En una época en la que la fabricación de miedo y amenazas ha alcanzado niveles de sofisticación industrial, no resulta extraño que proliferen encuentros, congresos y cumbres imperiales donde el verdadero producto no sea la seguridad sino la invención de enemigos cuidadosamente administrada. Bajo el ropaje de preocupación estratégica, de la inteligencia preventiva o de la innovación tecnológica aplicada al orden público, se congregan mercaderes de la guerra cognitiva, cuya principal mercancía consiste en modelar percepciones, colonizar imaginarios y convertir la incertidumbre en un recurso político extraordinariamente rentable.
La lógica es sencilla: primero se inventan una amenaza mediante operaciones discursivas persistentes; después se ofrece el antídoto con el respaldo de consultoras, corporaciones militares, plataformas digitales, laboratorios de vigilancia y voceros especializados en dramatizar escenarios cuya consistencia empírica suele ser inversamente proporcional a la intensidad de su difusión mediática. Allí donde los hechos no alcanzan para justificar la expansión de mecanismos de control, la retórica del peligro cumple la función de suplir las evidencias ausentes.
En ese contexto, la invocación de un inexistente “terrorismo de izquierdas” adquiere el perfil de una categoría elástica cuya utilidad política reside precisamente en su vaguedad. No se trata de describir un fenómeno verificable mediante criterios consistentes, sino de disponer de una etiqueta capaz de amalgamar protestas sociales, movimientos sindicales, organizaciones comunitarias, experiencias culturales críticas, reclamos estudiantiles o cualquier forma de disenso que cuestione privilegios consolidados. El procedimiento no es novedoso. A lo largo de la historia, los poderes imperiales han recurrido reiteradamente a la creación de enemigos difusos para justificar políticas de excepción, ampliar presupuestos militares, reforzar sistemas de vigilancia y desplazar la atención pública respecto de las causas estructurales de las desigualdades. Cambian los nombres de las amenazas, pero permanece inalterable la arquitectura del relato: una comunidad supuestamente amenazada necesita aceptar restricciones crecientes en nombre de una protección cuya eficacia rara vez se somete al escrutinio democrático, como Douglas MacArthur. La guerra cognitiva representa un estadio particularmente refinado de esa tradición.
Ya no basta con controlar territorios, recursos naturales o infraestructuras estratégicas; resulta indispensable disputar la administración de las emociones colectivas, de las memorias compartidas y de los horizontes imaginables. El campo de batalla se desplaza hacia la conciencia social, donde algoritmos, campañas de desinformación, segmentación psicológica, propaganda emocional y producción sistemática de incertidumbre configuran un ecosistema destinado a erosionar la capacidad crítica de las sociedades. El ciudadano deja de ser considerado un sujeto de derechos para convertirse en un objetivo conductual susceptible de ser inducido, polarizado o disciplinado mediante estímulos cuidadosamente diseñados.
En semejante escenario, la seguridad deja de significar protección de la dignidad humana y pasa a designar la preservación de estructuras del capitalismo que encuentran en el miedo y la amenaza un instrumento de gobernabilidad dictatorial extraordinariamente eficaz. Las cumbres promovidas por esta industria del miedo suelen presentarse como espacios neutrales de cooperación internacional, cuando en realidad funcionan como vitrinas comerciales donde convergen intereses económicos, doctrinas geopolíticas y tecnologías de control social. Empresas dedicadas al espionaje digital, fabricantes de sistemas biométricos, desarrolladores de inteligencia artificial aplicada a la vigilancia, consultoras especializadas en gestión de riesgos y operadores políticos encuentran allí un ámbito privilegiado para ampliar mercados mediante la amplificación permanente de amenazas. Cuanto más difuso sea el enemigo, mayor será la demanda de soluciones tecnológicas; cuanto más abstracto resulte el peligro, más ilimitada parecerá la necesidad de inversión en dispositivos de control. El negocio depende menos de resolver conflictos que de garantizar su reproducción simbólica.
Desde una perspectiva humanista, semejante arquitectura discursiva merece ser examinada con extremo rigor ético. La seguridad auténtica no florece allí donde se multiplican los dispositivos de sospecha, sino donde se fortalecen la justicia social, la igualdad de oportunidades, el acceso universal a la educación, la salud, la cultura y el trabajo digno. Ninguna sociedad alcanza una paz duradera mediante la estigmatización sistemática de quienes reclaman derechos fundamentales. La criminalización indiscriminada del pensamiento crítico constituye una forma de empobrecimiento democrático que deteriora el tejido cívico y debilita la confianza indispensable para la convivencia plural.
Cuando la discrepancia política comienza a ser descrita con el vocabulario de la guerra, el lenguaje deja de servir al entendimiento y pasa a convertirse en un dispositivo de exclusión. Las falacias imperiales encuentran terreno fértil precisamente allí donde el miedo desplaza a la razón. Se pretende hacer creer que la concentración del poder garantiza libertad; que la vigilancia y el espionaje permanente constituyen una expresión de cuidado; que el silenciamiento del disenso fortalece la democracia; que la expansión ilimitada de los aparatos coercitivos equivale a una inversión en paz. Sin embargo, la experiencia histórica enseña reiteradamente que las sociedades más libres no son aquellas donde la obediencia reemplaza al pensamiento, sino aquellas capaces de proteger simultáneamente la seguridad y los derechos, la convivencia y la crítica, el orden jurídico y la dignidad irreductible de cada persona. Ningún proyecto civilizatorio digno de ese nombre puede fundarse sobre la fabricación industrial de enemigos imaginarios ni sobre la explotación comercial de los temores colectivos.
Frente a los mercaderes de la guerra cognitiva, la respuesta más fecunda no consiste en reproducir la lógica de la confrontación permanente, sino en afirmar una cultura política sustentada en el pensamiento crítico, el diálogo intercultural, la cooperación solidaria y el respeto irrestricto por los derechos humanos: organización popular con planes de lucha emancipadores. Defender la verdad frente a la manipulación, la memoria frente al olvido interesado, la justicia frente a la arbitrariedad y la esperanza frente al negocio del miedo constituye una tarea profundamente emancipadora. Allí donde algunos pretenden convertir la conciencia en un mercado y la incertidumbre en una fuente inagotable de ganancias, el humanismo de nuevo género recuerda que ninguna tecnología, ninguna doctrina geopolítica y ninguna estrategia comunicacional puede sustituir la fuerza ética de una ciudadanía capaz de pensar con autonomía, deliberar con responsabilidad y reconocer en la dignidad del otro el fundamento irrenunciable de toda comunidad verdaderamente democrática.
Fernando Buen Abad Domínguez*
*Doctor en filosofía
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