Ya está en la basura la propuesta demagógica de Calderón de poner un policía a cada reportero y a cada uno de los mexicanos que ejercen los derechos constitucionales, sintetizados en la libertad democrática-republicana para publicar en la prensa escrita; para difundir, comentar, en los medios audiovisuales y en la radio, como a través del internet, toda clase de información, y para cuestionar los actos de los protagonistas de la vida pública, así sean del sector privado que inciden en lo público y más cuando se trata de funcionarios y políticos. Las libertades de prensa en esos términos son (como fueron desde siempre en cuanto se conquistaron) el pivote de la democracia, del buen gobierno republicano y de las políticas económicas, ya que sin el periodismo en todas sus manifestaciones, el Estado y su gobierno (éste dentro del esquema de su división y separación) se convertirían absolutamente en autocracias contra la sociedad. Si ya de por sí el “poder se corrompe” y tiende al autoritarismo, sin el periodismo que informa y que cuestiona, ese poder “se corrompería absolutamente”, como perfiló Lord Acton.
En nuestro país, el calderonismo no ha querido ejercer una política económica para gobernar en beneficio del pueblo, como manda la Constitución, y no ha podido mantener la paz pública ante las embestidas de los cárteles del narcotráfico y las delincuencias a las que, con o sin ironía, se les califica de “organizadas”. Y que están organizando, a sangre y fuego, un auténtico desafío a las instituciones, mientras soldados y policías federales no saben qué frente atender, ya que los sicarios mantienen una guerra de guerrillas por todo el territorio. Para cubrir esa información, los periodistas, sobre todo los reporteros, padecen toda clase de agresiones, e incluso secuestros y homicidios por parte de los delincuentes. Y también de los funcionarios que pisotean todos los derechos humanos.
Ante eso, Calderón y sus empleados (el titular de Gobernación, el de la Procuraduría General de la República, etcétera) han propuesto que los periodistas sean “protegidos por policías”. Es una estupidez. Esto sólo sería viable si cada uno de los más de 100 millones de mexicanos tuviera esa clase de protección. Son todos los mexicanos los que, como los reporteros, están en medio del vendaval sanguinario de las delincuencias. Y del fuego militar y policiaco. La “perturbación grave de la paz pública” tiene a todos los mexicanos como sociedad, periodistas o no, en gravísimos peligros que llegan a hechos consumados. Necesitamos todos que se restablezca la seguridad social y que los delincuentes que interrumpan el orden constitucional, como la paz pública, sean sometidos al imperio de la ley.
No se trata de privilegiar a los periodistas, acompañándolos de un policía. Se trata de restaurar la seguridad y desterrar las amenazas cumplidas, la zozobra y el miedo que generan los narcotraficantes. Y obligar a los funcionarios a cumplir con la Constitución y sus leyes en toda la Federación, para que respeten el ejercicio del periodismo que ha de informar y criticar. No son los periodistas los únicos expuestos a la actual inseguridad: son todos los mexicanos. Por ningún concepto ha de aceptarse la vigilancia personalizada a los reporteros ni a cualquier otro periodista. Exigimos a los gobernadores, presidentes municipales y al gobierno federal que cumplan con su obligación de garantizar la paz pública. Algo está fallando (por eso la imputación de calderonismo fallido) en la manera de combatir a los delincuentes, ya que los “daños colaterales” de Calderón para justificar su estrategia son mexicanos asesinados por sicarios y soldados.
Los periodistas necesitan que la nación vuelva a tener seguridad al máximo para llevar a cabo las tareas de la prensa en todas sus modalidades. No necesitamos un policía para cada periodista ni para cada uno de los 100 millones de mexicanos (los ricos y los funcionarios tienen sus sistemas de seguridad). La sociedad pide la implantación de la seguridad en todo el país. Y no un policía para cada periodista.
