La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la declaración de constitucionalidad de la Ley 3 de 3. Ésta impide que los agresores sexuales, deudores alimentarios morosos y violentadores de género ocupen cargos en el servicio público o puedan ser registrados como candidato o candidata para ocupar un cargo de elección popular. “Me parece muy bien”, indicó.

Sin embargo, es importante que el agresor cuente con una sentencia “para que no se preste a una denuncia sin fundamento”, señaló la mandataria capitalina. Y con ello, se pueda constatar que las personas han sido condenadas por la comisión de un delito doloso “y no sólo bajo la denuncia de una persona”.

En conferencia de prensa, la doctora Sheinbaum contestó a pregunta expresa de Contralínea que la omisión de pensiones “es una forma de violencia que después se traduce en otras formas de violencia”. Puntualizó que transgrede los derechos humanos, ya que por ley se establece el pago del monto al acreedor.

Señaló que su administración se considera feminista y respeta los derechos de las mujeres. Por lo tanto, “si hay una obligación, sea por un acuerdo mutuo o por un juez, y no hay el pago correspondiente, está bien que, en efecto, sea así para los representantes populares”.

El pasado miércoles 24 de mayo, el Senado de la República reconoció la constitucionalidad de la Ley 3 de 3. La iniciativa reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política. Con ello, se niega a cualquier persona poder ocupar un cargo o empleo del servicio público si tiene sentencias por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad, la seguridad sexual y el desarrollo normal psicosexual.

De igual manera, por violación a la intimidad sexual, violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica. Asimismo, “por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa”.

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