Cascos azules, violencia y elecciones en Mali

Cascos azules, violencia y elecciones en Mali

La Habana, Cuba. La Misión de la ONU en Mali resulta la fuerza de paz que más peligro corre en África e incluso es la más arriesgada en la historia de esos contingentes, coinciden entidades y medios de prensa.

Su denominación completa es Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Mali (Minusma) y llegó al país respaldada por el Consejo de Seguridad según la resolución 2100 (S/RES/2100) para apoyar los procesos políticos y realizar una serie de tareas relacionadas con la estabilidad.

Esa fuerza se estableció en abril de 2013 en el país del Sahel para respaldar la autoridad central afectada desde 2012, cuando un grupo de militares dio un golpe de Estado contra el presidente Amadou Toumani Touré, a quien consideraban ineficiente para detener la ofensiva de los movimientos separatistas tuareg en la región norteña.

Desde entonces, Mali atravesó por un proceso muy complejo para restablecer las instituciones y recuperar sus fuentes de legitimidad. Hay que reiterar que eso fue consecuencia de la guerra desatada en Libia por la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra el líder Muamar Gadafi, asesinado en diciembre de 2011.

Además del desequilibrio libio, una de las secuelas de la campaña contra Gadafi fue el levantamiento separatista tuareg en la región septentrional de Mali, al cual se vincularon grupos extremistas de confesión islámica, que a la postre secuestraron la sublevación y establecieron su modus operandi rigorista.

Esa desviación hacia la opción integrista avanzó hasta que la enfrentó la operación franco-africana Serval.

El 17 de enero de 2012, guerrilleros tuareg atacaron posiciones del gobierno maliense y al día siguiente enfrentaron a los militares en Aguelhok y Tessalit, cerca de la frontera argelina, y luego reforzaron sus acciones, que algunos analistas consideraron que incluía una gran ofensiva hacia el Sur, es decir, con dirección a la capital, Bamako.

Los medios de prensa vincularon ese levantamiento armado con un efecto colateral de la guerra contra Libia, e incluso indicaron cierta semejanza con el caos generado en ese país con la intervención armada de potencias occidentales y naciones afines contra el gobierno de Gadafi.

En concreto, la Serval tuvo entre sus objetivos erradicar los destacamentos armados fundamentalistas y disuadir todo intento de avanzar hacia Bamako, así como desarticular cualquier auge del integrismo (que se percibe como más peligroso que el ideal secesionista tuareg centrado en el territorio que denominan Azawad).

El reclamo tuareg de la región de Azawad se refiere a una zona relacionada con cuatro países: Argelia, Libia, Níger y Mali. Es un territorio de 850 mil kilómetros cuadrados, y por una parte deviene en un asunto de soberanía y por la otra en una demanda tendiente a crear fricción entre los Estados del Sahel.

La operación militar franco-africana (2013-2014) dispersó los destacamentos integristas, mientras que la guerrilla tuareg y las autoridades de Bamako trataban de echar a andar un proceso de paz y es en ese contexto en que se establece la Minusma.

Actualmente, la Minusma se enfrenta a un contexto de deterioro de la seguridad en las regiones centrales de Mali y cuando restan pocos meses para las elecciones presidenciales, Naciones Unidas se plantea reconsiderar la configuración de la presencia de esa Misión, que cuenta con más 11 mil efectivos, unos 10 mil de ellos soldados.

Escalada de violencia

En toda esa superposición de escenarios bélicos estuvo la Minusma, ahora blanco de ataques de facciones que sobrevivieron a la operación Serval y de formaciones terroristas novedosas como el Frente de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (Jamaat Nusrat Al Islam wa Al Muslimin), del fundamentalista maliense Iyad Ag Ghali.

Según el informe más reciente del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre Mali, en el transcurso del pasado año la situación de seguridad empeoró y los ataques contra la Minusma aumentaron, al igual que contra las fuerzas de defensa del país.

Desde 2013 hasta la fecha perecieron 155 cascos azules en ese Estado de la franja del Sahel, en África occidental, conforme medios de prensa.

No obstante, se anunciaron para este semestre las elecciones presidenciales en el país saheliano, sobre lo cual analistas políticos opinan que lo primero necesario para una consulta tan importante es un ámbito seguro, a fin de avanzar en un ejercicio transparente y democrático.

Si bien la construcción de las instituciones es parte del contenido al que debe colaborar la Misión de la ONU en Mali, la interrogante es si esa formación de cascos azules y las demás fuerzas de seguridad están en condiciones de garantizar desde ahora el éxito del proceso electoral.

Jean-Pierre Lacroix, jefe de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, manifestó durante una reunión del Consejo de Seguridad que las próximas elecciones presidenciales en Mali significarán el inicio de un nuevo capítulo en la estabilización de ese país.

Sin embargo, la pregunta persiste, principalmente porque el país lo requiere para progresar no sólo en su proceso de pacificación, sino también en cuanto a reconciliación nacional, un aspecto que en cierta medida determinó el inicio del proceso de paz en 2015 y que aún no funciona a plenitud.

Los ataques terroristas afectan hoy principalmente a las regiones central y septentrional de Mali, porque aunque los extremistas fueron en teoría expulsados de sus posiciones en enero de 2013, en realidad permanecen operando en extensas áreas del país que escapan al control estatal.

El general Jean-Paul Deconinck, jefe militar de la Minusma desde abril pasado, reconoció que en 2017 enfrentaron la pérdida de 37 hombres, lo cual calificó de enorme y declaró al diario Le Fígaro que “nuestro esfuerzo consiste en reducir este número de pérdidas presionando el equipo y remodelando la fuerza”.

Comicios en ciernes

Conforme con Lacroix, lo que ocurre en Mali es “una carrera contra el tiempo”, una creciente inseguridad cobrando cientos de vidas civiles, la erosión de los derechos ciudadanos y el agravamiento de la situación humanitaria.

De acuerdo con estimados al respecto, 4.1 millones de malienses (22 por ciento de la población), posiblemente enfrenten inseguridad alimentaria en 2018.

No se descarta que el porcentaje de necesitados alcance entre 30 y 40 por ciento de la población en el norte y el centro del país, y refiriéndose a todo ese panorama de dificultades Lacroix precisó que el objetivo de la Minusma es crear condiciones para las elecciones y, en el futuro, para el proceso de paz.

Pese a esas adversidades, Mali se prepara para realizar este año elecciones presidenciales y legislativas; en la primera de esas consultas no se descarta la presencia como candidato del actual mandatario, Ibrahim Boubacar Keita, y tal vez también se postule el exprimer ministro, Abdulaye Idrisa Maiga.

Esas son connotadas figuras del periodo de transición maliense, iniciado con las elecciones de 2013, que sucedieron al golpe militar de 2012.

El presidente Keita, electo en agosto de 2013 por 5 años, será probablemente candidato en la consulta prevista para el mes de julio, y es seguro que mientras articule su campaña electoral también hará planes para lograr un mejor control donde la inseguridad amenace a la institucionalidad.

Julio Morejón/Prensa Latina

[OPINIÓN]

 

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