cuerpo, según los primeros reportes médicos. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “esta forma de proceder con el lanzamiento de esta substancia, violó los protocolos de uso de la fuerza”.
La organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos también denuncia la agresión que sufrieron estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Tixtla, Guerrero, por elementos de la Policía Estatal, cuando los alumnos regresaban de difundir información de la agresión que sufrieron los padres de familia en la ciudad de México.
“Estas agresiones evidencian la intención de este gobierno priísta de crear las condiciones para cerrar el caso. Muestra su falta de voluntad política para esclarecer el caso, a un gobierno insensible que no le interesa la verdad y la justicia y que pretende acallar la exigencia de los padres con la represión”, señala Tlachinollan.
