Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “no sabía a dónde ir”, o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”. Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF) he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, también hombres y personas LGBTIQ+ que han sobrevivido a violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes de este tipo de abuso. Continúa cuando una puerta está cerrada, un servicio no funciona de noche, la distancia geográfica te aleja de la posibilidad de solicitar ayuda, o cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la víctima.
En México, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos desde nuestros proyectos activos en Ciudad de México, Estado de México, en Tapachula y en Ciudad Juárez. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar o en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio, o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos, devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se intensifica. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF han atendido a mujeres, horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas; a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras al huir de situaciones que ponían en riesgo su vida en sus lugares de origen y que, adicionalmente, han tenido que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.
Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual, las 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (al acceder a profilaxis post exposición), 120 horas que te permitirán obtener o no anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Acceder a una atención integral gratuita y confidencial puede cambiar vidas. Lamentablemente, sólo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.
En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos –actualmente cerrados–, Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, además del Centro de Atención Integral, atendimos 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, sólo 23 de ellos, es decir, el 8.8 por ciento, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.
Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos, la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia, no existen rutas claras de referencia, el estigma institucional pesa más que el derecho a la atención médica, o cuando las personas sobrevivientes ni siquiera tienen la información que necesitan para tratar de acceder a los servicios de emergencia.
La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más ni quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no solo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.
Mi trabajo me ha permitido ser testigo de cómo una atención digna transforma. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, se le explica cada procedimiento con respeto, y puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía. Recupera un poco de poder.
Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza hacia las instituciones hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, y cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha y no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF son, por supuesto, tan solo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.
Este 8 de marzo no quiero hablar sólo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que en México se garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles; con enfoque centrado en la persona sobreviviente y una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de los individuos que se enfrentan a estas agresiones.
También necesitamos combatir el estigma desde las instituciones, con capacitaciones obligatorias en género, derechos humanos y atención no revictimizante para todas las y los servidores públicos que intervienen en la atención de las personas sobrevivientes de este tipo de violencia. Es indispensable articular protocolos de atención que contemplen el acceso a la salud, la protección y la justicia para que nadie tenga que contar su historia una y otra vez, para que ninguna persona vuelva a sentirse culpable o juzgada al momento de solicitar ayuda, y para que las y los sobrevivientes no vuelvan a sentir temor de ejercer sus derechos.
No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.
Karla Gutiérrez*
*Gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras en México
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