Mediana expectativa brindó el XII Congreso del PRD (Partido de la Revolución Democrática). Y es que en vísperas de su realización hubo varios acontecimientos: la dimisión de Ruth Zavaleta, el regreso de Rafael Acosta, Juanito, como delegado en Iztapalapa, y el silencio de Andrés Manuel López Obrador, quien, formalmente, sigue afiliado a la mencionada organización, aunque tenga una relación más estrecha con el Partido del Trabajo (PT).
El organizador de dicho encuentro fue Alfonso Sánchez Anaya. El actual senador llegó a la gubernatura de Tlaxcala debido a que el Partido Revolucionario Institucional lo hizo a un lado y el sol azteca lo cobijó. Su gestión en la tierra de Beatriz Paredes fue mediocre. Lo más grave: al final quiso imponer como sucesora a su esposa, Mari Carmen Ramírez García. El acontecimiento se dio en la etapa que Marta Sahagún era repudiada por la población al querer ocupar la silla que dejó Vicente Fox.
Lo de Juanito, no obstante que nadie esperaba su regreso, muestra, por otro lado, que el impulso a personajes como éste producen siempre malos resultados.
No diremos que otros individuos como Juan Sabines, en Chiapas; Zeferino Torreblanca, en Guerrero, y Nicolás Agúndez, en Baja California, están en las mismas circunstancias que el de la banda en la cabeza. Pero su actuación en ocasiones es similar: no respetan ninguna autoridad del PRD, hacen lo que les viene en gana, se alían a los grupos y personajes más oscuros, y pareciera que el oportunismo y sus privilegios individuales son lo más importante.
En el valioso libro Morir en la miseria, coordinado por Miguel Badillo (Océano), donde se incluyen 14 reportajes de los municipios más pobres de la nación, la reportera Nancy Flores documenta cómo Sabines utiliza malamente los recursos destinados a los pobres, ataca al grupo Las Abejas y las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y mantiene una relación muy estrecha con Felipe Calderón. ¿Tendrá el chiapaneco algo que ver realmente con el PRD? Ambos, Sánchez Anaya y Sabines, fueron impulsados por el grupo de Jesús Ortega, los llamados Chuchos, quienes con tal de obtener ganancias políticas y monetarias, jalan al que sea, incluido al gángster de Hidalgo José Guadarrama.
Son éstos y miles más quienes han participado en cientos de reuniones supuestamente para darle un nuevo rostro al partido fundado en julio de 1988. Entonces, como anota muy bien Jorge Alcocer (Excélsior, 24 de noviembre), los perredistas fueron los usufructuarios del registro y los bienes del Partido Comunista Mexicano (PCM). No obstante ello, la mayoría de los cuadros de esa sólida y heroica organización fue hecho a un lado. Sólo algunos continúan en la brega, pero ya sin las posibilidades de influir de manera decisiva.
Otro de los planteamientos que mencionamos al principio es importante retomarlo, nadie sabe qué posición tendrá López Obrador en esta ocasión; ni siquiera está asegurada la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas.
Pero en el caso del motejado Peje, el asunto se complica. Ello porque sus hombres más cercanos son diputados del PT: Gerardo Fernández Noroña, Jaime Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera; y sobre todo debido a que los 2 millones 300 mil afiliados a su movimiento no se han inscrito en el perredismo. Así pues, habrá dos grupos de acción por separado, cuestión nada extraña o grave en los grupos que buscan cambios sociales, pero que son difíciles de armonizar de no existir una estrategia muy eficaz y congruente.
En su reciente decálogo, por fin Andrés Manuel se dio cuenta de la importancia de los medios de difusión. Tanto que puso en segundo lugar el problema; aunque en su equipo para elaborar el programa rumbo a las siguiente elecciones presidenciales (2012) no se incluyó a nadie que sepa y trabaje en el tema.
En un artículo aparecido en Proceso (número 1726), el funcionario y militante Martí Batres Guadarrama dice a propósito del asunto: el gobierno de Felipe Calderón hace evidente “el regreso al control mediático que impide que a través de ellos (los medios) suene, se haga visible o traduzca cualquier opinión crítica que incomode al sistema”.
La declaración es francamente desafortunada. Lo que omite Martí es que el PRD votó a favor de la empresa de Emilio Azcárraga en 2006. Hace poco, varios legisladores de Convergencia y del sol azteca se salieron del recinto senatorial con el fin de favorecer las exenciones fiscales al consorcio de Chapultepec 18, y ni siquiera han desempolvado una propuesta de ley que propuso el PCM en 1979.
Lo que se necesita es menos grilla y más acuerdos entre tribus o mafias, y poner el acento en los cambios urgentes. Algo casi imposible entre políticos que viven en hoteles de lujo, restaurantes de postín y vehículos comparables con los de los narcotraficantes.
Contralínea 162 / 20 de Diciembre de 2009
