La Secretaría de Gobernación (Segob) realizó durante 2017 “pagos improcedentes”, por 48 millones 411 mil 230 pesos, a dos empresas que le vendieron equipos y servicios de cómputo: Indra Sistemas México, SA de CV, y Mainbit, SA de CV.
En la más reciente entrega del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documenta que la mayoría de las irregularidades corresponden al contrato SG/CPS/26/2017 celebrado por la Segob con Indra Sistemas México. El monto de los pagos improcedentes asciende a 47 millones 352 mil 900 pesos.
La ASF detalla que durante 2017 la Segob requirió “el desarrollo y puesta en producción” de siete sistemas. Sin embargo, sólo uno de ellos se encuentra operando, tres continúan en pruebas de validación por parte de los usuarios y los tres restantes están etapa de desarrollo.
Los otros pagos improcedentes, éstos por 1 millón 58 mil 400 pesos, corresponden a los servicios adquiridos a Mainbit bajo el contrato SG/CPS/02/2017. Los auditores del máximo órgano de fiscalización del país encontraron que los equipos entregados por la empresa “no cumplen con la totalidad de características técnicas requeridas” y no están en uso.
Entre otras irregularidades detectadas por la ASF, en el Informe se destaca que la secretaría auditada sigue realizando el mismo pago mensual para el mantenimiento tanto para los equipos nuevos como los obsoletos. “De los 29 mil 972 equipos que integran el inventario de la Segob, el 59.7 por ciento (17 mil 475 equipos) tienen hasta 10 años de antigüedad”. Sin embargo, para estos casos no calcula el monto de los recursos erogados irregularmente.
Además, durante el 2017 la dependencia “tuvo atrasos importantes en el pago de sus compromisos contractuales y en 2018 se encuentran recibiendo servicios sin contar con un contrato formalizado. Lo anterior pone en riesgo la operación de la Secretaría ya que los proveedores podrían suspender los servicios en cualquier momento”.
Finalmente, la ASF identificó “deficiencias en la supervisión y administración de los contratos de servicio, por parte del personal de la Secretaría, lo cual derivó en entregables fuera de tiempo, desarrollos no concluidos y equipos de cómputo que no cumplieron con las características establecidas, así como retrasos en el pago de servicios”.
Por todas las irregularidades detectadas, la Auditoría generó cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los servidores públicos involucrados. También efectuó dos recomendaciones a la dependencia para corregir deficiencias administrativas. El dictamen fue emitido el 15 de junio pasado.
Zósimo Camacho
[NOTA DEL DÍA][D]
