Tres empresas farmacéuticas que en la administración de Enrique Peña Nieto vendieron al gobierno federal el 62.4 por ciento de medicinas y materiales de curación han sido vetadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para impedir que vuelvan a participar en licitaciones públicas en ese sector por lo menos en 2019 ante la presunción de la obtención de contratos gubernamentales mediante sobornos.

El anuncio hecho por el presidente de la República el 8 de abril precisa que las tres empresas –Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Maypo– vendieron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social 34 mil 280 millones de pesos sólo en 2018.

Sin embargo, en la conferencia matutina donde hizo el anuncio, el presidente omitió mencionar a otras entidades de gobierno que también tienen negocios con medicamentos y equipo a través de las empresas sancionadas, como son la Secretaría de Salud, los hospitales de las Fuerzas Armadas, Petróleos Mexicanos y hasta la Secretaría del Trabajo. Por lo tanto, el monto de dinero público destinado a las tres farmacéuticas vetadas es mucho mayor.

Sería importante también que se explicara si la adjudicación de contratos fue por licitación o por excepción de la ley (asignación directa); además, se debe investigar a todos los funcionarios del sector salud y de los órganos de control que participaron en los comités de aprobación, pues éstos son responsables de beneficiar con dichas adquisiciones a las tres empresas y, en consecuencia, podrían estar involucrados en actos de corrupción.

En esta columna escribimos el 29 de agosto de 2018 que en las áreas responsables de la asignación de contratos de obras, bienes y servicios (incluidos los del sector salud) en las Fuerzas Armadas se estaban cobrando comisiones y recibiendo sobornos en los últimos meses del gobierno anterior.

En esa ocasión describimos un caso que involucra a Dimesa –una de las empresas mencionadas por López Obrador– en actos irregulares con el Hospital Central Militar de la Sedena.

La historia es la siguiente:

El 24 de julio de 2018 a las 8:40 de la mañana, en el vestidor de hombres anexo al área de quirófanos del Hospital Central Militar (HCM), el médico anestesiólogo Enrique Villavicencio, de la empresa Dimesa (Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, SA), fue sorprendido drogándose con el narcótico de fentanilo, que se utiliza para anestesia y que tiene una potencia superior a la morfina.

En esa ocasión, directivos del hospital confirmaron que el médico Villavicencio era el responsable de aplicar la anestesia a soldados atendidos en el hospital militar, razón por la cual el doctor fue despedido de inmediato; sin embargo, nunca se elaboró reporte alguno por parte del Departamento de Anestesiología del HCM y sólo se dejó a la empresa privada Dimesa que decidiera sobre la anomalía que puso en riesgo la vida de militares internados en ese nosocomio.

De ese caso fue enterado el general José Luis Ojeda Delgado, director general de Sanidad Militar, quien además es el médico cardiólogo de cabecera de quien fuera secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien decidió guardar silencio ante tal irregularidad.

En dicha queja que llegó hasta el general Ojeda Delgado y cuya copia está en poder de Contralínea, se especifica que el anestesiólogo despedido había sido contratado por Dimesa, empresa a la que le adjudicaron un contrato de 1 año, por 102 millones 286 mil 715 pesos para proporcionar el “servicio para la especialidad de anestesiología del Hospital Central Militar”.

Para entender como se lleva a cabo la corrupción entre proveedores farmacéuticos y las áreas de gobierno, un ejemplo fue la compra de medicamentos y equipo en la Sedena mediante la licitación pública electrónica número 007000999-E479-2018, convocada el 17 de marzo de 2018 y que en una primera revisión se declaró desierta.

Posteriormente, Oficialía Mayor de esa Secretaría continuó con el proceso, pero ya sin convocar a una nueva licitación, y sólo emitió una solicitud de cotización mediante el oficio No-RM-57-III-08746, con fecha 6 de junio de 2018, y sólo 5 días después informó que “aceptó la mejor propuesta”, sin que nadie supiera como lo hizo porque no transparentó dicho proceso de adquisición.

Al investigar el hecho con otros proveedores, se supo que el otorgamiento del fallo se dio bajo el argumento de que “el proveedor cumplía con los requisitos establecidos por el HCM-SEDENA”.

Pero nunca se tomó en cuenta que el contrato de Sedena establece que es motivo de recisión “la falta de alguno de los anestesiólogos o del team (equipo) operativo en una operación a un paciente que requiere anestesia”. Y en este supuesto estaría el médico de Dimesa despedido, por lo que la empresa ganadora debió ser excluida de inmediato, pero no fue así.

El documento de queja agrega que apenas 2 semanas antes de iniciar la licitación, Dimesa reclutaba muy activamente a médicos que ya trabajaban para otras empresas que proporcionan el mismo servicio, lo que revela que al momento de presentar su propuesta no contaba con los recursos humanos suficientes para cumplir con los requisitos; sin embargo, estaba muy bien recomendada por algún general en buena posición de poder que le permitió que le asignaran el contrato del servicio de anestesiología que requiere el Hospital Central Militar.

A pesar de las deficiencias mencionadas, Oficialía Mayor de Sedena dio por buena la propuesta de Dimesa y le adjudicó el millonario contrato, lo que causó malestar entre personal de Anestesiología por el riesgo que implica tener una adecuada atención a los militares que lo necesiten.

En la misma queja que llegó hasta la Dirección del Hospital Militar, se explica que al momento de iniciar el servicio de anestesiología, el 1 de julio, había escases de personal y falta de equipo, pues para la operación de esa área se requiere de tres médicos anestesiólogos, cuatro auxiliares de anestesia, colchones térmicos y sus respectivas bombas, y mangueras de oxígeno para habilitar equipos de anestesia, pero en ese momento no había ni la mitad de pesonal ni parte del equipo necesario.

Dimesa confirmó el despido del anestesiólogo adicto al fentanilo

En una misiva, la empresa Dimesa confirmó en aquel momento el despido del médico Enrique Villavicencio, y aprovechó para decir que esa compañía “tiene personal capacitado y certificado, cumpliendo con estándares de calidad.

“Durante más de 10 años, DIMESA ha colaborado con dependencias e instituciones del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y otras instancias de la administración de los tres niveles de gobierno, con base en el Código de Ética que regula a la Industria Farmacéutica mexicana y la promoción de los valores que rigen la Compañía: Humildad, Honestidad, Responsabilidad, Empuje y Respeto a la Persona con Justicia.

 “En referencia a la conducta inapropiada que realizó la persona que se menciona en el contenido de la publicación, queremos enfatizar que DIMESA lamenta el incidente y ofrece una disculpa por el agravio al buen nombre del Hospital Central Militar. El colaborador, médico responsable del Servicio Integral de Anestesia (SIA), fue despedido inmediatamente y, desde la fecha en la que sucedió el incidente, estamos apoyando a las autoridades para deslindar responsabilidades.

 “Es importante enfatizar que con relación al proceso de Licitación Pública Nacional No. 007000999-E479-218, DIMESA presentó y cumplió con los procedimientos exigidos por la Ley aplicable en la materia para participación en dicho concurso; el expediente se encuentra bajo resguardo del área responsable en dicho nosocomio…”

Aunque Dimesa asegura en esa carta los buenos oficios que tiene para cumplir su código de ética, el presidente de la República ya decidió vetar a esa compañía farmacéutica por sus malas prácticas en la venta de bienes y servicios a todo el gobierno federal.

Miguel Badillo

[OFICIO DE PAPEL] [DESTACADO] [SEMANA] [COLUMNA]