El desgarrador testimonio subido a las redes por una mujer víctima de un violento y aterrador asalto en la autopista conocida como El Arco Norte, convertida en una verdadera trampa mortal en su trayecto por varios municipios del estado de Hidalgo, ha puesto nuevamente como tema de inaplazable análisis la creciente e imparable inseguridad que impera en las carreteras de todo el país, especialmente en aquellas donde tanto concesionarios como autoridades han sido incapaces de brindar protección a los automovilistas particulares y al transporte de carga.

A pesar de que, anualmente, las ganancias de los operadores de las carreteras de cuota superan los 60 mil millones de pesos, resulta paradójico el mal estado de vías de comunicación como El Arco Norte y la ausencia total de vigilancia tanto de la policía estatal como de la Guardia Nacional, así como de los protocolos mínimos para atender y auxiliar a las víctimas, como explicó la aterrada mujer, quien, junto con su madre y su pareja, debió esperar tres horas solo para recibir indicaciones de regresar a Puebla.

Los bloqueos registrados en las últimas semanas, como producto del hartazgo de los transportistas, forman parte de una ola de crímenes que ahora alcanza también a los automovilistas particulares y que debe llevar al sector de comunicaciones y a los legisladores federales a replantear la responsabilidad de los concesionarios de brindar seguridad a quienes pagan un peaje nada barato, incrementado año con año de acuerdo con la inflación.

Una muestra del imparable número de delitos en las autopistas del país es que, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), tan solo en octubre de 2023 se registró el robo de 260 vehículos, de los cuales 136 correspondieron al transporte de carga. El reporte de un solo mes da una idea de la magnitud anual de este delito, que apunta a superar las 2 mil unidades robadas.

En redes sociales y medios de comunicación es cada vez más frecuente ver grabaciones hechas por los propios automovilistas y operadores del transporte de carga, que muestran la impunidad con la que actúan los delincuentes sin que, curiosamente, aparezcan elementos de las policías estatales o de la Guardia Nacional. Muchos de estos operadores, por desgracia, han sido asesinados. Lo más delicado es que los delincuentes han sumado a sus tropelías la modalidad de los montachoques contra vehículos particulares.

El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer que, durante el primer bimestre de 2023, el robo al autotransporte de carga en las carreteras de México se incrementó 10.8 por ciento con respecto a 2022. Entre las entidades con mayor incidencia figuran el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, todas contempladas en la ruta del Arco Norte.

La concesionaria de la autopista del terror, como ha sido bautizado el Arco Norte por sus temerosos usuarios, es la Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), perteneciente al Grupo Carso del multimillonario Carlos Slim, quien, junto con otras firmas como la española OHL, ICA, Pinfra y GMD, forma parte del grupo de empresas que controlan las carreteras de cuota en el país.

De hecho, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el ahora peligroso Arco Norte fue presentado como una de las grandes obras de infraestructura de su administración. Por ello, en 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó a IDEAL una concesión por 30 años. Se trata de uno de los negocios más rentables de Grupo Carso, debido a su alta afluencia vehicular y a su estratégica interconexión en el centro del país.

De acuerdo con estas concesiones de carreteras, la seguridad y el combate al crimen son responsabilidad de las autoridades locales y, en particular, de la Guardia Nacional, al tratarse de vías federales.  Entre las obligaciones de los concesionarios figuran otorgar un seguro contra daños a terceros y mantener en buenas condiciones la cinta asfáltica y el resto de la infraestructura.

Sin embargo, en el Arco Norte esto dista de cumplirse: además de los numerosos baches a lo largo del trayecto, la vigilancia es prácticamente inexistente. A ello se suma la falta de señal para teléfonos celulares, que convierte a esta autopista en una trampa mortal para automovilistas y transportistas. Y ya ni qué decir de la ausencia de cámaras de seguridad.

Es momento de que las autoridades y los legisladores se pregunten si no ha llegado la hora de modificar las leyes que rigen estas concesiones para que las empresas que operan las carreteras de cuota inviertan parte de los miles de millones de pesos que obtienen anualmente en la instalación de cámaras de seguridad y en la contratación de personal que trabaje de manera coordinada con la hasta ahora ineficaz e insuficiente Guardia Nacional. El objetivo debe ser realizar operativos las 24 horas del día para salvaguardar a quienes pagan por un servicio que no ofrece ni caminos en buen estado ni condiciones mínimas de seguridad.

De nada sirve que autoridades de entidades como Hidalgo salgan a reconocer públicamente ante los medios de comunicación que la zona más peligrosa del Arco Norte se ubica precisamente en Tula de Allende, donde se estima que ocurre el 45 por ciento de los robos registrados en esta vía de comunicación.

A principios de junio pasado, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Salvador Cruz Neri, habló de la implementación de acciones de seguridad en el Arco Norte con el fin de reducir los robos y delitos cometidos contra transportistas y automovilistas. Asimismo, reconoció que esta carretera es utilizada diariamente por su importancia estratégica para el traslado de mercancías en el centro del país.

Durante la reunión de seguridad, el funcionario señaló que las personas presuntamente involucradas en estos delitos provienen de entidades vecinas, principalmente del Estado de México, y operan en coordinación con habitantes de Hidalgo. Asimismo, detalló que el porcentaje restante de los ilícitos se concentra en municipios como Tolcayuca, Atitalaquia, Emiliano Zapata y Villa de Tezontepec, ubicados también a lo largo del corredor carretero.

De acuerdo con los datos expuestos por el funcionario policial, tan solo entre abril y junio pasados los robos al transporte de carga aumentaron 27 por ciento, al pasar de 15 a 19 denuncias en ese periodo. De igual forma, los robos a vehículos particulares también mostraron un incremento, al pasar de 16 a 21 unidades reportadas como sustraídas con violencia.

Las cifras y las denuncias públicas sobre el Arco Norte, mejor conocido como el Arco del Terror, son elocuentes. Resulta inconcebible que, mientras IDEAL y otras compañías concesionarias obtienen miles de millones de pesos al año, no destinen parte de esas ganancias a brindar seguridad a los usuarios que engrosan sus ingresos al pagar altas tarifas en las casetas de peaje. Urge modificar las leyes en la materia para ampliar su responsabilidad en materia de seguridad y proteger a quienes diariamente transitan por esta vía.

Martín Esparza *

* Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas