Las autoridades laborales y funcionarios de diversas dependencias que asumirán en unos días sus cargos, tendrán como una de sus tareas de arranque explicar el por qué se ha hecho una interpretación errónea del contenido de la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones, que plantea una reducción en los sueldos de los altos mandos de la burocracia, pero en ninguno de sus párrafos habla de bajar el salario a los trabajadores de base.
A pesar de esto, algo está ocurriendo y de ello dan fe los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), a quienes las autoridades de su ramo les redujeron el salario hasta en un 20 por ciento. Pero no son los únicos, pues en otras dependencias como las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Cultura el atentado salarial va por el mismo tenor.
La responsabilidad por averiguar qué está pasando se hace extensiva a los legisladores que aprobaron el contenido del nuevo ordenamiento federal, sin tener el cuidado de colocar alguna frase que dejara bien claro que la austeridad no debe aplicar en el mismo rasero a los que menos ganan en la estructura gubernamental; es decir, los empleados de base.
Bajar el sueldo ya de sí representa una flagrante violación a las leyes laborales y a los derechos básicos de que goza cualquier asalariado. El artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, establece como una causa de rescisión de contrato, sin perjuicio para el trabajador, que el patrón no le pague en tiempo y forma su salario o le reduzca el mismo. De hecho, una demanda por tal motivo arroja en automático una justa indemnización.
El asunto es sumamente grave, porque parece que los mandos aún en funciones se fueron por la libre, no sabemos si con la intención de heredarle un problema legal y laboral a quienes les sucederán en el cargo o para desviar recursos tomando como pretexto la nueva ley, porque además de carecer de sustento legal no se notificó ni explicó a los directamente afectados.
Esto sin mencionar que bajar el salario a un trabajador de base representa, por natural añadidura, una violación a su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) o, en su defecto, a sus condiciones generales de trabajo, tal como ocurre en otras áreas como el Colegio de Postgraduados y las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Cultura; en ésta última, la disminución de salarios y prestaciones llega a un 30 por ciento de merma para los empleados de base.
Trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y de otras entidades públicas han denunciado que la administración saliente les aplica descuentos y cobro de impuestos, como el ISR, a las percepciones de seguridad social, como fondo de ahorro, aguinaldo y hasta la ayuda para despensa, abonando otro delito más a la cuenta de las erradas interpretaciones, porque la Ley del Impuesto Sobre la Renta exenta de su cobro a las prestaciones de ley a que tiene derecho todo sindicalizado.
Y si bien en el Senado se han ratificado convenios como el 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza la libre sindicalización y el derecho a la contratación colectiva y otros más como el Convenio 176 sobre la seguridad y salud de las minas, irregularidades como las que se están presentando deben ser motivo de análisis y reflexión para dejar bien en claro la salvaguarda inalterable de los derechos de los trabajadores; esto es, plasmarlos en la ley secundaria de la Reforma Laboral de febrero de 2017, misma que debe ser discutida y consensada tomando en cuenta la voz de los trabajadores.
Si los cambios a las leyes laborales que se cocinan en el Senado no toman en cuenta los derechos humanos como base para consolidar los derechos laborales, se estará incurriendo en un grave error, pues están en puerta otros temas con los probables costos sociales que implicará la descentralización de varias dependencias federales y que puede incidir en el desmembramiento de miles de familias a las que no les quedará más opción que aceptar su traslado a otra ciudad o resignarse a perder su empleo.
En la vorágine legislativa y la aprobación de reformas a la administración pública federal se pasa por alto detalles que pueden afectar a cientos o miles de burócratas sindicalizados. Por ejemplo, la propuesta de cambiar la figura de Procuraduría General de la República por Fiscalía, elaborada por el entonces procurador panista Eduardo Medina Mora, quien ignoró por completo a los empleados de base, al incluir en el proyecto de cambio un artículo transitorio que los tiene en el limbo jurídico.
La creación de la Guardia Nacional también requiere de una definición en lo laboral para unos 80 mil elementos que conforman el personal de seguridad del gobierno federal. Y como los casos antes enumerados, seguramente aparecerán otros más que deberán ser abordados y atendidos por quiénes están elaborado el nuevo andamiaje de la administración pública, los diputados y senadores que tendrán en sus manos el proteger los derechos de miles de trabajadores o enviarlos a las filas del desempleo.
Y por cierto, si de combatir la corrupción y los privilegios se trata, debe abrirse en torno a esta reducción de salarios y prestaciones una amplia investigación por dos claros motivos: primero, que los recursos asignados para hacer frente al gasto corriente de este año ya estaban etiquetados y, por ende, no pueden ser desviados tomando como pretexto una ley que debe aplicarse de acuerdo con la disposición de recursos del presupuesto de egresos del año entrante.
Segundo: si los funcionarios salientes pretenden birlar sus salarios a los empleados sindicalizados, deben ser llamados a cuentas sin dilación al entrar en funciones el nuevo gobierno, para explicar bajo qué criterios se afecta a los que menos ganan; además, quienes lleguen deben dejar en claro cuál es el verdadero sentido de austeridad de la nueva ley aprobada en el Congreso por diputados y senadores, porque en su texto, insistimos, nunca se habla de bajar los sueldos a trabajadores de base. Las malas interpretaciones a las nuevas reglas no deben ser motivo para cobijar desvíos, ni excusa para atentar contra los derechos laborales adquiridos.
Martín Esparza
