En los últimos meses hemos sido testigos de la aguda crisis que enfrenta el deporte en México por culpa de directivos que, sin experiencia alguna, han dirigido la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); así como de la mafia que abusa de los recursos públicos que año tras año se entrega a las federaciones responsables de cada actividad deportiva.

Ese desorden en la estructura del deporte nacional es el motivo por el cual México nunca ha podido estar por lo menos cerca de los primeros lugares de un medallero olímpico o, por lo menos, en competencias como los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, en donde el país apenas pudo alcanzar la sexta posición, abajo de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Cuba y hasta Colombia. Es decir, un permanente fracaso deportivo, igual como ocurre en las esferas de la política, la democracia, la libertad y la justicia, y ya ni hablemos de la economía o la seguridad, que también presenta severos problemas.

Sin embargo, por ahora estamos más que de acuerdo con el responsable de la Conade, Alfredo Castillo –quien fuera comisionado en Michoacán, en donde dejó pendientes y problemas sin solución–, cuando exige auditar a las federaciones deportivas corruptas que nunca han comprobado el gasto público que reciben de miles de millones de pesos que año con año se destinan al deporte. Por supuesto que esas organizaciones mafiosas se corrompieron desde la época en que Mario Vázquez Raña era el mandamás del deporte olímpico en México y todos se aprovechaban de esos recursos; pero es momento de poner un alto a esa corrupción y, por primera vez, transparentar esos fondos públicos, informar a dónde han ido a parar y sancionar a quienes los han desviado.

Es tan grave la corrupción encontrada en federaciones e institutos del deporte nacional que en sólo 6 meses al frente de la Conade, Castillo solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Alberto Bazbaz, y de la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular es Virgilio Andrade, para realizar revisiones especiales a los órganos del deporte en México, así como investigaciones financieras y fiscales a sus dirigentes, pues de los 3 mil 500 millones de pesos que el Congreso de la Unión asignó en 2015 a la Conade, el 75 por ciento (2 mil 625 millones) se destina a subsidios de federaciones y ya se han descubierto gastos por cientos de millones de pesos sin comprobar. Un robo total.

Otros datos aportados por la Conade revelan que al arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto se destinaba un presupuesto anual de 7 mil millones de pesos para la promoción del deporte mexicano, de los cuales 3 mil 500 millones, es decir, un escandaloso 50 por ciento, era entregado a los diputados para campaña en sus regiones de origen, por lo cual nunca se comprobó lo que hicieron con dichos recursos que, además de ser utilizados políticamente, gran parte de ellos fueron a parar a cuentas bancarias de particulares y a los bolsillos de políticos corruptos.

Ante tales irregularidades, la Conade afirma que decidió aplicar cero presupuesto a federaciones, institutos e instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hasta que justifiquen los cuantiosos gastos de las partidas presupuestales asignadas.

En el caso de la UNAM, institución que durante los 8 años en que José Narro Robles ocupó la Rectoría no generó deportistas de alto rendimiento, fue la misma Contraloría de esa máxima casa de estudios del país la que descubrió malos manejos en su Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (Dgadyr) con el presupuesto de 20.7 millones de pesos que la Conade le entregó con motivo de la Olimpiada Nacional 2014. De esta corrupción se ha dado un puntual seguimiento en Oficio de papel.

Por lo tanto, si Alfredo Castillo exige rendición de cuentas, transparencia y sanción a todos aquellos directivos y federativos que se han aprovechado del presupuesto público destinado al deporte nacional, también debe ser congruente y actuar con rigor en contra de los funcionarios que, coludidos con el director general de la Dgadyr de la UNAM, Severino Rubio Domínguez, autorizaron desvíos de recursos públicos.

Castillo ha sido insistente en acusar a presidentes de distintas federaciones del deporte, pero nada dice del mal manejo de recursos públicos federales que hizo la Universidad Nacional y que avaló y perdonó la misma Conade, corrupción que debe sancionarse con inhabilitaciones y, quien lo amerite, hasta con cárcel, además del despido que en el caso de la UNAM ya se hizo de algunos funcionarios, como el mismo Severino Rubio Domínguez, quien por instrucciones del nuevo rector fue renunciado de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas.

A ver qué dice Alfredo Castillo del informe DGRIRP/DERE/01/2015 que hizo la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial de la Contraloría de la UNAM, en donde en su página 33 denuncia la corrupción en que incurrieron la Conade y el área deportiva de la UNAM:

“Con motivo de la reunión de presentación del Informe preliminar realizada el 8 de abril de 2015, el titular de la Dgadyr [Severino Rubio] mediante oficio DGAD/274/2015 de fecha 20 de abril de 2015, informó que una vez concluida la Olimpiada Nacional [3 de junio de 2014] sobró un remanente de los recursos otorgados, a esta casa de estudios, sin embargo, es de resaltar que tal situación generaría un problema tanto para la Conade como para esta Universidad en cuanto a la devolución de los recursos.

“Por tal motivo se le planteó a la Conade hacer uso de esos recursos en la adquisición de uniformes y maletas para los voluntarios que pertenecen a la comunidad universitaria y que apoyaron en la logística de la Olimpiada Nacional, así como en diversos servicios de hospedaje y alimentación ya referidos en el Anexo 5, obteniendo una respuesta favorable por parte de la Conade.

“Como soporte documental, la Dgadyr presentó el oficio DGAD/081/2014 de fecha 30 de enero de 2015, mediante el cual efectuaron la solicitud de autorización de gastos solamente de lo referente a la compra de pants y morrales, pero no de los gastos correspondientes al hospedaje y alimentación del equipo representativo de baloncesto ni de la comida del equipo de futbol americano. Sin acreditar documentalmente la respuesta de la Conade, por lo que persiste la observación.”

Concluye dicho informe de 34 páginas que la Universidad no acreditó documentalmente la supuesta autorización de la Conade respecto de los “gastos ajenos al objeto del patrocinio”, por lo que de no hacerlo “deberán reintegrar los recursos aplicados a dichos conceptos por 829 mil 232.98 pesos”. Que Castillo explique esto al mismo tiempo que acusar por corrupción a las federaciones deportivas.

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Contralínea 467 / del 14 al 12 de Diciembre 2015