“Las organizaciones mexicanas del narcotráfico representan la mayor amenaza para Estados Unidos”. Es la más reciente conclusión de la DEA (la Administración para el Control de Drogas del gobierno estadunidense). Quedó plasmada en su Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas, publicada en octubre pasado.

Tal consigna es el punto de arranque de un nuevo estudio del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos: Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations (México: Crimen Organizado y Cárteles del Narcotráfico). El documento está fechado el pasado 3 de julio, 2 días después de las elecciones.

El informe no deja pasar el hecho: “El 1 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales por hasta 30 puntos sobre el próximo contendiente. Dirige un nuevo partido, Morena [Movimiento Regeneración Nacional…] y proviene de un punto de vista ideológico izquierdista. López Obrador hizo campaña centrada en el combate a la corrupción y en encontrar nuevas formas de lucha contra el crimen y el tráfico ilícito de drogas”.

En el texto, firmado por June S Beittel, se señala que los cárteles mexicanos trafican heroína, metanfetaminas, cocaína, marihuana y “cada vez más el poderoso fentanilo, un  opioide sintético”. Pero también lavan dinero y cometen otros crímenes violentos.

En Estados Unidos controlan todo el mercado y han logrado que el consumo de opioides aumentara en 2016 a un nivel récord. En México han diversificado su industria hacia la extorsión, el secuestro y el robo de petróleo, que le cuesta a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), más de 1 mil millones de dólares cada año.

Los Cárteles de México no son los mismos que los de 2006, cuando Felipe Calderón declaró la “guerra” contra las drogas. Ni siquiera son los mismos que a principios del sexenio actual, de Enrique Peña Nieto. El panorama del narcotráfico en México se ha complicado.

El documento explica que en 2006 había cuatro cárteles dominantes: la Organización Tijuana (los Arellano Félix); el Cártel de Sinaloa; la Organización Juárez (Vicente Carillo Fuentes) y el Cártel del Golfo.

Al finalizar el calderonismo había siete organizaciones predominantes: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, la Organización Tijuana, el Cártel de Juárez, los Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo y la Familia Michoacana.

A mitad del presente sexenio eran nueve. Los nuevos eran los Caballeros Templarios y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Hoy se contabilizan 20 grandes organizaciones (con decenas de células y pandillas cada una). Están en proceso de cambio y fragmentación. Destaca el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que se separó del Cártel de Sinaloa en 2010, “y que ha buscado dominar con técnicas brutalmente violentas”.

Sin ninguna crítica a la política impuesta a México por Estados Unidos –que sólo ha fortalecido a los criminales y ha sumido al país en la peor crisis de seguridad de su historia–, el documento señala que Enrique Peña Nieto “se ha enfrentado a una situación delictiva cada vez más compleja que ha provocado un aumento de la violencia. En 2017, México alcanzó su mayor número de homicidios intencionales totales en 1 año”. Incluso recuerda que en el período electoral pasado, que se abrió en septiembre de 2017 y se extendió hasta el 2 de julio de 2018, 114 candidatos y políticos fueron asesinados por el crimen organizado.

Las conclusiones del documento son demoledoras para la política seguida por ambos países: “El presidente Peña Nieto no logró reducir el alcance de los militares en su función de policía doméstica. En cambio, el Ejército Mexicano ha sido acusado de cometer ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos”.

Además, a 6 años de regreso del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia, “algunas ciudades han experimentado un desplazamiento grave; a menudo se les describe como pueblos fantasmas. Incluyen pueblos cercanos a la frontera con Texas en los estados de Coahuila y Tamaulipas; y en el corazón del Triángulo Dorado de cultivo de drogas, especialmente en el estado de Sinaloa”.

El documento del Congreso estadunidense recomienda a México impulsar una reforma institucional a largo plazo “para reemplazar una cultura de la ilegalidad y la corrupción por una de estado de derecho y respeto por la autoridad legal”.

Lo que ambos países harán de ahora en adelante es incierto: “Las perspectivas de fortalecer la cooperación de seguridad entre Estados Unidos y México, incluido el futuro de la Iniciativa Mérida, siguen sin estar claras. La nueva administración en México puede estar menos dispuesta a adaptarse a los enfoques cambiantes del gobierno estadunidense. Y podría exigir cambios en la relación bilateral o no cooperar a menos que se la trate como un socio respetado”. Ah, caray, ¿o sea que hasta este momento no nos respetan? Sólo es una pregunta…

Fragmentos

Vaya manera del equipo lopezobradorista de intentar un “acercamiento” con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El desparpajo no sólo es a causa de la ignorancia. También, de la soberbia. ¿A poco creían que los zapatistas (y con ellos los pueblos del Congreso Nacional Indígena) estaban ansiosos de que los llamara la nueva elite política? Si Solalinde al menos hubiera sabido que para ellos el respeto a la palabra es fundamental, no habría mentido. Y si supiera qué es el “mandar obedeciendo”, tendría claro que cualquier disposición zapatista no es decidida unilateralmente por la dirigencia. Vale recordar en estos tiempos que la Revolución de Madero no fue la de Zapata, como tampoco la Constitucionalista fue la del propio Zapata, Villa y los Flores Magón. Éstas van por otras vías y otros objetivos.

Zósimo Camacho

[OPINIÓN][COLUMNA][ZONA CERO][SEMANA][D]