Las libertades de “libre examen y discusión de las ideas… difundir opiniones, información” (Artículos: 3, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), son derechos constitucionales enmarcados en el periodismo de investigación para su máxima publicidad, y son objeto de censuras e inquisiciones administrativas y, ante todo, judiciales al estilo del presidencialismo del troglodita Antonio López de Santa Anna. Es la insistencia del poder presidencial en querer no solamente limitar sino, con amenazas cumplidas, silenciar y cancelar esos derechos de las libertades para, pues, informar, criticar y opinar sobre actos, hechos y declaraciones de los gobernantes en su calidad de funcionarios, así como también de todos aquellos actores del llamado sector privado, que intervienen en el escenario de lo público con sus acciones, declaraciones y relaciones con todas las actividades objeto de la información.
Álvaro Cepeda Neri
No tienen excusa ni justificación unos y otros, buscando ser intocables ante la opinión pública, cuanto que a ésta le interesa y necesita que las libertades de prensa penetren esos dos mundos de la sociedad. Y deben combatirse las intromisiones gubernamentales y las resoluciones judiciales que tratan o logran establecer cotos infranqueables al periodismo de investigación. De igual manera, debemos ejercer nuestro derecho a criticar y pedir a los funcionarios que saquen las manos del ejercicio de esos derechos; cuando esto no suceda criticarlos duramente y de ser necesario denunciarlos ante todas las instancias nacionales e internacionales.
Es así que se ha escenificado la más reciente embestida por parte de uno de esos personajes que creen ser intocables por la prensa. Resulta que el investigador y periodista Sergio Aguayo se mostró interesado en un hecho de barbarie en Coahuila, donde reinan los Moreira con su despotismo, cuyas actividades pú-bli-cas y actos de prepotencia son harto conocidos por los mexicanos; mismas que llevan a cabo tranquilamente con la seguridad de que están protegidos por el peñismo y la impunidad del sistema. Es tal el abuso del poder, que uno de esos Moreira decidió demandar a Sergio Aguayo porque éste opinó que despide un tufo a corrupción, el perfume de la fosa séptica donde la clase gobernante cruza ese pantano y se embarra.
La otra embestida es la que ha llevado a cabo un empresario contra Carmen Aristegui, buscando que un tribunal lo autorice a censurar el prólogo del libro: La casa blanca. Ambos aberrantes hechos son conductas inquisitoriales sacadas de la época de Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, pues tal era el nombre completo del tirano nacido en Jalapa el 21 de febrero de 1794, muerto en la Ciudad de México el 21 de junio de 1876; y quien fue presidente de México en once ocasiones, instaurado como dictador vitalicio, haciéndose dar el tratamiento de alteza serenísima.
Ese Santa Anna ejecutó las mismas actitudes antidemocráticas y antirrepublicanas que tuvo Enrique Peña Nieto contra la periodista Carmen Aristegui en la actualidad. Su alteza serenísima cerraba periódicos y hasta prometía dar “mil patadas” a los periodistas que lo criticaban (Guillermo Prieto: Memorias de mis tiempos). Ese es el santa-annismo que se ha vuelto a reproducir con las embestidas de Peña, Vargas y Moreira contra el ejercicio del periodismo veraz y combativo de Carmen Aristegui y Sergio Aguayo. En esos ataques han centrado sus baterías los tiranos de hoy; y en lugar de garantizar el derecho a la información que les obliga la Constitución, el funcionario y el empresario organizaron una rebelión para interrumpir su observancia, como lo establece nuestra Ley Fundamental en su Artículo 136. Así han empezado a celebrar el cumpleaños del centenario constitucional.
Álvaro Cepeda Neri
Defensor del periodista
Contralínea 502 / del 22 al 27 de Agosto 2016
